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San Juan, 20 abr (INS).- Los senadores José A. “Chaco” Vargas Vidot y Miguel Pereira Castillo presentaron un proyecto de ley que atiende la posesión de sustancias controladas para consumo personal.
Este sería un cambio en la Ley que data del año 1971.
El Proyecto del Senado 912 despenalizaría todas las sustancias controladas con el propósito de dirigir los esfuerzos “en un sistema de salud holística que incluya la rehabilitación desde un enfoque compasivo y humano, y no imperecedero ante acciones punitivas que atentan y degradan el proceso rehabilitador”.
La medida legislativa “se enfoca en romper con el paradigma de la política pública de encarcelar a toda persona que utiliza sustancias controladas, adjudicando penalidades severas, como también, multas, sin distinguir cantidades o si es, o no es la primera ofensa cometida por el individuo”.
La propuesta de los senadores está de acuerdo con las principales organizaciones internacionales, como la Organización de Estados Americanos y la Organización Mundial de la Salud. Ambas entidades han sugerido que se rescinda de las medidas punitivas al presente contra el adicto de drogas y se dirijan los esfuerzos en proveer mayores alternativas de tratamiento desde un enfoque salubrista y social.
Aseguran que el cambio del marco legal en la ley vigente permitirá concentrar los esfuerzos en mejores estrategias para atacar la epidemia del narcotráfico, reforzando la seguridad pública y en la inversión de los recursos asignados al Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico.
“Ciertamente, el asunto de la despenalización de la posesión de sustancias controladas es una novedosa, siendo vinculada con el Artículo 404 del código penal. Hoy día, esta Ley es poco vigente; pues, encarcela a miles de puertorriqueños que no cometieron crímenes violentos”, se indica en declaraciones escritas emitidas por Vargas Vidot, senador independiente.
La Ley mantendría las penalidades referentes a la fabricación, distribución y trasiego de sustancias controladas, que es un delito distinto.
Asimismo, preservan aquellas penas que atentan contra la vida humana basadas en hechos violentos, como los evidenciados en las actividades del narcotráfico.
El perfil de la población confinada del 2015 demostró un ascenso significativo a 12,381 confinados. El 16.9% cumplió sentencias por delitos contra la Ley de Sustancias Controladas, convirtiéndose (desde ese momento) en la tercera causa de encarcelamiento en Puerto Rico.
Un dato curiosos es que el 33.98 % de los confinados que indicaron no tener problemas de adicción a drogas, recibieron tratamiento contra la adicción al acceder a sustancias dentro de las instituciones carcelarias del país.
“El disloque de estas acciones lleva a políticas públicas inmovilistas que incurren en $28,000 anuales en gastos al estado para encarcelar a una persona adicta y que está sumergida en una vorágine de problemas que inciden con la salud mental”, se afirmó en el comunicado. No obstante, recientes datos divulgados indican que el costo en la cárcel de un confinado es de cerca de $40,000 anuales.
“En la fracasada guerra de las drogas, de la década de los ’70, desencadenó una estigmatización de cientos de personas que tuvieron uso de sustancias, encarcelándolas y glorificando su consumo dentro de las cárceles. Ante esa realidad, otros países se movieron hacia nuevas políticas públicas relacionadas con el consumo de las mismas, a un enfoque más reformador sin criminalizar el contexto humano. Ambos legisladores coinciden en tomar acciones rehabilitadoras y eso, requiere de acciones legislativas de avanzada, y un sistema de salud integral que ataque el problema de raíz”, se agregó.
Se afirmó que luego de décadas de un enfoque punitivo, el Estado no ha podido lograr prohibir esta conducta con la amenaza de encarcelamiento. Por tal razón, el gobierno ha subestimado la necesidad de allegar recursos para reforzar los servicios de salud mental y contra la adicción.
“El disloque del gasto y la asignación de recursos es tan evidente como este ejemplo: Departamento de Corrección: $376 millones vs. ASSMCA: $129 millones. También, el cambio de la ecuación en la inversión pública redundará en la disponibilidad de mayores recursos educativos y de apoderamiento social que pueden redirigirse al resto de la población que lo necesita”, añade las declaraciones.
Como parte de esta iniciativa se propone también realizar un proceso de análisis legislativo en torno a las funciones actuales del Observatorio de Uso y Abuso de Substancias de Puerto Rico adscrito a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).
El Observatorio es un programa auspiciado por el gobierno federal para el establecimiento de un Centro de Vigilancia Epidemiológica de tabaco, alcohol y otras drogas.
Según la información disponible, lee el comunicado, este Observatorio maneja principalmente una colección de datos epidemiológicos sobre el uso y abuso de substancias en Puerto Rico designado como Consulta Juvenil.
“Entendiendo que este tipo de Consulta podría resultar insuficiente como ejercicio de compilación de información y datos estadísticos, la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del Senado de Puerto Rico realizará un análisis de la necesidad y viabilidad de reconfigurar este programa para establecer un Observatorio de Drogas como entidad multidisciplinaria con la función de compilar, integrar, analizar y divulgar información actualizada sobre el consumo y trasiego de drogas en Puerto Rico y los delitos relacionados de manera que permita una mejor comprensión de este fenómeno social y contribuya a la formulación e implantación de políticas, toma de decisiones, diseño y evaluación de programas y proyectos”, se explicó.
“Sin un observatorio de uso y abuso de sustancias, estamos dando palos a ciegas”, se agregó.
“Hemos unido esfuerzos junto al compañero Vargas Vidot para proponer un cambio de paradigma en la política pública del país en atención al problema de las drogas. Insistimos en que esta problemática debe contemplarse desde una perspectiva salubrista en cuidado de las personas que sufren adicción, y por otro lado, concentrar los recursos de las fuerzas de ley y orden en reducir las actividades de narcotráfico”, dijo Pereira, senador del Partido Popular Democrático.
“Reclamamos un debate serio y objetivo sobre esta propuesta en función del impacto social y fiscal de la política actual. Debemos ser honestos sobre los resultados de la política actual y la necesidad de un cambio en nuestro enfoque. Confiamos que el análisis de esta propuesta puedan surgir estrategias y acciones de política pública basadas en la evidencia científicas sobre el problema de la adicción a drogas y su impacto en la salud mental, y la seguridad del pueblo”, reiteró Pereira. INS
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