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San Juan, 12 mar (INS).- La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) rechazó hoy la “intervención” de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR), lo que según la organización “afectará el acceso a la educación superior pública y el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico”.
José Rivera Caballero, presidente de la APPU, expresó que las recientes expresiones de la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, en torno a que ni los aumentos propuestos al costo de estudio ni los recortes de gastos son suficientes ahorros, y que se debe considerar el cierre de hasta cinco recintos, “solo demuestran el poco conocimiento que tienen sobre la función y el impacto del sistema de la UPR en la Isla”.
El portavoz señaló que de acuerdo con el Centro de Información Censal de la UPR de Cayey, los recintos han jugado un papel esencial en las economías de los municipios en donde se encuentran. Consignó que para febrero de 2017, en diez de los 15 municipios con mayor productividad económica en el país había un campus de la UPR.
Recordó, además, que el actual presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, José Caraballo Cueto, “recientemente identificó que son los recintos de la UPR la única estrategia económica de envergadura para llevar desarrollo económico al interior del país y evitar aún más concentración en el área metropolitana”.
Ante estos datos, Rivera Caballero insistió en la UPR como pieza clave para la reconstrucción de los municipios del interior luego de los estragos causados por los huracanes Irma y María.
“Hoy más que nunca Puerto Rico necesita de una universidad pública accesible”, aseguró.
El presidente de la APPU manifestó que “mientras el gobernador le exige a la UPR justificar su existencia, nuestra Asociación ha presentado evidencia contundente del impacto socioeconómico del sistema de la UPR y de cómo el gobierno gasta cientos de millones de dólares en subvenciones a empresas que no tienen un impacto en la economía del país. A estas empresas no se les exige rendir cuentas”.
Agregó que “o el gobernador no dispone de la información necesaria, o se están usando dos varas para justificar el mantengo contributivo de algunas empresas privadas a costa del derecho a la educación”.
La APPU ha denunciado que en el borrador del plan fiscal del gobierno que se entregó a la JSF el pasado febrero no se considera la necesidad de revisar las leyes de incentivos contributivos para identificar aquellos que representan un gasto multimillonario al pueblo de Puerto Rico, pero que no tienen ningún impacto para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico.
“Sin embargo, la UPR es la primera universidad del país, superando en cualquier renglón las ejecutorias de las demás universidades privadas. El pueblo de Puerto Rico debe estar orgulloso de su universidad, la que ofrece la mejor educación universitaria al costo más bajo. Esto es un éxito de nosotros como pueblo”, expresó el vocero de la Asociación.
Para el presidente de la APPU, “es completamente irracional que se imponga una reducción de la inversión gubernamental en la UPR de más del 50%, cuando el gobierno puede ahorrar incluso una cantidad mayor sin afectar el desarrollo económico ni el derecho a la educación en nuestro país”.INS
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