R.Dominicana-El Ministerio Público ofrece detalles del plan para traficar 9.8 kilos de cocaína hacia Bélgica

Imagen del traslado de los imputados hacia el tribunal que conocerá la medida de coerción. Inter News Service

Los imputados en el trasiego de la cocaína mientras eran trasladados en un autobus hacia el tribunal que les conocerá la medida de coerción. Inter News Service

Santo Domingo, 14 ene (INS).- El expediente de medidas de coerción de la “Operación Panthera 7” revela los detalles de un plan con el que se pretendía traficar 9.8 kilos de drogas desde el Puerto Multimodal Caucedo en Boca Chica hacia mercados internacionales.

Durante el allanamiento realizado a través de la Operación Panthera 7, las autoridades incautaron millones de dinero en efectivo, entre ellos dólares, pesos, euros y otras denominaciones extranjeras, cuya procedencia no fue justificada, según el expediente de solicitud de medida de coerción elaborado por el Ministerio Público.

En la incautación de la sustancia participaron varios fiscales en conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, siglas en inglés).

De acuerdo con la acción con la que se busca la prisión preventiva para los acusados, el transporte de los 9.8 kilos de drogas al puerto se realizó utilizando camiones con compartimentos ocultos. Los paquetes de droga, sellados herméticamente, fueron camuflados entre productos agrícolas, como plátanos y guineos, para hacerlos indetectables en caso de inspecciones durante el trayecto.

El Ministerio Público destaca que, en el transcurso de la investigación, recolectaron pruebas que demuestran que los kilos fueron traídos a la República Dominicana desde Colombia por vía marítima.

Precisó que para evadir las requisas y transportar el cargamento, los acusados usaban las empresas Grasswey Group y GWG Transport, dos instituciones utilizadas para el tráfico de la droga hasta el puerto.

Señala que el traslado de la droga siguió rutas previamente estudiadas para evitar retenes policiales y reducir los riesgos. En algunos casos, la red supuestamente utilizó vehículos de distracción que realizaban maniobras sospechosas o generaban incidentes menores para desviar la atención de las autoridades.

El vehículo en el que se transportaban los kilos de droga pasó por el control de acceso P-1 del puerto Multimodal Caucedo, donde fue declarado como un retorno vacío. Sin embargo, en su interior transportaba las más de 9.8 toneladas de cocaína.

Una vez en el puerto, la droga fue cargada dentro de un contenedor que contenía productos agrícolas destinados a exportación. Según lo que se detalla en varias páginas de la solicitud de medidas de coerción, los miembros de la red falsificaron documentos aduanales, incluyendo certificados fitosanitarios y permisos de exportación, para acreditar la mercancía como legítima.

Explica el órgano acusador que el esquema también involucraba a empleados portuarios, quienes facilitaron el acceso del contenedor al área de carga sin pasar por las inspecciones regulares. De hecho, algunos recibieron sobornos para garantizar que el contenedor no fuera seleccionado para una revisión.

El documento muestra que el prófugo José Alexander Santana ingresó el camión por una puerta exclusiva para vehículos livianos que no tiene inspección de rayos X. Una vez en la puerta, los acusados Yoel Jacques y Alexander Henríquez debían hacer la inspección de lugar, pero «no abrieron completamente la puerta del contenedor ni realizaron ninguna acción tendente a la verificación».

Tras una operación que involucró movimientos estratégicos de personal y falta de supervisión, cuatro hombres armados con fusiles y pistolas iniciaron el traslado de la droga desde el contenedor donde llegó hasta otro contenedor que sería embarcado el día siguiente hacia Bélgica.

«La investigación arrojó que, para custodiar el cargamento, al puerto entraron cuatro hombres con armas de asalto dentro del contenedor vacío con la complicidad activa de empleados de la referida terminal que se asociaron a la organización criminal; tal y como lo prueban las evidencias recopiladas en la investigación, algunas de ellas entregadas a las autoridades por la administración de Caucedo», narra el documento.

La solicitud de medida de coerción argumenta que el cargamento estaba programado para ser exportado en un buque de carga que tenía como destino un puerto internacional. La elección de productos agrícolas como cobertura se realizó estratégicamente, dado que este tipo de mercancía es exportada frecuentemente y rara vez es sometida a inspecciones exhaustivas.

Asimismo, los acusados programaron el tráfico para finales de año porque, de acuerdo lo que declararon empleados del propio puerto, en los últimos meses del año es cuando más se transporta mercancía.

El plan de la red incluía la manipulación de los registros electrónicos del puerto, asegurando que el contenedor apareciera como parte de una exportación rutinaria.

Sin embargo, el plan fue frustrado por las autoridades que, el 5 de diciembre, establecieron un equipo táctico para frenar el tráfico.

En el proceso, los individuos armados huyeron atravesando varios bloques del puerto hasta que encontraron un camión que era conducido por un chofer del lugar. Lo amenazaron y, a punto de pistola, lo obligaron a entregar su celular y a desmontarse del camión. Con el celular que le quitaron al chofer Marcos Estévez, los acusados recibían instrucciones de una persona no identificada que les indicaba las mejores rutas del puerto para evitar los controles de seguridad y salir del puerto.

El operativo de inteligencia, que incluyó vigilancia encubierta y la interceptación de comunicaciones, permitió que las autoridades identifiquen y detengan el contenedor antes de que saliera del país.

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó para el próximo jueves el conocimiento de la medida cautelar en contra de los implicados en una red internacional de narcotráfico y lavado de activos.

Los imputados son: José Nicolás Castillo Hart, alias «Nikito»; Winston Armando Tejera Rodríguez, alias «Barbikin»; Cristian Rayner Canela Aybar; Nelson Neftalí Mercedes Lugo; Dulvi Jesús De los Santos; Enriquillo Luis Brito y Enrique José Luis Brito.

El abogado José Rafael Ariza, representante del alcalde de Bayahíbe, Enriquillo Luis Brito, y su hijo, Enrique José Luis Brito, manifestó que, tras revisar la solicitud de medida de coerción, no encontró la implicación de sus clientes.

«Vamos a ver más adelante en la audiencia qué es lo que ellos dicen con respecto a esas personas para pedir medida de coerción contra ellas», expresó. INS

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