P. Rico-Inter News Service-Resumen de noticias para radio y televisión

Resumen de noticias para el jueves 22 de marzo de 2018
P. Rico-Gobernador anuncia reforma laboral apoyada por los industriales, que elimina bono de Navidad y disminuye vacaciones y enfermedad
San Juan, 22 mar (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció ayer cambios a las normas laborales, entre ellos la eliminación del bono de Navidad y la disminución de los días de vacaciones.
Rosselló Nevares, en compañía de los presidentes de la Cámara y del Senado, Carlos Méndez Núñez y Thomas Rivera Schatz, dio a conocer también nuevo Código de Incentivos Contributivos.
El mandatario señaló que con la “Iniciativa para reformar la fuerza laboral” se busca eliminar el bono de Navidad, la disminución de los días de vacaciones y enfermedad (a siete días), así como un alza escalonada en el salario mínimo.
En cuanto al nuevo Código de Incentivos Contributivos, el primer ejecutivo indicó que reducirá la tasa tributaria para el contribuyente y las corporaciones, entre otras medidas.
Según el mandatario, la iniciativa busca devolver más de mil millones a los contribuyentes, eliminar incentivos a industrias que no tienen resultados positivos para la economía de la Isla e incentivar la creación de empleos.
“Son tiempos de retos fiscales, pero nuestra administración ha trabajado un plan para garantizar un balance entre la creación de empleos por parte de los patronos y las condiciones de trabajo de los empleados. Confiamos en que estas medidas serán cruciales para asegurar el desarrollo económico de Puerto Rico”, sostuvo.
Rosselló Nevares explicó que para el año fiscal 2023 se habrá devuelto paulatinamente a los contribuyentes al menos mil millones.
Se espera que tan pronto como para el año fiscal 2019 se devuelvan 420 millones a los contribuyentes con los nuevos alivios contributivos.
Con el Nuevo Código Contributivo se redirigirán los incentivos al individuo y empresas en sus contribuciones, aseguró el primer ejecutivo.
Además, dijo que con la iniciativa se aumenta de 9,000 a 12,500 dólares los ingresos que no tributarán, mientras se rebaja de siete por ciento a uno por ciento la tasa de contribuciones de los ingresos hasta 21,000 dólares.
Al mismo tiempo, se reduce la tasa máxima de 33 a 31 por ciento en individuos.
En cuanto a las corporaciones, se reduce tasa base de 20 a 19 por ciento y la tasa contributiva máxima de 39 a 31 por ciento.
Sobre el impuesto Business to Business (B2B), de cuatro por ciento se reducirá a tres por ciento para 2019 y para el año 2020 será eliminado completamente.
El Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) se reducirá para los alimentos preparados de 11.5 a 7 por ciento.
El mandatario agregó que con el nuevo Código de Incentivos “se eliminarán los subsidios ineficientes a las operaciones de empresas y se devolverá ese dinero al pueblo”.
El ahorro de cerca de 300 millones que se obtendrá con este Nuevo Código de Incentivos se usará para financiar el Nuevo Modelo Contributivo, señaló.
Asimismo, consignó que “es conocido que Puerto Rico por décadas ha tenido una fuerza laboral sumamente reducida en comparación con otras jurisdicciones y ronda el 40% mientras el promedio en los Estados Unidos es de 63% y el estado de West Virginia es el menor con 53%”.
El gobernador destacó que se aumentará el salario mínimo a cerca de 95,000 empleados del sector privado de $7.25 a $7.75 en 2019, a $8.00 en 2020 y $8.25 en 2021.
Una vez se aumente a $8.25 el salario mínimo, Puerto Rico será la jurisdicción con el salario mínimo más alto que en 23 estados.
Al mismo tiempo, se destinarán 200 millones para otorgar un bono por trabajo entre 300 y 2,000 dólares por contribuyente elegible para incentivar a la fuerza laboral.
A estas iniciativas se sumarán cambios al Programa de Asistencia Nutricional (PAN) para no penalizar a los beneficiarios que consiguen trabajo (Welfare to Work) y exigir que las personas beneficiadas y que estén capacitadas para trabajar busquen trabajo o estudien.
Estos podrán prestar servicio comunitario para cumplir con los nuevos requisitos.
Mientras, se identificaron beneficios para el trabajador mediante el sistema contributivo, también se desarrollaron medidas para crear un balance e incentivar la creación de nuevas plazas de empleos.
Entre las medidas que se establecerán para propiciar que los patronos creen nuevas plazas de trabajo están la eliminación en tres años las restricciones de Ley 80 de despido injustificado.
Además, en tres años, se dejará de requerir por ley a los patronos privados el pago del bono de Navidad.
Para los trabajadores que cualifiquen, habrá un bono por trabajo como crédito contributivo en sus planillas que tendrá un promedio de 525 dólares.
Además, los patronos y los empleados podrán acordar el pago de un bono de Navidad o productividad independiente del bono por trabajo.
Actualmente, muchos patronos se ven imposibilitados de pagar el bono de Navidad.
Asimismo, en el sector privado se establecerán siete días de licencia por vacaciones y siete días de licencia por enfermedad.
“El aumento al salario de mínimo, el bono por el Trabajo y la reducción de responsabilidad contributiva serán el incentivo para aumentar la fuerza laboral a la vez que hacemos reformas a las leyes laborales para crear empleos en Puerto Rico”, puntualizó el mandatario. INS

P. Rico-Reforma laboral del gobernador será tan devastadora como María, denuncia dirigente de la UGT; SPU y SPT también la denuncian
San Juan, 22 mar (INS).- El presidente de la Unión General de Trabajadores UGT), Gerson Guzmán, denunció ayer que la anunciada reforma laboral será tan devastadora para los trabajadores como fue el huracán María.
“Empobrecer a la clase trabajadora y desincentivar la disposición al trabajo en un país con una de las tasas de participación laboral más bajas del mundo, eliminando el bono de Navidad, la Ley 80 de Indemnización por despido sin justa causa y reduciendo las licencias por vacaciones y por enfermedad a siete días anuales cada una de ellas no es la alternativa para incentivar la economía venida a menos de Puerto Rico y poder lograr una recuperación sustentable”, afirmó el dirigente sindical.
Guzmán López dijo que la llamada “Iniciativa para reformar la fuerza laboral” tendrá en la clase trabajadora “el mismo efecto devastador que tuvo el huracán María, porque lo único que persigue es el empobrecimiento de la fuerza laboral para un mercado laboral a merced del afán desmedido de lucro del gran capital”.
El sindicalista condenó “que se tenga la desfachatez de reclutar ejecutivos del exterior con sueldos astronómicos, como es el caso de Walter M. Higgins ($450,000 anuales), para la AEE, y tener en la Rama Ejecutiva jefes de agencias con “salarios de sultanes y pachás de la empresa privada, como Julia Keleher (350,000 al año) y Héctor Pesquera ($248.500 anuales), lo que entre todos suma $948,500 todos los años, sin incluir los beneficios marginales, mientras desprecia el talento nativo y la fuerza trabajadora local, reduciendo el mercado laboral del país a baratija de explotación extrema para los capitalistas”.
El aumento de salario mínimo federal anunciado junto con la reforma laboral es de $7.75 a $8.25 la hora para 2019, “que no tendrá efecto alguno para la mayoría de los empleados públicos, cuyos salarios por hora están por encima de ese mínimo gracias a la sindicación y a la negociación colectiva, queda neutralizado con la eliminación del bono de Navidad, de la Ley 80 que protege al trabajador de despidos injustificados y con la reducción de la acumulación de días por enfermedad y vacaciones a únicamente siete días por año”, sostuvo el dirigente de los trabajadores.
“Después de la devastación del huracán María, ahora los trabajadores del país sufriremos la catástrofe del huracán de reformas laborales de Rosselló y eso nos dejará en un desgarrador empobrecimiento con visos de crisis humanitaria para la clase trabajadora”, puntualizó.
Mientras, Servidores Públicos Unidos (SPU) de Puerto Rico, Concilio 95 Afscme, catalogó de “falta de respeto al pueblo trabajador” el anuncio.
Según Annette González, presidenta de SPU, el mandatario “propone cambios laborales dirigidos a empobrecer aún más al trabajador a cambio de enriquecer más a los patronos privados. Un anuncio donde exige austeridad al pueblo mientras por otro lado, otorga jugosos sueldos a miembros nuevos de su Gabinete.
“Esta determinación del gobernador es un atropello y una falta crasa de sensibilidad hacia el pueblo trabajador. En víspera del Día de la Abolición, este anuncio es un menosprecio a los trabajadores de este país. Este gobierno demuestra que ha claudicado ante la Junta de Control Fiscal llevándonos nuevamente al borde de la esclavitud laboral, deshumanizando nuestras necesidades de salud, de bienestar familiar, de trabajar por un salario justo”, dijo la sindicalista. Añadió que “el gobernador habla de retos fiscales, que crearon los mismos gobiernos pero que vamos a pagar este pueblo trabajador, mientras otros viven en bonanza, cómo si no fuéramos un país en quiebra”.
La portavoz cuestionó al gobernador que “con qué moral puede pedirle a un trabajador que gana salario mínimo, que le va a eliminar sus pocos beneficios a cambio de una promesa de aumento de 50 centavos la hora en el 2019. Todo esto mientras derrocha el dinero del pueblo de Puerto Rico pagando en salarios a sólo 4 personas sobre 1.5 millones anuales, sin contar con los jugosos beneficios que ganan y los millonarios contratos que están otorgando.
Por su parte, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) tronó contra la nueva propuesta de reforma laboral. El presidente del SPT, Roberto Pagán, catalogó la propuesta de “puñalada” a las familias trabajadoras. INS

P. Rico-UPR presenta su plan fiscal a la Junta de Control Fiscal, con aumento en la matrícula y consolidación de las unidades
San Juan, 22 mar (INS).- El presidente de la junta de gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Walter Alomar Jiménez, anunció a la comunidad universitaria que ese organismo presentó ayer a la Junta de Control Fiscal el plan que regirá las finanzas de la institución por los próximos cinco años.
“Presentamos un plan que permitirá que la Universidad se mantenga estable financieramente y sea una institución sostenible, más eficiente y menos burocrática”, indicó Alomar Jiménez.
El plan incluye un incremento escalonado en la matrícula en un periodo de cinco años. Según estudios de la institución, cerca del 30% de los estudiantes cuenta con capacidad económica para pagar sus estudios universitarios. “Brindaremos ayuda a quien no cuente con recursos suficientes, esto incluye a estudiantes de clase media, pero aquel que tiene la capacidad económica, debe aportar. De esta manera se crea un balance”, añadió el presidente.
Ante los recortes en el presupuesto proyectados en el plan fiscal, Alomar Jiménez explicó que la administración universitaria ha asumido la mayor parte de la reducción mediante ahorros, ajustes administrativos y eficiencia fiscal; estas medidas lograrán un ahorro de $160 millones en el primer año.
“Con el plan aprobado se evitará el cierre de recintos, el despido de empleados y que toda la carga recaiga en los estudiantes o en un solo sector de la comunidad universitaria”, afirmó el presidente.
Además, informó que la JG evaluará tres modelos de consolidación de las funciones administrativas y académicas de los recintos y unidades; esta consolidación generará un ahorro de $50 millones.
Asimismo, el presidente de la Junta de Gobierno destacó que “la UPR continuará siendo la opción más accesible y económica para el pueblo de Puerto Rico, ya que el costo por crédito seguirá siendo menor que en las instituciones privadas en la isla. Además, crearemos un fondo de becas, adicionales a las existentes, para ayudar a los estudiantes con necesidad económica a sufragar sus estudios”.
Alomar Jiménez remitió el documento a la comunidad universitaria por el correo electrónico institucional, para que puedan evaluarlo en su totalidad. Además, anunció que próximamente estará accesible en el portal de internet de la UPR (www.upr.edu). INS

P. Rico-Renuncia segundo director del Sistemas de Emergencias de esta administración
San Juan, 22 mar (INS).- El secretario de Seguridad Pública, Héctor M. Pesquera, informó ayer en comunicado de prensa que renunció el comisionado del Negociado del Sistemas de Emergencias 9-1-1, Ángel Sostre Cintrón.
En el comunicado se indica que fue “por razones personales y familiares”.
La renuncia fue presentada el pasado 16 de marzo y es efectiva este próximo 30 de marzo de 2018.
Sostre Cintrón agradeció la oportunidad de trabajar al mando del Negociado, por el apoyo y la confianza brindada para ocupar el puesto.
“Deseo agradecer la oportunidad que me ha brindado para prestar mis servicios profesionales en el Sistema de Emergencias 9-1-1. Realmente ha sido un paso de crecimiento profesional y un privilegio realizar las aportaciones importantes en el servicio público. Desde que fui designado como comisionado del Negociado del Sistemas de Emergencias 9-1-1, recibí su apoyo para encaminar efectivamente los trabajos de dicha dependencia bajo la estructura del Departamento de Seguridad Pública”, reza la misiva del licenciado Sostre Cintrón.
Pesquera le reciprocó el agradecimiento al expresar él su agradecimiento por sus labores realizadas desde que fue nombrado comisionado del Negociado el pasado 8 de enero de 2018.
“Agradezco la labor y el trabajo realizado por el licenciado Sostre Cintrón como comisionado del Negociado del Sistemas de Emergencias 9-1-1. Hizo un gran trabajo y le deseo el mayor de los éxitos en todas sus encomiendas y proyectos futuros”, declaró Pesquera.
Sostre Cintrón es el segundo director en el 9-1-1 en esta administración, luego de que se despidiera a Héctor Torres Calderón del puesto que ocupó de enero a noviembre bajo fuerte investigación por su conducta.
En el pasado cuatrienio hubo tres directores, uno fue cesanteado, el otro tuvo que renunciar bajo fuerte presión por malos manejos administrativos y el tercero fue interino por meses antes del cambio de gobierno. INS

P. Rico-En querella ética se solicita investigación contra jueza de apelaciones, esposa de la jueza presidenta del Supremo
San Juan, 22 mar (INS).- Una querella ética fue presentada ayer contra la jueza del Tribunal de Apelaciones Gina Méndez por su desempeño en un sonado caso que trascendió públicamente en los medios de comunicación y que involucró a su esposa, la jueza presidenta del Tribunal Supremo (TSPR) Maite Oronoz, y tangencialmente a una abogada que es la mejor amiga de estas, y cuyo bufete en el que tiene participación de capital litigó el caso contra la querellante.
La querellante Maribel Maldonado Martínez había ganado en el tribunal de instancia un caso contra la empresa de seguros de salud Humana por despido injustificado y represalias, luego de un juicio de ocho días. El caso fue recurrido al Tribunal de Apelaciones por Humana, donde un panel encabezado por la juez Méndez, quien fue la juez ponente, revocó la determinación del tribunal inferior.
Maldonado Martínez acudió al Tribunal Supremo y un panel, del que formó parte la jueza presidenta Maite Oronoz, denegó ver el caso. Cuando la abogada de Maldonado se enteró de la participación de la jueza presidenta en ese panel, no le solicitó que se inhibiera, pero sí que la reconsideración de su caso fuese al menos vista por el pleno de nueve jueces y no solo por un panel de tres jueces del TSPR.
Oronoz lo descartó y negó que revisar una sentencia de su esposa forjase un conflicto de intereses. En ese momento trascendió públicamente el asunto y días después Oronoz se revocó y se inhibió de ver el caso.
A ese momento, otros detalles del caso ya había surgido y los cuales agravaron la percepción de objetividad judicial. La agencia Inter News Service (INS) supo que Méndez, quien está asignada al panel apelativo de Humacao, fue prestada para que encabezara el panel de San Juan, al que le corresponde ver el caso, para que atendiera la apelación de ese caso. Para eso se eximió de atender el caso al miembro del panel Roberto Sánchez Ramos. Méndez sostuvo en su determinación que el tribunal de instancia apreció mal la prueba. Curiosamente el juez Polanco, que había visto el juicio en Instancia, era un conocido abogado patronal de un bufete de Hato Rey.
También se supo que la abogada y amiga cercana de las juezas Oronoz y Méndez, Shiara Diloné Fernández, es socia capital del bufete que defiende a Humana en este caso, cuyo abogado de récord es Carl Schuster Aguiló, quien también es socio capital del bufete patronal Littler.
La querellante, cuyo caso aun está en el TSPR, indicó en su querella que se enteró por la sentencia de la corte de apelaciones que se colocó a Méndez por una orden administrativa de la jueza presidenta y se separó Sánchez Ramos, que ya había estado trabajando ese caso.
“La sentencia de la juez Gina Raquel Méndez Miró resultó ser tan increíble que parecía como si Humana hubiese propuesto su contenido”, alega la querellante. Es decir, como si hubiese sido un proyecto de sentencia preparado por una de las partes, como suele suceder en casos civiles, en el que se le pide al ganador del caso que prepare un proyecto de sentencia.
Maldonado Martínez solicitó, luego de investigar el caso, que el Tribunal Supremo investigue “si el bufete de Schuster Aguiló tiene como socia capital a la abogada Shiara Diloné Fernández, que es una de las mejores amigas de la juez presidenta del Tribunal Supremo, que emitió la orden de remover al juez Sánchez Ramo, quien ya llevaba tiempo manejando mi caso, para sustituirlo por la juez Gina Raquel Méndez.
También la querellante solicitó del alto foro que investigue si la amistad de Diloné con la jueza presidente del Tribunal Supremo y Gina Raquel Méndez tiene sobre 20 años. Indica que en la ceremonia de Oronoz en el cargo Diloné Fernández se dirigió al público, según varias fotos del momento aparecidas en los medios.
En su tercera solicitud, la querellante señala que “por información y creencia entiendo que la juez Gina Méndez en algún momento de su carrera profesional llegó a tener contacto directo, no sé si como interna de verano o como empleada regular con el bufete Schuster Aguiló”. Precisamente, los abogados de Humana.
“Me causa mucha suspicacia las relaciones tan estrechas y tan cercanas entre Gina Méndez, Maite Oronoz, Carl Schuster y Shiara Diloné”, manifiesta en la querella Maldonado Martínez.
La querellante solicitó que se investigue por qué la jueza presidenta Oronoz, “íntima amiga del socio capital Carl Schuster, abogado de Humana, removió de un panel ya constituido y llevaba mucho tiempo manejando mi caso al juez Sánchez Ramos, para sustituirlo por la otra mejor amiga de Shiara Diloné, la juez Gina Méndez Miró, para que fuera la juez ponente de la sentencia emitida”. Describió esto como “movimientos irregulares”.
Indicó la querellante que “hay demasiados lazos estrechos entre la juez Méndez Miró y la representación legal de Humana”.
Maldonado Martínez afirmó en su querella presentada ayer que Diloné Fernández “se iba a ver afectada con su distribución de capital si Schuster Aguiló perdía un cliente tan importante como Humana”.
La querellante afirmó además que la sentencia de Méndez “no cuadra, tergiversa muy acomodaticiamente para Humana los hechos que realmente sucedieron”.
Indicó que lo menos que pudo hacer Méndez fue divulgar sus lazos con el bufete o con su mejor amiga de ese bufete, y “que le debió haber merecido inhibirse de ver mi caso en el Apelativo”.
En este momento, el TSPR investiga la conducta ética del juez Rafael Ramos Sáenz, identificado con el PNP. INS

P. Rico-Ramos Sáenz no comparece a vista por investigación de la CEE
San Juan, 22 mar (INS).- El expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), juez Rafael Ramos Sáenz, no compareció ayer a una vista por la investigación que lleva a cabo esa dependencia pública en torno al caso del chat en el que se vio involucrado el funcionario y que motivó su renuncia.
Ramos Sáenz fue citado vía correo certificado y mediante diligenciamiento personal, para declarar ante el comité investigador de la CEE, pero decidió no comparecer sin dar aviso ni excusarse, informó la comisionada electoral del Partido Independentista Puertorriqueño(PIP), María de Lourdes Santiago.
Según Santiago, esta conducta “lanza más dudas y sospechas sobre las actuaciones que le son imputadas”.
Sobre el caso, el pasado 22 de febrero el exalcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, y la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos, acudieron a Justicia para ser interrogados.
Tanto Vega Borges como Burgos fueron citados luego de que compareciera el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, quien denunció el caso del chat del expresidente de la CEE.
Ramos Sáenz, a raíz de la denuncia, renunció a su cargo debido a los señalamientos del legislador sobre supuestas violaciones al Código de Ética de la Rama Judicial.
El pasado 6 de enero, Ramos Sáenz dejó su puesto y es investigado por Justicia.
La renuncia se dio luego de acusaciones hechas por el senador Torres, sobre las actuaciones de Ramos Sáenz cuando ejerció como juez presidente de la local de Moca.
Según ha trascendido, existen mensajes de diálogos entre el ahora expresidente de la CEE, Itza García (actual subsecretaria de la Gobernación) y Waleska Maldonado (directora de la Administración para el Sustento de Menores), en los que el exfuncionario supuestamente viola los cánones de ética judicial.
Torres ha indicado que Ramos Sáenz habría intervenido de forma activa en la campaña del Partido Nuevo Progresista (PNP) y consultado determinaciones como juez.
La comisionada del PIP denunció ayer la actitud “obstaculizadora” del PNP en la investigación interna de la CEE.
“El comité designado para realizar la investigación está compuesto por los comisionados electorales alternos de los tres partidos. Ante la propuesta de nuestro comisionado alterno, eAdrián González Costa, para citar a la comisionada Burgos, el representante del PNP se opuso. Corresponde ahora a la comisión en pleno, resolver la controversia suscitada en el Comité Investigador”, apuntó.
Añadió que “la comisionada Burgos no tuvo problemas con declarar ante el Departamento de Justicia, un foro al cual se le ha imputado conflicto de intereses y que, de hecho, no ha cumplido con el plazo de 30 días que el Senado le había concedido para la investigación. Sin embargo, cuando se requiere que conteste preguntas en un proceso en el que participan los partidos de oposición, su comisionado alterno se opone”. INS

P. Rico-Decretan duelo por el fallecimiento de Sergio Peña Clos, exvicepresidente del Senado
San Juan, 22 mar (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares decretó un día de duelo por el fallecimiento del exvicepresidente del Senado Sergio Peña Clos.
“Nuestra solidaridad con la familia del exvicepresidente del Senado, Sergio Peña Clos. Las banderas ondearán a media asta este viernes en reconocimiento a una vida dedicada al servicio público desde la Asamblea Legislativa”, informó el primer mandatario.
Peña Clos fue elegido senador por acumulación por el Partido Popular Democrático (PPD) en 1980 y elegido vicepresidente de este Cuerpo Legislativo. Fue reelegido en 1984 y siguió ocupando la vicepresidencia del Senado hasta 1988. También fue reelegido en los comicios de 1988 y 1992.
En la elección general de 1996 fue elegido otra vez al Senado, esta vez en la papeleta de Partido Nuevo Progresista (PNP). En esta ocasión presidió la Comisión de Ética Gubernamental y Contra la Corrupción. Igualmente presidió una comisión que reinvestigó los sucesos del caso Maravilla y evidenció que en las previas investigaciones senatoriales se suprimió evidencia que contradecían la tesis del gobierno del PPD de que los jóvenes fueron entrampados por la Policía.
De hecho, en estas nuevas vistas los propios policías que mataron los jóvenes indicaron cómo realmente ocurrieron los hechos. También surgió evidencia de actos de corrupción y manipulación de otra evidencia en las pasadas vistas de Maravilla.
Peña Clos, descrito como un gran orador y de gran inteligencia, había sido un reconocido abogado criminalista. También deslumbró su capacidad para echar mano de refranes de antaño para destacar sus puntos de vista.
Fue reelegido senador en las elecciones de 2000.
De ideas independentistas, luego militó en el PPD -que apoya el territorio colonial- y terminó sus días defendiendo la estadidad para la Isla. Peña Clos falleció este martes a los 90 años. INS
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