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Imagen de archivo del exjuez Juan Miguel Castillo Pantaleón. Inter News Service
Santo Domingo, 1 abr (INS). – El abogado experto en derecho constitucional, Juan Miguel Castillo Pantaleón, afirmó que lo que ha pasado en el sector el Hoyo de Friusa, en el paraje de Bávaro del Distrito Municipal Verón-Punta Cana, no sólo es responsabilidad del actual Gobierno, sino también de todos los que anteriormente han ejercido funciones públicas y del empresariado nacional.
Se refiere a la caminata realizada en el lugar, el pasado domingo, promovida por el grupo Antigua Orden Dominicana para exigir la expulsión inmediata de los haitianos indocumentados que han tomado esa localidad. El evento terminó en un enfrentamiento entre algunos manifestantes con los militares y policías que vigilaban la marcha.
Castillo Pantaleón, que en el pasado se desempeñó como Juez de Instrucción en el Distrito Nacional, explicó que cuando los enclaves de inmigrantes están conformados por ilegales existe una responsabilidad directa de la autoridad gubernamental, que tiene a su cargo el control migratorio, tras destacar, que el ingreso, permanencia y salida de extranjeros es una competencia exclusiva del Estado.
Responsabilizó también al empresariado que, según dijo, “ha aprovechado la mano de obra haitiana para eludir los costos de la seguridad social, de las contribuciones y de las retenciones que debe hacer, porque la higiene y la seguridad del trabajo están exentas. Las regulaciones mínimas de la legislación laboral se incumplen”.
Entrevistado en el programa de televisión Toque Final con el periodista Julio Martínez Pozo, indicó que en esos sitios florecen las comunidades religiosas, conformándose todo un mercado de la fe y de la iglesia tradicional que drena recursos.
Destacó que no se puede distraer la responsabilidad y culpa de los gobiernos en ese tipo de enclaves de inmigrantes como el Hoyo de Friusa y más de cien comunidades identificadas en el país que han aprovechado espacios públicos, que en la mayoría de los casos son lugares inadecuados para la habitabilidad humana.
Expresó que hasta en vertederos abandonados hay comunidades de haitianos, donde existe una economía de ilicitudes, tras precisar que cuando se asientan por mucho tiempo pueden llegar a creerse que su ocupación ilegal genera una especie de derecho y de subcultura.
Añadió que los enclaves de inmigrantes indocumentados desde Haití son atraídos por oferta poco regulada de espacios de trabajo, reflejando una de las facetas más tristes del capitalismo con un círculo vicioso de miseria, aislamiento y exclusión por las condiciones socioculturales y económicas de tales comunidades.
Afirmó que la sociedad moderna va reduciendo ese tipo de situación marginal y los gobiernos confrontados por sus múltiples malas consecuencias, ya que el tema migratorio es un eje transversal que termina afectado todos los servicios públicos, tales como la educación, la seguridad, la salud, el equilibrio medio ambiental, el transporte, el derecho al trabajo, entre otros.
¨No hay una sola parte de los servicios públicos que no termine impactado por ese tipo de situación¨, consideró Castillo Pantaleón.
Enfatizó que la sobre oferta de mano de obra ilegal y la falta de supervisión gubernamental para verificar el cumplimiento del Artículo 135 del Código de Trabajo, “es el teatro o escenario del oportunismo, ambición y codicia que circunda la acumulación originaria de capital”.
Dijo que a los empresarios agrícolas y de la construcción les interesa la disminución de costos y que gran parte del sindicalismo organizado es otra farsa.
“Los culpables de esa situación son los gobernantes que tienen a su cargo dirigir las políticas públicas y crear las condiciones para que el dominicano tenga adecuadas condiciones de trabajo y dignidad”, apuntó.
Por igual, comentó las frecuentes denuncias de Amnistía Internacional contra la República Dominicana sobre supuestas violaciones a los derechos y abusos a inmigrantes haitianos.
Señaló que esa queja era contra las desapariciones, presos políticos y torturas, pero que con el tiempo se ha convertido en herramienta de presión a los gobiernos para que asuman agendas y está totalmente desacreditada, denunciada en multiplicidad de ocasiones como una verdadera farsa.
Al respecto, declaró que “las acusaciones son parte de esa coreografía para que el país absorba la mayor cantidad posible de población haitiana, que no vaya a otros destinos, sino a este país”. INS
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