P. Rico-SPU solicita en la corte federal una orden para obligar al gobierno a continuar dilucidando las reclamaciones de los trabajadores bajo quejas y agravios

San Juan, 17 ene (INS).- Servidores Públicos Unidos (Concilio 95 Afscme) sometió, a través de su unión internacional (la Federación Americana de Empelados Estatales, Municipales y de Condado) una moción en la corte federal en la que el sindicato solicitó una orden que establezca que las reclamaciones de los trabajadores a través del procedimiento de quejas y agravios bajo los convenios colectivos deben continuar ventilándose en los foros pertinentes.
Según la unión, a estos casos no les aplica la suspensión automática del título III de la Ley Promesa y deben continuar con su curso normal.
«Para nosotros es inaceptable que al día de hoy haya miles de casos, prácticamente todos detenidos en seco, por la afirmación errónea del gobierno de Puerto Rico de que éstos están sujetos a la suspensión prevista en la sección 301 (a) del título III de Promesa. La necesidad de una resolución justa y rápida de los procedimientos de quejas y agravios es urgente y aún más a raíz de los huracanes Irma y María. Estos casos están teniendo y continuarán teniendo implicaciones personales profundas que inciden en el bienestar de los empleados involucrados y sus familias. Y eso incluye la determinación de si se quedan o no trabajando en Puerto Rico”, sentenció Annette González, presidenta de SPU.
La moción, que se sometió ayer en conjunto con la «American Federation of Teacher (AFT)» y su unión local de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, también señala que esta acción del gobierno de establecer unilateralmente una suspensión de los casos de quejas, agravios y arbitraje, no solamente lo está haciendo con los casos previos a la petición de quiebra, sino también a los casos posteriores, lo que según el sindicato es una acción indebida y contraria a derecho y equidad.
La moción establece además que en los principales casos de quiebra en muchas industrias, los deudores del capítulo 11 han seguido cumpliendo con los procedimientos de reclamación y arbitraje sin poner en peligro su reorganización.
“De hecho, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no solo ha respaldado el uso de un procedimiento de reclamación y arbitraje para resolver disputas contractuales, sino que también ha restringido la participación del tribunal en tales disputas al imponer una deferencia judicial al proceso”, manifestó González.
Añadió que «en Puerto Rico, el Gobierno pretende negarle el derecho a un empleado a tener su día en corte. Aunque Promesa haya establecido una suspensión a algunos casos, esos no incluyen los nuestros de quejas y agravios, y además la misma Ley Promesa y el Código de Bancarrota, permite al tribunal levantar la suspensión para permitir que el proceso continúe. Y como representantes exclusivos de miles de empleados públicos estamos solicitándole al Tribunal que le ordene al Gobierno a continuar con el procedimiento ordinario de estos casos pre petición de quiebra al igual que con los casos pos petición de quiebra”.
También, en la petición, las uniones sometieron como alternativa el que el tribunal emita una orden levantando la suspensión automática en cuanto a los procedimientos de prepetición más urgentes, aquellos que involucran el despido o medidas disciplinarias a un empleado.
“Esto hasta que se pueda acordar un protocolo global para resolver todos los procedimientos de prepetición pendientes”, sostuvo la portavoz.
González se mostró esperanzada en que SPU va a prevalecer en la moción, “ya que al gobierno privar a los empleados de una audiencia oportuna y la resolución de arbitrajes y agravios envía a los empleados públicos exactamente el mensaje equivocado en el momento equivocado: les dice que sus derechos como empleados públicos no son respetados y que no pueden tener ninguna certeza sobre su estado de empleo, condiciones de trabajo o compensación. De hecho, los alienta a unirse al éxodo de la Isla”.INS
lp