P. Rico-Gerenciales de la AEP solicitan se hagan públicos todos los documentos que avalan el anunciado cierre de 283 escuelas

San Juan, 8 abr (INS).- La Asociación de Empleados Gerenciales de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) solicitaron que se hagan públicos todos los documentos con sus respectivos borradores que se utilizaron y los nombres de las personas que trabajaron para evaluar el cierre anunciado de 283 escuelas en la isla.

El presidente de la entidad, Samuel Velázquez Rosario, solicitó al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y a la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, que expliquen los criterios que se utilizaron para concluir que era necesario el cierre y que se clarifique cuál es la finalidad pública que está detrás de la medida anunciada.

“Nos preocupa el cierre de escuelas que se construyen bajo una finalidad educativa. Hay muchas lagunas en todo esto.  Aquí nadie ha explicado quién ofrecerá el mantenimiento de esas escuelas, ni tampoco han informado quién aportará al pago de la deuda contraída con los bonistas”, apuntó.

Esto, porque según explicó, “muchas de estas estructuras fueron remodeladas con el dinero de una emisión de una deuda de 1,300 millones de dólares que contrajo la Autoridad de Edificios Públicos durante la administración del gobernador Luis Fortuño, bajo el programa ‘Escuelas del Siglo 21’”.

Señaló Samuel Velázquez Rosario que existe una seria preocupación en su matrícula, por ende en los bonistas que ofrecieron sus dineros para la realización de ese proyecto.

“Al día de hoy nadie nos ha indicado cuántas de las escuelas que serán cerradas están pignoradas con el préstamo de los 1,300 millones… Tampoco sabemos cuáles de las escuelas a cerrarse recibieron remozamiento con esos dineros, aunque pertenezcan a otra agencia de gobierno, pero se beneficiaron de los dineros del préstamo de AEP”, apuntó.

A su entender, “la secretaria Keleher debe dar a la luz pública inmediatamente el nombre de cualquier asesor o compañía contratada, o personal del Departamento de Educación que trabajó en la selección de las 283 escuelas que ella desea cerrar. Ningún documento utilizado para evaluar este proceso de cierre de las escuelas puede ser confidencial, pues aquí se utilizó dinero público”.

“Queremos que nos expliquen los detalles de este proceso y que se nos informe si hay algún riesgo en perder nuestros empleos para los más de 1,100 compañeros que laboramos en la AEP, a raíz de esta acción anunciada por la secretaria de Educación. Definitivamente se lacera nuestra seguridad en el empleo al no haberse explicado el proceso llevado a cabo”, abundó el sindicalista.

Argumentó que ellos han “trabajado incansablemente para poner las escuelas al día. La AEP le ofrece servicios a unas 417 escuelas del Departamento de Educación, cifra significativa. Sin embargo, hay que establecer inmediatamente cuáles de estas estructuras están adscritas a nuestra Autoridad y cuáles pertenecen a otras agencias de gobierno”.

“Nuestra matrícula no está ajena a la crisis financiera que atraviesa el gobierno. Sin embargo, hay que recordar que los empleados de la AEP nos comprometimos a levantar nuestra agencia, logrando resultados significativos de eficiencia administrativa y operacional. Nuestra preocupación es válida, tiene mucho peso y sobre todo, merece ser atendida inmediatamente”, argumentó.

Concluyó que “nunca entenderemos a los supuestos expertos que promulgan que la deserción escolar y el alto índice de criminalidad de un pueblo se combaten con el cierre de escuelas”. INS

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