Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el viernes 2 de marzo de 2018
P. Rico-Se inhibe la jueza presidenta de revisar un caso en que su esposa fue la jueza ponente
San Juan, 2 mar (INS).- La jueza presidente del Tribunal Supremo (TSPR), Maite Oronoz Rodríguez, se revocó a si misma y decidió ahora inhibirse de ver la revisión de un caso en la que su esposa, la jueza de Tribunal de Apelaciones Gima Méndez, fue la juez ponente.
Hace unas semanas, Oronoz resolvió no inhibirse de ver un caso de despido injustificado contra la aseguradora Humana. Ese caso lo había ganado la demandante Maribel Maldonado Martínez en el Tribunal de Instancia de San Juan, En la apelación, la juez del apelativo Gina Méndez revocó a Instancia, y en la revisión sostuvo su determinación.
Los abogados de la demandante, Nanette Rickenbach y José Ayala Santana, acudieron al Tribunal Supremo y un panel de tres jueces, que incluyó a Oronoz, sostuvo al Apelativo. La defensa entonces solicitó a la jueza presidente que fuera el pleno del Tribunal Supremo, es decir, los nueve jueces de esa corte, los que pasaran juicio sobre la reconsideración, en vista de que Oronoz habría estado revisando una determinación de su propia esposa, lo que para lso demandantes es un claro conflicto de intereses.
Esta solicitud de los demandantes la denegó la jueza presidente y afirmó que no se inhibiría, aunque los demandantes no habían pedido la inhibición, sino que pasase al pleno la revisión.
Sin embargo, luego de varios días, al trascender públicamente todo este asunto en un diario de circulación nacional (El Vocero), ayer, la jueza presidente reconsideró su anterior denegatoria y, al acoger la petición de los demandantes como una solicitud de inhibición, decidió no participar en esa revisión.
Por ello, seleccionó a la jueza asociada del TSPR Anabelle Rodríguez para que encabece un panel especial, cuya composición esta jueza asociada determinará, para que evalúe la revisión de la determinación judicial de la jueza apelativa Gina Méndez desestimando la demanda contra Humana.
“Reexaminada la solicitud de la peticionaria (Maribel Maldonado Martínez) que fuera acogida como una moción de inhibición, se reconsidera la resolución que se emitió el 9 de febrero de 2018, con el propósito de disponer para la no intervención de la jueza suscribiente (Oronoz)”, resolvió ayer la jueza presidente.
Entonces, resuelve la controversia al remitir “el presente asunto al juez asociado o la jueza asociada de mayor antigüedad hábil para que designe a otro juez u otra jueza para constituir la sala especial que habrá de atender la primera moción de reconsideración de la peticionaria” (la demandante).
Sin embargo, aparentemente la controversia está lejos de terminarse con la determinación de ayer de Oronoz.
La agencia Inter News Service (INS) supo que el hecho de que Oronoz y Méndez sean un matrimonio, y una revise las determinaciones de otra, como llegó a ocurrir en este caso, es solo parte de la controversia.
Hasta este momento, los defensores de los derechos de la demandante Maribel Maldonado Martínez, los abogados Nanette Rickenbach y José Ayala Santana, solicitaban que sea el pleno del Tribunal Supremo el que revise la determinación en la que participó la jueza apelativa Méndez contra su cliente.
Oronoz insistió en asignar a un panel, no al pleno, dicha revisión, solo que no participará del panel.
Sin embargo, INS supo que, más allá de que la jueza Méndez Miró y la jueza presidenta Oronoz sean un matrimonio y podría configurarse la apariencia de un conflicto de intereses o una indeseabilidad de que ambas participen en resolver un mismo caso, como plantearon los abogados de la demandante, hay un elemento anterior a estos que hasta hubiera podido provocar la inhibición de la jueza Méndez Miró en el caso por despido injustificado en el que fue la magistrada ponente de la determinación.
El problema que ahora se plantea es que la abogada Shiara Diloné Fernández es socia del abogado Carl Schuster, que es representante legal del demandado Humana Insurance, una poderosa empresa del país.
Diloné Fernández es una gran amiga de Méndez y Oronoz, y hasta llegó a dirigirse al público durante los actos de juramentación de Oronoz hace unos años.
Han sido amigas por más de 15 años, dijo Diloné Fernández en la ocasión especial, donde estuvo el gobernador Alejandro García Padilla y las más altas figuras políticas del país.
Algunos periódicos publicaron la foto de esta abogada hablando a la concurrencia y recogieron sus anécdotas de amistad con Oronoz.
Por otro lado, INS también supo que la jueza apelativa Méndez, para el momento en que el multinacional bufete Littler (antes Schuster-Aguiló) acudió al Tribunal de Apelaciones-panel de San Juan, era miembro del panel apelativo de Humacao.
Se colocó entonces a la jueza Méndez, en el panel de San Juan por una orden administrativa de la jueza presidente Oronoz, y terminó siendo también la magistrada ponente. Luego de ver el caso regresó a su panel de Humacao, se indicó a la agencia INS.
Méndez tenía apenas un mes como juez apelativa, pues el Senado la confirmó en diciembre de 2016 y fue asignada originalmente al panel de Humacao.
El caso ante el panel de San Juan se resolvió en 2017. Para colocar a Fernández en ese panel, se sacó de atender el caso al juez Roberto Sánchez Ramos, ex secretario de Justicia durante la administración de Aníbal Acevedo Vilá. Este continuó siendo miembro del panel, pero fue eximido de ver ese caso.
Sánchez Ramos también era otro juez novato, con apenas varios meses más que Méndez en el cargo. Al momento de ser confirmado en el Senado, en 2016, donde confrontaba problemas para su confirmación, la jefa de gabinete del presidente senatorial Eduardo Bhatia era precisamente Gina Méndez.
Diloné Fernández es miembro capital del bufete Littler, especializado en asuntos patronales y el más grande en el mundo en la práctica del derecho laboral representando a patronos, desde el 1 de enero de 2014.
Alega Maribel Maldonado Martínez, demandante, que no hubo una revisión justa e imparcial de su caso debido a la relación matrimonial entre Oronoz y la juez ponente Méndez Miró.
P. Rico-Índice de Bienestar 2018 refleja tétrico panorama de la niñez en la Isla y otorga una “D” para el país
San Juan, 2 mar (INS).- La inseguridad económica sigue afectando el desarrollo de la niñez y juventud, lo que representa un problema de derechos humanos y tiene un impacto en la sustentabilidad económica y fiscal del país.
Así lo establece el Índice de Bienestar y Juventud 2018, indicó Amanda Rivera Flores, directora ejecutiva del Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ), quien señaló que “debido a las tendencias de migración y nacimientos que estamos observando, los niños deben ser atendidos como población prioritaria en el contexto del desarrollo económico del país, por lo que debemos asegurar que los niños que nos quedan, tengan las oportunidades para desarrollar su pleno potencial humano”.
Durante la presentación, dirigida al sector gubernamental y a propulsores de política pública, y presentada en colaboración con la Comisión de Revitalización Social y Económica del Senado, que preside la senadora Zoé Laboy, se presentaron los resultados del Índice de Bienestar, una radiografía del estado de la niñez y la juventud, que por quinto año consecutivo otorga una “D” para el país.
“Con demasiada frecuencia escuchamos la frese que establece que los y las jóvenes son el futuro de nuestra Isla. Sin embargo, muy pocas veces hablamos de que esos y esas jóvenes están heredando el Puerto Rico que por generaciones se ha venido construyendo y que hoy día se encuentra atravesando por la mayor crisis económica y tal vez social de su historia moderna. Este informe del Instituto de Desarrollo de la Juventud se convierte en una herramienta vital para las y los representantes, senadores y senadoras, al momento de desarrollar proyectos de Ley dirigidos a atender las necesidades de nuestros y nuestras constituyentes más jóvenes”, expresó la senadora.
Laboy afirmó que ante los retos que representa la disminución de la población infantil en la isla, tras el paso del huracán María, es necesario concentrar recursos en atender esta población.
Además de comparar a Puerto Rico con las demás jurisdicciones de los Estados Unidos, el Índice contiene 27 indicadores en los que resalta cómo los aspectos económicos están siendo un factor adverso para el desarrollo de la juventud, revelando que el 56.5% de las niñas, niños y jóvenes viven bajo el nivel de pobreza.
Este año el instrumento refleja que en comparación con los estados y demás jurisdicciones de los Estados Unidos, Puerto Rico está en la peor situación (primer y segundo lugar) en 9 de los 27 indicadores.
La isla tiene el porciento más alto de menores en familias monoparentales (56.5%), niños bajo el nivel de pobreza (56.4%), familias con hijos donde al menos un padre está sin empleo (43.3%, se refiere a padres o madres desempleadas y fuera del campo laboral), jóvenes que no hacen actividad física a diario (32.2%), estudiantes entre noveno y duodécimo grado que no asistieron a clase por sentirse inseguros en el camino a la escuela (12%), nacimientos en bajo peso (10.6%) y jóvenes entre 16 y 19 años que no asisten a clases y están desempleados (2.4%).
Además, Puerto Rico tiene mediana de ingreso más baja en familias con menores de 18 años (20,292 dólares anuales), percentila más baja en la prueba de NAEP, con una puntuación de 183, y el cero por ciento de los estudiantes en cuarto grado arrojaron un aprovechamiento académico en matemáticas proficiente y avanzado.
Por otro lado, Puerto Rico tiene el porcentaje más bajo de jóvenes que reportan haber considerado seriamente un intento de suicidio (12.3%), de los que reportan haber consumido marihuana reciente durante el último mes (6%) y de los que informan haber sido víctimas de “bullying” en el plantel escolar (10%).
Igualmente, los niños entre 3 y 4 años no matriculados en preescolar son el 67.4%.
En el Índice Municipal, los ayuntamientos con las peores condiciones son, en cuanto a menores bajo el nivel de pobreza, Maricao (78.9%), Las Marías (78.4%), Guánica (76.6%), Adjuntas (76.4) y Barranquitas 73.8.
Sobre la mediana de ingreso familiar con niños menores de 18 años, los peores municipios son Ciales ($8,371), Lajas ($9,407), Las Marías ($9,558), Adjuntas ($10,040) y Maricao ($10,339).
Respecto a familias con menores donde al menos un padre está sin empleo, la lista la encabeza Ciales (74.2%) y le siguen Patillas (73.8%), Guayanilla (70.0%), Adjuntas (69.3%) y Barranquitas (66.8%).
“Estos indicadores presentan la seguridad económica como la dimensión donde peor se ubica a Puerto Rico. Por eso es necesario transformar las condiciones que afectan a los niños, niñas, jóvenes y sus familias, para garantizar que tengan las oportunidades que les permitan mejorar su situación económica”, afirmó la directora ejecutiva del IDJ.INS
P. Rico-Gobernador anuncia entidades que participarán en la solicitud de propuestas para el plan de salud
San Juan, 2 mar (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció ayer las 16 entidades que participan en el proceso de solicitud de propuestas (RFP, siglas en inglés) para ser parte del nuevo modelo del plan de salud del Gobierno.
El primer ejecutivo destacó que el nuevo modelo establecerá una sola región a nivel Isla -que incluye Vieques y Culebra-, lo que facilitará el acceso a los servicios de salud.
Las entidades que participan en el proceso de RFP son APS Health, First Medical Health Plan, Golden Cross Health Plan, HPM Foundation, HealthproMed, Humana Health Plans of Puerto Rico, MCS Health Management Options y Migrant Health Center, Western Region.
También, participan MMM Multi Health, Molina Healthcare of Puerto Rico, Morovis Community Health Center, Plan de Práctica Médica Intramural-Escuela de Medicina UPR, Plan de Salud Menonita, Plan Medico Servicios de Salud Bella Vista, Primary Medical Groups of Puerto Rico, Servicios Médicos Integrados de Fajardo y Triple S Salud.
“Me llena de satisfacción saber que daremos comienzo a una nueva fase en los servicios de salud para los puertorriqueños, mediante una reforma enfocada en los beneficiarios, cónsono con lo que establecimos en el Plan para Puerto Rico”, sostuvo Rosselló Nevares.
De igual forma, comentó que “con esta nueva propuesta promovemos una sana competencia entre los administradores de las aseguradoras, entre otras características que redundarán en mejores servicios a la ciudadanía”.
La directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila Marrero, informó que las 16 entidades tienen hasta el 6 de abril de 2018 para presentar su propuesta para ser parte del nuevo sistema de salud.
Luego, se espera que la ASES haga la notificación oficial de intención de otorgamiento de contrato a las organizaciones seleccionadas el 5 de mayo de 2018.
Del 15 de junio al 8 de julio será el proceso de adjudicación.
Los contratos tienen que estar aprobados por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, siglas en inglés).
Esta es la primera vez que se registra un número tan alto de entidades del sector privado que muestran su interés y confianza en el proceso.
En el pasado se registraba un promedio de seis entidades interesadas.
Asimismo, se detalló que este es el primer proceso que permite a los grupos médicos y otras entidades competir con las aseguradoras.
Ávila Marrero aseguró que “el proceso para implantar el nuevo modelo de salud ha transcurrido de acuerdo con los planes de trabajo delineados para cumplir con el Plan para Puerto Rico y honrar el compromiso de esta Administración con la salud de los más vulnerables”.
La directora ejecutiva de ASES añadió que “la respuesta de las 16 entidades proponentes que aspiran a administrar el sistema de salud ha sido una histórica y que responde a la integridad con la que se ha administrado el proceso de solicitud de propuestas”.
La funcionaria también explicó que el nuevo modelo proveerá a los beneficiarios la opción de seleccionar al administrador del plan (la aseguradora) y la red de proveedores de su preferencia.
Por su parte, el secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, expresó que “este nuevo modelo tendrá como eje principal a los beneficiarios donde tendrán unas ventajas adicionales para el cuido de su salud”.
“Otra importante ventaja en este nuevo modelo es nuestro enfoque en la prevención y la educación, porque si prevenimos las enfermedades a tiempo tendremos un pueblo más sano y productivo para el beneficio de Puerto Rico”, sostuvo el titular de Salud.
De igual forma, el modelo presentado implementa modelos de cuidado para pacientes con ciertas condiciones de salud crónicas y condiciones de alta necesidad o alto costo (High Cost/High Need o HCHN, ssiglas en inglés), como: cáncer, diabetes, enfermedad renal terminal (ESRD, siglas en inglés), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD, siglas en inglés) con asma, hipertensión, insuficiencia cardiaca grave, enfermedad mental grave (SMI, siglas en inglés) y perturbación emocional severa (SED, siglas en inglés).
Además, el nuevo modelo de salud robustecerá los procesos de fiscalización y auditoría con el establecimiento de la Unidad de Control de Fraude de Medicaid (MFCU, siglas en inglés).
Del mismo modo, cumplirá con las medidas y los objetivos de contención de costos establecidos en el Plan Fiscal.
“Nos acercamos cada día a disponer de un sistema de salud mejorado que proveerá nuevas alternativas para atender a nuestros ciudadanos. Nuestros beneficiarios pueden estar tranquilos porque tendrán un modelo sustentable, que les garantiza una continuidad de servicios para un manejo más efectivo de las condiciones de salud”, manifestó Ávila Marrero.
EEUU-Comisionada residente señala que gobierno federal atendió reclamo de congresistas al extender moratorias de ejecuciones hipotecarias en Puerto Rico
Washington, 2 mar (INS).- La comisionada residente Jenniffer González Colón agradeció ayer a Ben Carson, secretario de la Vivienda federal (HUD, siglas en inglés), por haber accedido al reclamo que junto a otros compañeros congresistas hizo para extender las moratorias a ejecuciones hipotecarias, para áreas especificas impactadas por el huracán María.
La comisionada residente tuvo la confirmación de la extensión de la moratoria esta mañana, cuando recibió la llamada telefónica del propio secretario de Vivienda federal, Ben Carson, junto a la subsecretaria de Vivienda federal, Pamela Hughes Patenaude, quien estuvo recientemente en Puerto Rico para el anuncio de la asignación de 1,500 millones en fondos de recuperación para la isla.
González Colón lideró un esfuerzo bipartita junto al congresista por Florida, Darren Soto, y la delegada de Islas Vírgenes, Stacey Plackett, que incluyó a otros 22 congresistas donde le solicitaron a HUD una extensión en la moratoria de ejecuciones hipotecarias en Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
HUD atendió el reclamo de los congresistas al anunciar ayer que está extendiendo el periodo actual de 180 días para moratorias de ejecuciones hipotecarias por el Huracán Maria por 60 días adicionales.
La extensión está relacionada a la fecha de declaración de zona de desastre y aplica solamente a áreas de asistencia individual dentro de las zonas de desastre en Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
La medida aplica a hipotecas FHA Título II para prestamistas, cuya propiedad o lugar de trabajo se encuentra en zonas de desastre declaradas por el presidente de Estados Unidos en Puerto Rico e Islas Vírgenes y a la iniciación de ejecuciones hipotecarias así como ejecuciones hipotecarias que se encuentran actualmente en procesamiento.INS
P. Rico-Educación declara excedentes a numerosos maestros, que son removidos de escuelas
San Juan, 2 mar (INS).- Numerosos maestros, en horas de la madrugada de ayer, comenzaron a recibir comunicaciones del Departamento de Educación declarándolos excedentes y removiéndolos de sus planteles.
Esto ocurre después de que la secretaria de Educación, Julia Keleher, notificara el miércoles en la tarde mediante un memo la “política pública para establecer procedimiento especial para la asignación o designación del personal docente”.
La información la dio a conocer Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), quien opinó que la medida “es un atropello al magisterio que vive bajo la constante tensión e inseguridad”.
En la región de Bayamón maestros de la escuela Rafael Hernández fueron removidos y citados a las oficinas de la región educativa el 5 de marzo, a las 8:00 de la mañana.
“En el caso de los niños y niñas de kinder el Departamento de Educación pretende asignarle a una sola maestra dos grupos, uno en la mañana y otro en la tarde. Esto le recortaría el periodo lectivo a los estudiantes de seis a tres horas, afectándolos en su desarrollo”, sostuvo Martínez Padilla.
“Los restantes grupos afectados tendrían sobre 30 estudiantes por salón, creando un problema de hacinamiento que afectaría el aprovechamiento e imposibilitaría la enseñanza individualizada”, añadió.
Fueron declarados excedentes también maestros de las escuelas Epifanio Fernández de Bayamón, Cristóbal Colón de Bayamón, Padre Aníbal Reyes De León de Hatillo y de la Elemental Urbana de Vega Alta, “entre otras muchas”, afirmó la portavoz.
“Basta ya de mentirle a la gente. La reforma educativa y los cambios en el Departamento de Educación no son para mejorar la calidad de la educación de los niños. Son maneras de ahorrar a costa de quienes deben ser el centro de nuestra gestión”, planteó la líder magisterial.
La Federación de Maestros llamó a los padres y madres a “oponerse a este atentado contra sus hijos e hijas” y convocó a asistir a una manifestación este sábado, a las 10:00 de la mañana, en el Capitolio, donde se celebran las audiencias públicas sobre la reforma educativa del gobierno. INS
P. Rico-Coalición 8 de marzo asegura que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres no representa los intereses de la mujer y pide que se disuelva
San Juan, 2 mar (INS).- La Coalición 8 de Marzo denunció ayer la gestión de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) al alegar que incumple con sus funciones de velar por la protección de los derechos humanos de las mujeres.
Según las integrantes de la Coalición de diversas organizaciones feministas, la OPM ha renunciado a la autonomía de líneas político-partidistas y las facultades de fiscalización, investigación, reglamentación y adjudicación en beneficio de las mujeres conferidas por su ley habilitadora, ”por lo que se hace necesario eliminar esta estructura que ya no responde a las necesidades diversas de las mujeres”, se indica en un comunicado de prensa.
Las expresiones surgieron durante una manifestación llevada a cabo frente a la OPM ayer, como parte de las actividades camino al Paro de Mujeres a celebrarse el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Según Sara Benítez, portavoz de la Coalición, los movimientos de mujeres en Puerto Rico han sido medulares en el desarrollo de estructuras de protección de los derechos de las mujeres -tales como la Comisión para Asuntos de la Mujer hasta la misma creación de la OPM.
Sostuvo que existe “un claro mandato” en la Ley 20 de 2001 para reconocer el papel de las organizaciones feministas y de servicios a las mujeres para identificar y recomendar candidatas para el puesto. Sin embargo, este ha sido ignorado por la Legislatura y La Fortaleza.
“Desde el 2008 y luego de que la licenciada María Dolores Fernós renunciara al cargo, las organizaciones, entidades y mujeres en carácter individual nominaron candidatas al puesto. Sin embargo, desde la Legislatura y La Fortaleza se han negado a confirmar a las candidatas. Las expresiones, en ocasiones con fundamentos religiosos, homofóbicos y lesbofóbicos, de ambas ramas gubernamentales nos han obligado a mirar con preocupación el futuro de la OPM”, dijo
Opinó que la OPM ha estado dominada desde entonces “por los vaivenes político-partidistas, la falta de participación ciudadana, poca transparencia en su distribución de fondos, débil fiscalización y una maltrecha relación con las organizaciones de mujeres, quienes durante décadas han trabajado por la equidad de género en la Isla”, denunció Benítez, una feminista y profesora.
Por su parte, Edda López Serrano, también portavoz de la Coalición, enumeró múltiples denuncias sobre las ejecutorias de las mujeres que han ocupado el puesto de Procuradora.
Entre otras, señaló que el Consejo Consultivo no tiene funciones fiscalizadoras ni directivas y que desde hace varios años luce inoperante y que se han concentrado presupuesto y energías a proveer servicios directos que no están contemplados en la Ley que creó la OPM.
Asimismo, denunció que en la distribución de fondos y servicios se duplican servicios en algunas zonas, mientras que otras están descubiertas.
Por otro lado, explicó que las reuniones de Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia Domestica y Sexual (CNEV) no se realizan puntualmente, con una agenda clara, sin incluir sesiones de trabajo y análisis.
“Este manejo de la OPM va en contra de lo que se espera de una entidad de derechos humanos y de los lineamientos de los fondos VAWA (Violence Against Women Act). En el contexto de estas discusiones, la Procuradora anterior citaba a representantes de las organizaciones y presionó a directoras para que asumieran posturas a su favor. Además, en varios años no se anunciaron los donativos asignados a cada organización. Muchas directoras interpretaron estas acciones como una forma de silenciarlas”, añadió Benítez.
Resaltó López Serrano que varias ocasiones, la pasada Procuradora (la actual secretaria de Justicia Wanda Vázquez) citó a directoras para confrontarlas con sus posturas en relación a la OPM o proyectos de ley.
“En el 2014 amenazó a albergues con retirarle fondos luego de que depusieron en vistas públicas sobre proyecto de fusión con el Departamento de la Familia y propusieran una reestructuración de la OPM fusionando su área administrativa con otras procuradurías”.
Las portavoces también incluyeron entre sus denuncias la falta de actualización y publicación de los informes de rendición de cuentas sobre la gestión realizada en la Procuraduría y la ausencia de estudios que viabilicen planes de trabajo para establecer los servicios prioritarios para las mujeres.
Además, señalaron que hay una denuncia en contra de la OPM de parte de la líder feminista Aida Iris Cruz sobre plagio y hurto de derechos de autor del curso de intercesoría Legal.
“En el pasado, este curso estaba diseñado y ofrecido a base de la experiencia acumulada por profesionales que acompañan a sobrevivientes de violencia de género”, aclaró López Serrano.
“Es evidente que nuestra conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora estará enfocado en la construcción de un futuro en el que no hay espacio para la Oficina de la Procuradora de las Mujeres”, añadió López Serrano
Las activistas aprovecharon para convocar a todas las mujeres a que se unan al Paro de Mujeres, convocado por la Coalición 8 de marzo, el próximo jueves 8 de marzo de 2018.
P. Rico-Paralizan las guaguas de Transporte Pacheco, que intentó cruzar un río con estudiantes adentro del vehículo con problemas de frenos y sin marca millas
San Juan, 2 mar (INS).- La Comisión de Servicio Público (CSP) emitió ayer una orden de cese y desista contra la empresa de transporte escolar Transporte Pacheco, propiedad de Graciano López Ortiz.
Se les imputa violación en la operación del conductor e infracciones a la Ley del Código Federal 7470 de Transporte Comercial, al trasladar un vehículo escolar con estudiantes a bordo a través de un río en el municipio de Morovis.
El director ejecutivo de la CSP, Julio Sepúlveda, explicó que luego de recibir una notificación del Departamento de Educación sobre las acciones negligentes del transportista de la compañía, Juan Efrén Ortiz Aponte, se procedió a movilizar inspectores de la agencia para investigar e intervenir con los vehículos de la empresa.
Mediante las inspecciones de rigor, funcionarios de la CSP indicaron que el transportista no contaba con un certificado médico vigente, lo cual es requisito de la comisión para poder operar unidades de transporte comercial.
“Las violaciones de la compañía a las leyes y reglamentos que esta agencia regula no pueden ser tomadas de manera superficial, y más aún al poner la vida de menores de edad en riesgo. La comisión ha sido diligente en ofrecer orientación a nuestros concesionarios sobre la importancia de cumplir con todos los parámetros de seguridad”, aseguró el funcionario.
Al inspeccionar la guagua escolar que transitó en medio de un río en Morovis, funcionarios de la CSP encontraron violaciones como deficiencia mayor en los frenos del vehículo, luz de tablilla inoperante, inspección anual de mantenimiento y reporte de inspección diario no estaban actualizados, y el marca millas se encontraba inoperable.
Los inspectores declararon la unidad fuera de servicio al no cumplir con los requisitos para poder operar. Además de las infracciones relacionadas con el peligroso acto en Morovis, funcionarios de la Comisión encontraron que varios vehículos de la empresa se encontraban en incumplimiento por violaciones mecánicas.
Como parte del procedimiento administrativo, el director ejecutivo de la CSP informó que se pautará fecha para una vista en la que se tramitarán las multas por las infracciones que se encontraron luego de llevar a cabo las debidas inspecciones.
Asimismo, advirtió que, de no cumplir con la orden emitida por la CSP, la compañía podría estar sujeta a sanciones adicionales y otras penalidades. INS
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