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Santo Domingo, 5 abr (INS).- El gobierno dominicano advirtió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no modificará ni anulará la ley 169-14 sobre naturalización, porque se trata de una ley justa y equilibrada, políticamente viable, “que además es conforme con la Constitución y con las demás normas del ordenamiento jurídico dominicano”.
Así lo declaró el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, al establecer que “la posición del gobierno dominicano es clara e inequívoca: el gobierno defiende la Ley 169-14 porque fue una ley propuesta por el señor presidente de la República luego de un consenso y de una consulta con diferentes sectores y que logró el apoyo unánime del Congreso Nacional”.
La información la ofreció ayer al responder un editorial del periódico Diario Libre del miércoles en el que se pide al gobierno “dar declaraciones claras y veraces” respecto al tema.
Según Espinal, la referida legislación fue utilizada por el Tribunal Constitucional en una sentencia de finales de 2014, “y esa ley ha sido criticada por algunos que dicen que se fue muy lejos y por otros de otro extremo que dicen que no se fue lo suficientemente lejos”.
“Nosotros, como gobierno, el presidente de la República defiende la ley y no tiene intención alguna de promover ningún cambio en el ordenamiento jurídico dominicano, ni en materia de nacionalidad, ni en materia de regulación migratoria. El ordenamiento jurídico dominicano incluye la Ley de Migración, las disposiciones constitucionales en materia de nacionalidad, la sentencia 168-13 y la ley 169-14”, afirmó.
“Repito, no hay la más mínima intención de modificar esa legislación, nosotros hemos defendido y seguiremos defendiendo en foros internacionales nuestro ordenamiento jurídico, especialmente la ley 169-14 que, como dije, fue criticada por ambos extremos”, señaló Espinal.
Agregó que “nosotros la hemos defendido aquí y fuera del país, y esto es conocido por los organismos internacionales, por la OEA, por Acnur, por el PNUD, por la CIDH, por los gobiernos con los que tenemos relaciones bilaterales, y es una posición invariable”.
Aclaró que al pueblo dominicano no le deben quedar dudas de que el Estado dominicano defiende no sólo la ley 169-14, sino todo el ordenamiento jurídico nacional.
“No tenemos miedo de hablar con nadie, con ningún sector, tanto internacional como de la sociedad civil, sobre ese ordenamiento y lo que las autoridades han hecho en esa materia, que nosotros cumplimos con nuestro ordenamiento y que actuamos en función de eso”, indicó.
Negó que el gobierno negociara nada y aclaró que una vez se saca un país del Capítulo 4 se establece lo que es la Mesa de Diálogo, “que no es más que el gobierno intercambia información con la Comisión Interamericana para mostrar lo que realiza con su norma, pero el gobierno no ha negociado absolutamente nada que tenga que ver con los atributos soberanos de la República Dominicana en determinar sus normas en materia de nacionalidad y migración, el gobierno no ha negociado nada ni lo vamos a negociar”.
Aparte, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, calificó ayer como una “intromisión inaceptable”, el pedido que hiciera la CIDH de anular la ley 169-14 sobre naturalización para otorgar la nacionalidad dominicana a los descendientes de inmigrantes haitianos en el país.
Dijo que es una ley que es el complemento a la sentencia 168-13, que ha cumplido su cometido en transparentar el estatus de cada ciudadano no nacional en el país.
El pedido del organismo internacional ha recibido el rechazo de diferentes sectores nacionales, especialmente de miembros de iglesias evangélicas. INS
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