P. Rico-Convocan a marcha contra las escuelas chárter para el 18 de marzo

San Juan, 27 feb (INS).- Un grupo de madres y padres de educación especial, organizaciones profesionales y de derechos humanos, unidos en el Movimiento por la Niñez y la Educación Pública, convocaron hoy a una marcha en protesta por los proyectos de privatización de la educación.
La marcha se celebrará el 18 de marzo, a las 10:30 de la mañana, y partirá de la Plaza de Armas del Viejo San Juan para llegar a La Fortaleza.
Carmen Warren, portavoz del Comité Timón del pleito de clase de Rosa Lydia Vélez, denunció el carácter discriminatorio de las escuelas chárter ya que, contrario a las escuelas públicas, “la ley les permitiría escoger sus estudiantes, imponiendo ciertas cualificaciones”.
Según Warren, el tema de “costo-efectividad” que predomina en la propuesta de la reforma educativa también perjudicarán “de forma más acentuada a los niños y niñas de educación especial, que según el conteo del pasado año sumaban 136,889. El 76.25% de estos niños están ubicados en corriente regular, junto a estudiantes típicos”.
Jinette Morales, madre y activista de educación especial, invitó a todos los sectores comprometidos con la niñez a solidarizarse con el movimiento y a participar de la marcha convocada para el 18 de marzo.
Indicó Morales que para que la propuesta del gobierno sea “costo-efectiva”, requerirá hacinamiento en las escuelas y los salones, lo que hará imposible que se cumpla con los requisitos de ubicación para niñ@s con diversidad funcional.
En tanto, la exsenadora María de Lourdes Santiago llamó la atención a la figura del “autorizador” que, según los proyectos de ley, podrá ser una universidad privada a la que se pagará con fondos públicos para que tome las decisiones sobre las chárter, sin que esas decisiones puedan ser revisadas, y a quien se le concedería inmunidad absoluta, es decir que no podrá ser demandado aunque sus acciones constituyan discrimen o causar daños, un privilegio que ni siquiera tiene el Estado.
José Torres, abogado del pleito de Rosa Lydia Vélez, cuestionó que el proyecto ignorara la sentencia por estipulación a cuyo cumplimiento viene obligado el gobierno.INS
lp