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San Juan, 1 mar (INS).- En la quinta audiencia pública de la Comisión de Educación y Reforma Educativa deponentes coincidieron en que aunque la ley se la nombra como reforma educativa, la iniciativa más bien una reforma administrativa y fiscal. Así la catalogaron el profesor Carlos Chardón, la excandidata a la gobernación Alexandra Lúgaro y el doctor Rafael Cartagena ante el presidente de la Comisión, Abel Nazario Quiñones.
“Hago bien claro que nosotros no estamos considerando una reforma educativa, sino una reforma administrativa del Departamento de Educación que no se dirige a la docencia. Yo estoy completamente claro que este es un paso habilitador de una segunda reforma que es la docente,” precisó Chardón.
Mientras, Lúgar dijo que “tengo preocupaciones con el proyecto con aspectos académicos. La reforma no atiende los problemas educativos ni curriculares. Para mi la educación es lo más importante de este País, mucho más que la crisis fiscal”.
Ante esto, Nazario Quiñones explicó que habiendo recogido sus enmiendas aún falta presentarlas ante el comité de la Comisión y ambos cuerpos legislativos hasta que llegue al gobernador.
Además, señaló que aunque hay personas que les preocupan las enmiendas en el proyecto, el mismo proceso legislativo permite enmendarse y cambiarse para luego llevarse al pleno, esto sin que se cambie el concepto primordial.
Lúgaro y Cartagena fueron enfáticos en que sobre la figura del superintendente se debe definir y requerir las competencias académicas sobre docencia.
El proyecto legislativo establece que los requisitos a ostentar esta posición son tener estudios graduados y experiencia en finanzas y administración; necesitando establecerse las competencias en pedagogía según los deponentes.
Cartagena amplió que sobre las oficinas regionales educativas el concepto de simplificar la gestión administrativa es buena, pero sin embargo hay que darle autonomía de verdad: “El proyecto dice que ‘el secretario establecerá las guías’, la misiono y la visión que los superintendentes de oficinas regionales deberán utilizar en la administración y ejecución d los deberes establecidos por ley. Debe ser al revés, esto lo debe hacer el superintendente con la participación de la comunidad escolar de su región y la aprobación final del secretario”.
Asimismo, vio como positivo la reducción de 76 a 28 la figura del superintendente, la cual según él eliminaría un nivel completo de burocracia.
Lúgaro dejó en claro su disposición a colaborar para integrar la práctica dentro del salón de clases.
“Me parece importante que los estudiantes de pedagogía puedan estar presentes en el salón de clases desde su segundo año de universidad, eso levantaría los estándares y le daría al estudiante la noción completa de la profesión”, dijo el Senador.
Igualmente, exteriorizó que a su juicio uno de los problemas más grandes son los estándares que establecen las universidades sobre la profesión del maestro, que inciden en su sueldo, su valor en la sociedad, las pruebas estandarizadas que los certifican y su nivel de experiencia.
Chardón, exsecretario de Educación, favoreció la medida e interpretó que el comentario de que “la gente teme se vacíe el Departamento con la otorgación de vales” significa que “a juicio del pueblo, el Departamento no sirve”.
Ante esto, dijo estar convencido de que la agencia sería salvable si se permite que en la nueva estructura, maestros y directores manejen las escuelas y quitamos a los otros del medio, inclusive al secretario.
Además, planteó cómo decisiones anteriores han hecho que las familias pudientes migren a escuela privada y se ha creado una segregación de que solo lo que hagan sacrificios o puedan dar oportunidades a sus hijos mediante una educación privada. Esto, “para darle oportunidades que el Estado, con más recursos, no les provee en la escuela pública”, indicó.INS
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