Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el viernes 20 de abril de 2018
P. Rico-Junta decreta múltiples recortes “para lograr balance fiscal y sostenibilidad y revitalizar la economía”
San Juan, 20 abr (INS).- La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSF) certificó hoy sus propios planes fiscales para el gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Los planes, aprobados durante su duodécima reunión pública, proveen, aseguró la JSF en declaraciones escritas, “una ruta detallada para lograr balance fiscal y sostenibilidad; revitalizar la economía de Puerto Rico luego de una recesión de más de una década; y dar paso a una solución costo-efectiva a su crisis de endeudamiento, de manera que logre nuevamente acceso a los mercados de capital”.
“Estos nuevos planes fiscales ofrecen una oportunidad que se da solo una vez en una generación para darle un giro decisivo a años de declive económico y mal manejo de las finanzas”, dijo José Carrión, presidente de la Junta.
Dijo que “la implantación completa de estos planes le dará a los residentes de Puerto Rico lo que merecen y necesitan: una economía creciente con más y mejores empleos, una red eléctrica a la par del siglo 21, infraestructura resistente al cambio, y un sector público eficiente y efectivo”.
“La certificación de estos planes cumple con un mandato clave de la Junta bajo Promesa (ley federal que crea la junta) y representa un hito en la recuperación de Puerto Rico, la cual se vio interrumpida con el paso de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017. Los nuevos planes fiscales propuestos dejan claro que los problemas de Puerto Rico no son nuevos ni temporeros –llevan mucho tiempo y son de base estructural– y que, por ende, las soluciones que Puerto Rico necesita son a largo plazo y estructurales. Eso implica inversión estratégica en Puerto Rico y la implantación de reformas estructurales robustas que incentiven el crecimiento”.
Carrión “agradeció al gobernador Rosselló y a su equipo por su arduo trabajo”, e instó al gobierno a que actúe decisivamente en la implantación de estas reformas una vez certificados los nuevos planes fiscales.
“Solo con reformas estructurales extraordinarias, inversión en el pueblo de Puerto Rico, y medidas fiscales contundentes Puerto Rico podrá librarse del deterioro económico y asegurar la habilidad fiscal para proveer servicios a los residentes y negocios de la Isla”, opinó el empresario.
El plan fiscal del gobierno central cubre un periodo de seis años fiscales -del 2018 al 2023- “y provee el marco para lograr un crecimiento duradero que permita al gobierno de Puerto Rico proveer servicios a sus residentes, invertir en el bienestar y futuro de su gente y sus comercios, financiar sus pagos de pensiones, y reestructurar la deuda de Puerto Rico de manera sostenible.
El plan toma en consideración más de $50,000 millones en asistencia federal que se espera se provea a Puerto Rico para esfuerzos de reconstrucción y recuperación luego del paso de los huracanes Irma y María. Este apoyo federal proveerá una inyección temporera crítica a la economía, en cuyo tiempo el gobierno de Puerto Rico tendrá que abordar el duro trabajo de cambiar los fundamentos subyacentes de la economía”.
“Las reformas estructurales incluidas en el plan son fundamentales para lograr crecimiento económico durante los seis años del plan y absolutamente esenciales dentro del panorama más a largo plazo de 30 años. Si se implantan, se proyecta que estas reformas estructurales resultarán en un crecimiento anual, real y sostenible, del Producto Nacional Bruto de 1.8% para el año fiscal 2023, lo que equivaldría a unos $80,000-$90,000 millones adicionales en ingresos para el Gobierno a través de 30 años”, se aseguró.
Estas reformas incluyen:
Capital humano y reforma laboral: aumentar la participación laboral actual de 40 por ciento, implantando reglamentación laboral flexible en el sector privado, creando más incentivos para trabajar y proveyendo oportunidades amplias de desarrollo laboral;
Reforma para mejorar el clima de hacer negocios: promover actividad económica y reducir la carga de comenzar y mantener negocios en Puerto Rico, mejorando los factores críticos del Índice de Hacer Negocios del Banco Mundial como el pago de impuestos, el registro de la propiedad y el proceso de permisos;
Reforma del sector de energía: proveer energía más costo-efectiva con una meta de costo no mayor de 20 centavos kwh mediante la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica y un regulador independiente de energía;
Reforma de infraestructura: mejorar y modernizar la infraestructura y los esfuerzos a largo plazo de identificación de capital, así como maximizar el impacto de la ayuda federal para desastres;
El plan también propone medidas fiscales que buscan hacer al gobierno más costo-efectivo y eficiente. Se proyecta que estas medidas generen unos $12,300 millones adicionales en ingresos y reducción de gastos hasta el año fiscal 2023, y hasta $142,000 millones en beneficios fiscales a través de un periodo de 30 años, señaló la jsf en sus declaraciones de la tarde, luego de certificar los planes;
Mejorando el cumplimiento contributivo e iniciativas contributivas adicionales: lanzando iniciativas para aumentar el cumplimiento contributivo a través de un mejor uso de tecnología, mejores prácticas, atendiendo la evasión, y reduciendo ciertas tasas de impuestos corporativos, individuales y de ventas y uso, mientras se expande la base tributaria implantando impuestos mínimos alternos y reduciendo incentivos y subsidios;
Adecuando el tamaño del gobierno: buscando consolidaciones de agencias y reestructurando servicios gubernamentales;
Reforma de salud: dominando la curva de la inflación y costos de salud mediante un modelo de salud nuevo y abarcador que le dé prioridad a la calidad en relación al costo de los servicios.
Reducción de apropiaciones: disminuyendo las apropiaciones concedidas por el gobierno a los municipios y la upr;
Reforma abarcadora de pensiones: mejorando la estabilidad financiera de los fondos de retiro de los empleados públicos y protegiendo las pensiones de los más vulnerables;
Oficina del Principal Oficial Financiero: mejorando los controles fiscales, el proceso de presupuesto, las prácticas de compras y la rendición de cuentas.
“El plan fiscal del gobierno recoge las reformas estructurales y medidas fiscales que, una vez implantadas, restablecerán crecimiento, oportunidad y prosperidad a nivel individual y comercial en Puerto Rico”, añadió Carrión. “Adoptando e implantando las mismas –con el apoyo de inversiones enfocadas a corto plazo en salud y educación– Puerto Rico podrá tener la oportunidad de un mejor mañana”, agregó.
De acuerdo con las prioridades anunciadas por el gobierno, se dijo, el nuevo plan fiscal de la AEE provee para su transformación e incluye reestructurar las opciones de generación de energía para potenciar fuentes de generación de bajo costo, reconstruir y modernizar la red de energía, logrando una transformación operacional de costos, y ejecutar un programa de inversión de capital a gran escala con miles de millones de dólares en fondos federales e inversiones del sector privado.
La idea, agregan las declaraciones escritas, es reestructurar la industria de energía potenciando a operadores privados y estableciendo una estructura tarifaria que distribuya los costos de manera justa y equitativa a través de la base de clientes.
El plan establece como meta una tarifa menor de 20 centavos por kilovatio hora, al igual que metas de confiabilidad y capacidad de recuperación, y se basa en una transformación del sector de energía atada a una calendario transaccional de al menos unos 18 meses.
El nuevo plan fiscal para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados “se basa en el plan sometido por el gobierno de Puerto Rico” y delinea un camino a la sostenibilidad fiscal de manera que pueda cumplir su mandato –un proceso más difícil por el paso del Huracán María– de proveer agua potable segura y de alta calidad a precios accesibles.
Además, se pretende manejar el servicio de aguas residuales de modo eficiente, ofrecer una administración ambiental prudente y hacer las inversiones correctas para estar preparados para futuros desastres naturales o causados por los humanos.
Más temprano ayer, la Junta publicó los borradores de los planes fiscales propuestos para la Universidad de Puerto Rico (UPR), Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y Cossec.
Los planes finales certificados se publicarán en el portal de Internet de la Junta. INS
P. Rico-Gobernador “invita” a la Junta de Supervisión Fiscal a reflexionar sobre el impacto del plan fiscal certificado y reitera que no legislará recortes a pensiones
San Juan, 20 abr (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares hizo un llamado ayer a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que reflexione sobre el Plan Fiscal que certificaron, que establece asuntos de política pública que el organismo federal no tiene poder para ejecutar.
De igual forma, Rosselló Nevares destacó la falta de consenso entre los miembros de la Junta en la aprobación del Plan Fiscal –luego que Ana Matosantos votó en contra de la propuesta de la Junta– y la preocupación sobre el Plan Fiscal que expresaron varios de los miembros que votaron a favor al momento de certificarlo.
El primer ejecutivo reiteró que la Sección 205 de la Ley federal Promesa establece que la política pública la dicta el Gobierno de Puerto Rico y que, por otra parte, la Junta está para establecer los ajustes fiscales necesarios.
“Hago una invitación a la Junta a que reflexione y comprenda que los aspectos de su Plan, en lo que compete a política pública que afecta al Pueblo, no le vamos a dar paso. Exhorto a los miembros de la Junta a que trabajemos juntos y busquemos una alternativa ejecutable y de consenso. Solo así, hacemos lo mejor para Puerto Rico”, expresó el primer mandatario.
Con relación a la propuesta de la Junta para reducir los días de vacaciones y enfermedad del sector privado, y eliminar el Bono de Navidad de los empleados públicos y privados, Rosselló Nevares reiteró que son acciones que tienen que ser consideradas por la Asamblea Legislativa, que no tienen apoyo y por eso, no se someterá un proyecto de ley a esos fines.
Asimismo, el gobernador sentenció que la normalización de los beneficios a los servidores públicos ya fue atendida por medio de la Ley 26 y que, por tanto, recortar acceso a servicios de salud y eliminar el Bono de Navidad son iniciativas que no se viabilizarán.
En cuanto a la reducción que propone la Junta a las pensiones, el gobernador insistió en que la responsabilidad del Gobierno de Puerto Rico es proteger a los más vulnerables.
“Nosotros entendemos que es un derecho propietario, que no se puede hacer únicamente por el Plan de Ajuste. La Junta lo ve como si el pensionado fuera un non-secured credit. Nosotros no lo vemos así, ni el derecho local ni el federal lo ve así; por lo tanto, entendemos que, desde la perspectiva de política pública como desde la perspectiva de derecho, estamos en el lado correcto de este argumento”, explicó el gobernador.
De igual forma, el primer mandatario explicó las acciones que ha tomado su Administración, entre las que destacó la Reforma Energética, la Reforma Educativa y el Nuevo Modelo Contributivo, entre otras, asegurarán la recuperación fiscal y contribuirán a mejorar la calidad de vida en Puerto Rico. INS
P. Rico-Presidente de la Cámara: “Todas las opciones están sobre la mesa” para frenar a la Junta
San Juan, 20 abr (INS).- El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, indicó ayer que “todas las opciones están sobre la mesa” para frenar la “imposición de masivos recortes en el gobierno” por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)
Según Méndez Núñez, los recortes “redundarían en reducción de pensiones para casi todos los jubilados, el despido de 40 mil servidores públicos y la eliminación de beneficios a los empleados del sector privado”.
“Lo he dicho antes y me reitero hoy, todas las opciones están sobre la mesa para evitar la imposición de estas medidas que socavarán a nuestro pueblo y forzará un éxodo masivo de personas a los estados. En los próximos días estaré evaluando las alternativas disponibles para determinar el curso de acción”, señaló el político.
Además, indicó que “la propuesta eliminación de las ayudas a los municipios equivale cerrar ayuntamientos. Decenas de pueblos dejarían de existir. Si la Junta quiere ese tipo de cambio en Puerto Rico van a tener que imponerlo sin la ayuda ni el consentimiento de la Asamblea Legislativa. Y son precisamente los municipios los que primero respondieron ante los huracanes Irma y María, y son los que históricamente han estado atendiendo de primera mano las necesidades del pueblo”.
Adelantó que “la Cámara no va a tolerar el desfalco fiscal a los municipios, no va a tolerar el abuso a los pensionados exservidores públicos ni va a ser cómplice del recorte desmesurado en los servicios públicos que la Junta pretende imponer. Vamos a buscar los medios necesarios, pero siempre estaremos del lado del pueblo”. INS
P. Rico-Ferrer le imputa al gobernador el plan impuesto por la JSF
San Juan, 20 abr (INS).- El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), de oposición, arremetió contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares por los planes fiscales impuestos ayer por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), particularmente en los renglones de pensiones y condiciones de los trabajadores.
La JSF es un ente impuesto al Estado Libre Asociado (ELA) por el Congreso para que se haga cargo de las finanzas de la Isla, que está en quiebra. Sus miembros no son elegidos por el pueblo, pero se les otorgó la autoridad para imponer su visión financiera sobre el gobernante del ELA. El PPD fundó y apoya el ELA y bajo su incumbencia en la pasada administración apoyó el establecimiento de la JSF.
“Los eventos de ayer demuestran que el gobernador Ricardo Rosselló no tuvo la capacidad para lograr un plan que protegiera a los pensionados y a los trabajadores del sector privado. Ese fracaso lo va a pagar el pueblo. La administración Rosselló ha demostrado desde el primer día que nunca ha tenido claro el rumbo para Puerto Rico”, dijo Ferrer en declaraciones escritas enviadas a la prensa.
Agregó que “las propuestas del gobernador Rosselló tienen el efecto de causarle grave daño a los pensionados, a nuestros viejos y a los niños”, dijo en referencia al establecimiento de un recorte hecho por la JSF de 10% a las pensiones que superen los $1,000 mensuales.
Rosselló se opuso a ese recorte y no lo contempló en su plan fiscal sometido a la JSF.
“El gobernador demuestra su incapacidad de gobernar y de ejercer liderato frente a la Junta y los bonistas. Al final, su incompetencia lleva al país al colapso total. No asume su responsabilidad y siempre culpa a otros de sus fracasos”, opinó Ferrer.
El espinoso asunto de las pensiones y el de reforma laboral fueron un tema de agria disputa entre el gobierno y la JSF.
“El acuerdo entre Rosselló y la Junta, que se convierte en el plan fiscal representa la derrota de Puerto Rico por la incompetencia del Gobernador”, añadió Ferrer. INS
P. Rico-OIPC hace llamado a la “persona que esté a cargo” de la AEE a no cobrar tarifa fija de residenciales públicos que no tuvieron servicio tras María ni a comercios a los que ha facturado “miles de dólares” por energía que no usaron
San Juan, 20 abr (INS).- El director ejecutivo de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC), José Pérez Vélez, solicitó nuevamente a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que no cobre por el servicio de energía eléctrica que los clientes no tuvieron durante los meses subsiguientes al paso del huracán María.
“A nuestra oficina continúan llegando reclamos de clientes a quienes se les continúa facturando por servicios no recibidos. Por ejemplo, ciudadanos de diferentes residenciales públicos en la Isla, acuden reclamando que la AEE les está facturando las tarifas fijas subsidiadas aún cuando no recibieron el servicio eléctrico por meses. En el mes de enero hicimos un reclamo, pero la información que nos llega a diario es a los efectos de que la AEE continúa enviando facturas cobrando la tarifa aún cuando saben que los ciudadanos no tuvieron luz”, sentenció Pérez Vélez.
Según el funcionario, estas comunidades están cobijadas bajo la Ley 22 de 2016, Ley para la Reforma de Subsidios y Pago de Atrasos de Servicios de Energía Eléctrica y Acueductos y Alcantarillados, que establece la normativa sobre la tarifa fija subsidiada para el servicio eléctrico para clientes en residenciales públicos.
Estos clientes tienen una tarifa fija por consumo que va desde los 30 hasta los 50 dólares.
El director ejecutivo le envió una misiva al director de la AEE, Walter Higgins, en la que reclama por los consumidores que no reciben sus facturas mensualmente y trae a su atención el que la AEE actualmente no cumple con las disposiciones del Reglamento 8863 de la Comisión de Energía de Puerto Rico (“Reglamento sobre el Procedimiento para la Revisión de Facturas y Suspensión del Servicio Eléctrico por falta de pago”).
Además, aseguró que la AEE cobra cargos vencidos por las cantidades objetadas ya que no identifica en las facturas posteriores a la objeción oportunamente realizada.
Asimismo, el director explicó que muchos comerciantes de pequeños y medianos negocios, llegan a la OIPC con la misma queja.
La AEE les está facturando miles de dólares por energía que no utilizaron.
“Nuestro pedido al director de la AEE, o la persona que esté a cargo, de la que exonere del pago de estas facturas a todos estos clientes que no tuvieron el servicio durante meses. De no tener ninguna acción afirmativa de la AEE a nuestro pedido, exhortamos a los clientes a comunicarse con nosotros para iniciar los procesos de objeción de facturas”, expresó Pérez Vélez.
Añadió que “desde el pasado año, cuando hicimos nuestras primeras denuncias, no hemos recibido contestación por parte de la Autoridad en relación a las súplicas y los reclamos presentados en representación de los clientes afectados. Todas las medidas que promueve la OIPC son para proteger los mejores intereses de nuestros consumidores y apoyarlos durante este proceso de recuperación económica”. INS
P. Rico-Alcaldesa de San Juan, tras ser seleccionada como una de las 100 personas más influyentes del mundo por revista Time: “Es una oportunidad para seguir recordando al mundo que estamos muy lejos de la recuperación”
San Juan, 20 abr (INS).- La revista Time seleccionó a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, como una de las 100 personas más influyentes del mundo.
La edición impresa estará a la venta hoy.
La revista Time lleva 15 años reconociendo el activismo, la innovación y los logros de los individuos más influyentes del mundo y lo hace a través de este listado.
Tras conocer la noticia, la alcaldesa expreso que “este reconocimiento lo recibo a nombre de los miles en Puerto Rico que a siete meses del paso de los huracanes Irma y María aún carecen del servicio de energía eléctrica al igual que otros servicios esenciales. De hecho, precisamente ayer, una avería dejo sin electricidad a absolutamente todos los rincones de Puerto Rico”.
Cruz Soto recordó que “a 42 días de la próxima temporada de huracanes, que comienza el 1 de junio, todavía hay miles de familias literalmente sin techo. Esta designación es una oportunidad extraordinaria para seguir recordando al mundo que todavía estamos muy lejos de comenzar el camino a la recuperación sostenida. Estoy muy consciente que este reconocimiento no es a mi persona, sino a los puertorriqueños y puertorriqueñas que han demostrado su gran espíritu de lucha al trabajar unidos para lograr un trato justo y digno y así forjar un mejor futuro para ellos y su familia”. INS
P. Rico-Autoridad de Asesoría Financiera establece programas de renuncia voluntaria para servidores públicos
San Juan, 20 abr (INS).- La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), en representación del gobierno de Puerto Rico, emitió cuatros órdenes administrativas con la finalidad de establecer los Programas de Transición Voluntaria (PTV) o de “renuncia incentivada” para servidores públicos.
La medida va dirigida a empleados de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y la Judicatura, el Sistema de Retiro para Maestros, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y entidades que lo componen, el Departamento de Seguridad Pública, incluyendo todos sus negociados, y el Departamento de Educación (DE).
El director ejecutivo de la Aafaf, Gerardo Portela Franco, informó que la segunda fase del PTV permite que los empleados que se acojan al mismo de manera voluntaria y puedan transicionar al sector privado o al tercer sector mientras continúan devengando su salario por un término establecido o reciban un pago englobado, según aplicable.
Portela Franco detalló que el período en el que los servidores públicos podrán solicitar el PTV comenzará a partir del 1 de mayo de 2018 y culminará el 30 de junio de 2018.
“Los servidores públicos que ocupen puestos de carrera y empleados cuyos sueldos se pagan, en todo o en parte, con fondos federales -siempre y cuando la agencia participante cuente con la autorización del Gobierno federal- podrán solicitar participar en el PTV”, puntualizó.
Además, si el empleado se acoge a este programa, “no se afectará la cantidad a la que tengan derecho por concepto de retiro, pago de liquidación de vacaciones y/o horas extras”, adelantó.
Del mismo modo, Portela señaló que ni los empleados transitorios ni los empleados de confianza podrán solicitar el PTV. Sin embargo, si un empleado de confianza tiene derecho a reinstalación a un puesto de carrera, puede acogerse al Programa una vez complete el proceso de reinstalación.
El funcionario xplicó que las órdenes administrativas ofrecen incentivos que varían particularmente dependiendo de la fecha en que el empleado presente su solicitud de elegibilidad.
Reiteró que el PTV no tiene el efecto de alterar los derechos ni beneficios acumulados correspondientes a los empleados públicos en lo que respecta a lo cotizado en retiro. Enfatizó que el PTV “es un programa de renuncia incentivada”.
Para hacer efectiva la renuncia voluntaria del empleado elegible, éste deberá firmar un acuerdo final de renuncia incentivada, que contendrá los términos y condiciones de participación en el Programa. A partir de la firma del acuerdo, la renuncia y participación en el Programa será final e irrevocable.
Los empleados que deseen acogerse al PTV deberán completar una solicitud electrónica que estará disponible a partir del 1 de mayo de 2018 en http://www.transicionvoluntaria.pr.gov/ . Para obtener las órdenes administrativas, puede acceder a www.aafaf.pr.gov . INS
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