Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el lunes 23 de abril de 2018
P. Rico-Representantes del PPD hacen llamado al gobernador para que convoque a frente común contra la Junta de Control Fiscal
San Juan, 23 abr (INS).- Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) Rafael “Tatito” Hernández Montañez, Luis Vega Ramos, José “Conny” Varela, y Luis Ortiz Lugo hicieron un llamado al gobernador Ricardo Rosselló Nevares para que convoque a un frente común contra la Junta de Control Fiscal, y reclamar al Congreso federal “un proceso vinculante de autodeterminación que no nos divida”.
Señalaron que “el principal activo de un país, de un Estado de la Unión o de cualquier tipo de jurisdicción es la estabilidad política. El ambiente negativo y de falta de resultados que ha traído la Junta de Control Fiscal se distancia de las metas que se aspiraban alcanzar cuando hace casi dos años se aprobó la Ley Promesa”.
Añadieron que “la Junta se creó para restablecer el acceso a los mercados de capital, establecer un marco legal para poder reestructurar la deuda y comunicar la realidad de las finanzas en un proceso transparente donde se rendiría cuentas mediante informes trimestrales de ingresos, gastos y flujo de caja del aparato gubernamental. Aspiración hasta ahora malograda”.
En conferencia de prensa en el Capitolio, los representantes hicieron un desglose de varios incumplimientos de la Junta de Control Fiscal con los cuales se aspiraba al momento de la aprobación de Promesa:
Una de las mayores críticas al gobierno puertorriqueño en el proceso de aprobación de la ley Promesa era el reclamo de los estados financieros AF2014. La Junta llegó en el 2016: ¿Dónde están los estados financieros del 2015 y 2016? ¿Cuál fue el resultados del año fiscal 2017 y de los sobre casi 10 meses de 2018? ¿Qué ha hecho la Junta para que documentos tan importantes estén disponibles?
La Junta está obligada a publicar las inconsistencias de los presupuestos certificados, ¿cuáles son los actuales? ¿Se le notificó al gobernador, a la legislatura, al pueblo?
Si la Junta es el intermediario entre los gobiernos de Puerto Rico y de EEUU, ¿qué gestión realizó para apoyar a la necesitad después del paso de los huracanes Irma y María? ¿Qué acciones tomó para respaldar la solicitud de fondos para la recuperación? ¿Qué ha hecho para que el Tesoro nos desembolse el préstamo para mitigar la pérdida de recaudos tras el paso de los huracanes?
La Junta tiene un plan trazado para cumplir con su mandato de ley. ¿Dónde está el informe anual con los logros alcanzados? ¿Cuánto gastó para lograrlo? Hoy son más las preguntas que las respuestas y el resultado hasta ahora ha sido uno fallido.
“La imposición de Promesa, acompañada de la falta de consentimiento de los electores de Puerto Rico, representa un atentado contra los principios de gobierno por consentimiento. Además, violenta los más básicos principios democráticos que irónicamente dieron origen a los Estados Unidos, y que son utilizados por el gobierno Federal para condenar e intervenir en otros países”, apuntaron.
A su entender, “tenemos que dejar a un lado nuestras diferencia ideológicas y exigir unidos al Congreso federal simultáneamente un proceso vinculante de autodeterminación”, sentenció Hernández Montañez.
“A casi dos años de su aprobación, la Junta de Supervisión Fiscal no sólo ha materializado el carácter antidemocrático que habíamos anticipado, sino que también ha dramatizado el fracaso en el deber ministerial para la que fue creada: lograr la pronta recuperación de Puerto Rico”, sostuvo el legislador.
Agregó que “es inaceptable que la implementación de Promesa le cueste a las arcas gubernamentales sobre 60 millones de dólares anuales, mientras pretende imponer condiciones que van en detrimento de la calidad de vida de los puertorriqueños. Como si esto fuera poco, no ha adelantado un paso hacia la recuperación y rehabilitación fiscal de Puerto Rico”.
Mientras, Varela hizo un emplazamiento “al gobernador, a la mayoría de Partido Nuevo Progresista (PNP), la minoría del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), a los alcaldes de ambos partidos, organizaciones comerciales, gremios, líderes eclesiásticos y al pueblo en general a respaldar la Resolución Concurrente 71 presentada en la Cámara expresando el total y absoluto rechazo de la asamblea legislativa a la aprobación e implementación de la ley Promesa”.
“La verdad incuestionable es que Promesa, lejos de atender la situación fiscal que estaba llamada a resolver, la ha incrementado, afectando la calidad de vida de los puertorriqueños. Por tal razón, esperamos que el gobernador respalde esta resolución en la que exigimos la derogación de Promesa”, añadió.
Varela planteó “su sustitución por un mecanismo efectivo, transparente y sin intermediarios con el gobierno de Puerto Rico, que atienda con premura y prioridad la situación fiscal, económica, social y política de nuestra isla y que contenga un marco legal que permita la reestructuración de la deuda”. INS
P. Rico-Gobernador Rosselló Nevares lamenta sucesos en Nicaragua, donde “se está produciendo un atentado contra los derechos humanos”
San Juan, 23 abr (INS).- El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, fustigó los últimos acontecimientos en Nicaragua, donde a su juicio “se está produciendo un atentado contra los derechos humanos por parte del gobierno de Daniel Ortega”.
En declaraciones escritas, el mandatario señaló que “el pueblo reclama garantías para los derechos de los pensionados, y ante las protestas, el gobierno responde con represión, censura, cierres de medios de comunicación y violencia que genera muertes”.
Luego refirió que “hay dirigentes políticos de Puerto Rico que respaldan a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela. Ambos gobiernos están atentando contra los derechos fundamentales de sus ciudadanos”.
Por último, hizo un llamado a “valorar el sistema democrático en el que vivimos, donde se respeta la libertad de expresión y se puede disentir sin que el gobierno atente contra los derechos humanos fundamentales”.
Al menos 27 personas han muerto, entre ellos un policía y un periodista, en las protestas contra la reforma de la seguridad social que comenzaron el miércoles pasado en Nicaragua, según informaron diversas organizaciones de derechos humanos. INS
P. Rico-Senadora López León advierte que aprobación del plan fiscal “condenaría a los pensionados a la pobreza extrema”
San Juan, 23 abr (INS).- La exprocuradora de personas de edad avanzada, senadora Rossana López León, advirtió que “en caso de aprobarse el plan fiscal, Ricardo Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal condenarán a la pobreza extrema a pensionados que perderán acceso a medicinas y alimentos”.
“El primer recorte de 10% en las pensiones fue recomendado a la Junta por Ricardo Rosselló. Él fue quien abrió la puerta para la obscena reducción de la pensión al 75% de los pensionados, que son exactamente 100,228 nuevos pobres. Cuando nos dicen que si su pensión estatal y seguro social suman menos de mil dólares mensuales no tendrán reducción, es falso”, afirmó López León.
El análisis de la senadora del Partido Popular Democrático demostró que 20,046 pensionados verán una reducción de 15%. La nueva realidad que plantea el plan fiscal aprobado es que se acojan al seguro social los maestros, policías y jueces menores de 40 años.
“Este detalle pone en precario a los mayores de 40 años, porque estos no contarán con seguro social y las pensiones que podrían acumular los dejarán bajo el nivel de pobreza amplificando las necesidades de una población que ya vive en crisis”, subrayó
Recordó que anteriormente informó que las personas de edad avanzada en Puerto Rico “viven con un déficit mensual de 1,500 dólares. Si estos compran medicinas, no compran comida, y si comen, no pueden pagar la luz. Y los recortes que proponen ahora, se realizarán encima de ese déficit y sobre las deducciones que ya se les hacen”.
“O sea -remarcó- del 22% que recibe más de mil dólares, después de los descuentos, solo un 3% permanece con un ingreso superior a mil. Son un total de 24,400 pensionados que hoy la mayoría tiene 85 años o más; nuestro padres, madres y abuelos”, señaló la política.
Según López León, el perfil del pensionado pobre tomó prominencia en 2003, cuando se publicó el Estudio sobre Situación Socioeconómica de los Pensionados de la Comisión Especial Permanente Sobre los Sistemas de Retiro y sobre el cual basa su análisis.
Para ese año, cerca de ocho mil pensionados pagaban entre 51 y 200 dólares de plan médico, en adición a la aportación de 60 dólares, y el 51% de los pensionados gastaban más de 100 dólares mensuales en medicinas. “Desde entonces esos números no han bajado. Por el contrario”, advirtió la senadora.
“Las consecuencias de esta iniciativa de Ricardo Rosselló y la Junta crearán un Puerto Rico inhabitable para este grupo, que representa una tercera parte de la población. Los que tengan salud vivirán con poca o ninguna calidad de vida, veremos más de ellos enfermos y en condiciones infrahumanas”, auguró.
Al mismo tiempo, “las víctimas de explotación financiera llevarán la peor parte, cuando sus allegados les roben el escaso ingreso. Sus cuidadores, muchos de los que son trabajadores y a quienes el gobierno le está quitando horas y beneficios, tendrán que asumir gastos de sus mayores”.
Concluyó que “llevar a los pensionados a la pobreza extrema ocasionará un disloque económico de miles de millones de dólares no proyectados hoy”.
Para López León, las iniciativas de Rosselló y la Junta “evidencian la incapacidad administrativa del gobernador y los intereses económicos de la Junta como representantes defensores de los bonistas en la isla”.
A su vez, urgió a ambos a insertar en la discusión sus iniciativas de desarrollo económico como la fundación de la primera Cooperativa Energética de Puerto Rico como modelo de transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica, así como una exención administrativa de las Leyes de Cabotaje como amortiguadores de la austeridad que a su juicio raya en violaciones de derechos civiles. INS
EEUU-Presidenta de la AFT considera falta seriedad a inspección que hará Keleher de escuelas a cerrar
Washington, 23 abr (INS).- La presidenta de la AFT (American Federation of Teachers), Randi Weingarten, calificó de falto de seriedad el proceso de inspección que el fin de semana realizó la secretaria de Educación de Puerto Rico, Julia Keleher, de las 283 escuelas que proyecta cerrar, después de confirmar que nunca realizó un análisis exhaustivo de su impacto.
“Tras la creciente oposición a su plan, ahora retrocede y pretende visitar cada una de las 283 escuelas este fin de semana para hacer una evaluación rápida y apresurada”, criticó la dirigente del poderoso gremio de docentes de Estados Unidos al imputar a Keleher jugar a la política con la educación pública.
Weingarten refirió que llevan mucho tiempo “exigiendo a la secretaria Keleher que haga un análisis exhaustivo y profundo de las escuelas que quiere cerrar; hemos planteado estas preocupaciones una y otra vez, por lo que pretender que ahora va a escuchar a los padres y educadores no es serio”.
“El análisis correcto requiere conocer los servicios que proporcionan las escuelas, si otras escuelas en la comunidad tienen los servicios necesarios para acomodar a los estudiantes de escuelas que pretenden cerrar (incluyendo transporte y otras necesidades de los estudiantes), y lo que las partes interesadas —maestros, padres y alcaldes— piensan qué es lo mejor para su comunidad”, precisó la gremialista.
Para la presidenta de la AFT, la rápida revisión de la secretaria Keleher para evaluar 283 escuelas este fin de semana es un truco político.
“Pretender que constituye un análisis serio es un insulto al pueblo de Puerto Rico. Una vez más, estamos jugando a la política con la educación pública y el futuro de nuestros hijos”, adujo Weingarten al pedir un análisis real para medir el impacto que estos cierres tendrán en los niños y las comunidades.
Acusó a la funcionaria del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares de que, en lugar de detener el proceso de matrícula de estudiantes, que ya ha sido problemático pues al ser digital muchas personas aún no han podido accederlo al no tener internet o servicio de electricidad, pretender acomodar un análisis de impacto real simplemente crea más caos.
“Inflige dolor y ansiedad adicional a quienes aún están tratando de recuperarse de los huracanes, (por lo que) pedimos a la Legislatura de Puerto Rico que intervenga con el plan de cierres y programe vistas públicas para arrojar luz sobre el desastre que el gobernador (Rosselló Nevares) y la secretaria Keleher han creado”, reclamó Weingarten, cuyo sindicato representa a 1.7 millones de trabajadores en Estados Unidos. INS
P. Rico-Propone representante del PNP digitalizar proceso de aprobación y distribución de leyes
San Juan, 23 abr (INS).- Una medida que propone modificar, mediante el requerimiento de digitalización, el mecanismo en el que se distribuyen las leyes votadas y acuerdos tomados por la Asamblea Legislativa, eliminando la obligación de imprimir y encuadernarlas, será presentada por el representante a la Cámara Eddie Charbonier Chinea.
El legislador por San Juan del Partido Nuevo Progresista (PNP) explicó que la medida tiene el objetivo de ampliar la transparencia y mantener informado al pueblo de las acciones del gobierno, además de “buscar la manera de aumentar el nivel de envolvimiento del pueblo en el proceso de gobernanza de Puerto Rico”.
“Es por eso radicamos el Proyecto de la Cámara 1523 cuyo principal fin es la digitalización completa del proceso de distribución de la aprobación de medidas y la constitución de leyes”, dijo.
Para Charbonier Chinea, “tenemos que estar al corriente con la nueva tecnología”, ya que el pueblo utiliza más que nunca las redes sociales y la Internet.
“Debemos aprovechar eso para fomentar que todo el proceso de evaluar, aprobar y formar una ley sea digital y disponible inmediatamente al pueblo”, comentó el legislador.
El proyecto propone enmendar el Artículo 46 del Código Político para ordenar que, inmediatamente después de que estén digitalizadas las leyes, resoluciones y demás documentos públicos, y dentro de los 60 días de cerrada cada Legislatura de la Asamblea Legislativa, el Secretario de Estado los distribuirá de manera electrónica.
“El Secretario de Estado está encargado de recopilar e imprimir las leyes, resoluciones y demás documentos públicos adoptados por la Asamblea Legislativa con el fin de distribuir los mismos, según dispone el Código Político de 19022, detalló.
El legislador del PNP afirmó que, anualmente, este proceso de imprenta y distribución para cumplir con el mandato legal representa un gasto de cientos de miles de dólares, por lo que considerando la frágil situación económica por la cual atraviesa la Isla y en aras de reducir los costos operacionales del Gobierno, es necesario migrar del papel a lo digital.
“Al adoptar el modelo digital, Puerto Rico se unirá a otras jurisdicciones que han dejado atrás el uso del papel y han optado por un modelo eco-amigable; así ayudaremos a impulsar la política pública de un gobierno electrónico, combatiendo las amenazas ambientales, entre ellas la contaminación y el calentamiento global”, apuntó Charbonier Chinea. INS
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