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San Juan, 23 jun (INS).- La Unidad de Control de Fraude al Medicaid formuló 173 denuncias contra un médico, un administrador de oficina médica y un laboratorio por presentar reclamaciones falsas y fraudulentas por más de un millón de dólares.
La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Lourdes Gómez Torres, informó que radicó 173 cargos criminales contra imputados de defraudar al Medicaid, un programa federal y estatal que ayuda a pagar los gastos médicos de personas de bajos recursos.
Como parte de esta iniciativa para combatir el fraude en los servicios de salud, el gobierno de Estados Unido, presentó acusaciones, en conjunto con otros gobiernos, como el de Puerto Rico, contra personas sospechosas por cometer fraude al programa Medicaid.
La Unidad de Control de Fraude al Medicaid del Departamento de Justicia de Puerto Rico, dirigida por el licenciado Luis Freire Borges, le imputó cargos a un médico, un administrador de oficina y un laboratorio clínico por ejecutar esquemas ilegales, por separado, mediante los cuales reclamaron falsamente al programa Medicaid y planes médicos, por la cantidad total de $1,704,122.75, logrando apropiarse de $1,012,448.04 en fondos públicos.
“Estos fondos federales existen para garantizar que miles de personas puedan acceder a servicios médicos esenciales, particularmente pacientes de escasos recursos, adultos mayores, personas con discapacidades y otras poblaciones vulnerables que dependen de esta ayuda para atender sus necesidades de salud”, expresó la secretaria de Justicia.
El primer caso fue presentado contra el Dr. Jorge Rodríguez Wilson, la corporación Wilson Orthopaedics Medical y Javier Ortiz Hernández, quien fungía como administrador de la oficina médica.
La fiscal Brenda Rosado Aponte formuló 81 cargos contra Rodríguez Wilson, que incluyen practicar la medicina de manera ilegal, someter y promover reclamaciones falsas al Programa de Medicaid, dispensar o recetar medicamentos controlados sin estar autorizado en ley, fraude y apropiación ilegal de fondos públicos.
Mientras, la corporación Wilson Orthopaedics Medical enfrenta 64 cargos de apropiación ilegal y fraude, en violación a los artículos 182 y 202 del Código Penal y el artículo 3.07 de la Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico.
Por su parte, Ortiz Hernández enfrenta 28 cargos por haber cometido fraude, falsedad ideológica y por practicar la medicina de manera ilegal.
La pesquisa estuvo a cargo de la fiscal Rosado Aponte junto a la agente Tania Mora Pagán, el agente especial Wallace Bustelo, de la Oficina del Inspector General de Salud federal, y el agente Melvin Vélez, miembro de un Taskforce del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).
Para el período que comprende del 4 de marzo de 2025 hasta el 31 de enero de 2026, y mientras mantuvo su licencia de médico suspendida, Rodríguez Wilson, por conducto de su corporación Wilson Orthopaedics and Rehabilitation Center y en su carácter personal, sometió reclamaciones falsas bajo las líneas de negocio de Medicaid, Medicare y Comercial.
El Dr. Rodríguez Wilson, aún con la licencia suspendida, trató, diagnóstico, examinó y facturó a los planes médicos. De igual forma, y durante el mismo período, el administrador en su oficina médica practicó de manera ilegal la medicina al examinar, tratar y diagnosticar pacientes.
Mientras, Ortiz Hernández preparaba documentos relacionados con la facturación médica de la oficina del Dr. Rodríguez Wilson, en total $1,590,058.21, resultando en una pérdida de $935,559.67, los cuales fueron pagadas a su cuenta bancaria.
La jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de Primera Instancia en San Juan, encontró causa probable para arresto contra los imputados por todos los delitos presentados por el Ministerio Público y le impuso una fianza global de $109,000. La vista preliminar fue señalada para el 29 de junio de 2026.
El segundo caso, presentado contra el Laboratorio Clínico del Pueblo, que ubica en el municipio de Guaynabo, por someter reclamaciones falsas y fraudulentas al Programa de Medicaid del Gobierno de Puerto Rico.
La fiscal Rosado Aponte formuló 19 cargos contra el imputado, que incluyen apropiación ilegal de fondos públicos y fraude al Programa Medicaid, al amparo de los artículos 182 y el 3.07 de la Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico, respectivamente.
Entre los meses de agosto de 2022 a mayo de 2023 el Laboratorio Clínico del Pueblo sometió reclamaciones fraudulentas a los planes médicos: First Medical, MMM Healthcare, Triple Salud y Plan de Salud Menonita por la cantidad de $114,064.54. Como parte del esquema se identificaron reclamaciones por pruebas de COVID-19 facturadas de forma repetitiva o consecutiva utilizando la información de algunos beneficiarios del Plan Vital.
El laboratorio facturó y cobró por servicios parcialmente falsos al programa de Medicaid, por la cantidad de $76,888.37, obviando el requisito de necesidad médica, así como con los criterios establecidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y adoptados por Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, entiéndase debidamente expedidos por el proveedor médico.
Como resultado, se facturaron servicios que no cumplían con los parámetros de cubierta requeridos, generando pagos indebidos por parte del laboratorio, afectando el sistema de salud financiado con fondos públicos.
La pesquisa estuvo a cargo de la fiscal Rosado Aponte junto a la agente Rosalía Berenguer Zurita del MFCU, y junto al agente Fernando Vázquez Barreto, de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. La jueza Arelys Ortiz Rivera, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa por todos los delitos imputados por el Ministerio Público. La vista preliminar fue señalada para el 1 de julio de 2026.
“Esta iniciativa permite visibilizar la labor especializada que realiza la Unidad de Control de Fraude al Medicaid y destacar el compromiso de nuestro equipo en la investigación y procesamiento de esquemas complejos de fraude que atentan contra los servicios de salud. Asimismo, reafirma la importancia del trabajo colaborativo para proteger los recursos públicos y garantizar la integridad de estos programas”, añadió la fiscal Rosado Aponte.
La Unidad de Control de Fraude al Medicaid de Puerto Rico recibe el 75% de su financiamiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Lo anterior, en virtud de una subvención de $1,029,428 para el año fiscal federal 2025-2026. El 25% restante, que totaliza $343,140 para el año fiscal 2025-2026, es financiado por el Gobierno de Puerto Rico.INS
ndc