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Los imputados en el caso Camaleón mientras abandonaban la sala de audiencia. Inter News Service
Santo Domingo, 10 oct (INS).- La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva contra tres de siete imputados en una supuesta trama de corrupción perpetrada desde el gubernamental Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant).
La decisión fue dictada contra el exdirector de esa dependencia oficial, Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (alias Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S y Transcore Latam; y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.
Los afectados con la sentencia deberán cumplir la privación de libertad en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo- Hombre, de la provincia San Cristóbal (región Sur), de acuerdo con una medida de coerción que se conoció este jueves a petición de los fiscales investigadores.
En la audiencia, la jueza Fátima Veloz dictaminó que Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant, cumpla arresto domiciliario y presentación periódica.
Por su parte, los imputados Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del organismo estatal; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero, y Carlos José Peguero Vargas recibieron una garantía económica como medida cautelar.
Al grupo, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) le atribuye formar parte de la red Camaleón, que alegadamente estafó al Estado con RD$1,317,350,997 (equivalente a 21.815.152 dólares estadounidenses) a través de un contrato para intervenir el sistema semafórico del Gran Santo Domingo firmado con la empresa Transcore Latam.
El órgano de persecución señaló que esos sujetos cometieron los delitos de “desfalco, estafa contra el Estado a través de las licitaciones públicas, uso de documentos falsos, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, delitos de alta tecnología, lavado de activos y robo de identidad”.
En ese sentido, en la solicitud de medida cautelar presentada por el Ministerio Público ante el Juzgado de Primera Instancia se incluyen unos 245 medios de pruebas, cantidad que considera más que suficiente para respaldar cada una de las afirmaciones del organismo acusador, que calificó el caso como complejo “por tratarse de crimen organizado”.
En el expediente, que consta de 304 páginas, se detallan las alegadas “características de la organización criminal por contratos millonarios” entre las referidas partes, ofreciendo un panorama exhaustivo de las actividades ilícitas en las que habrían estado involucrados los imputados.
Precisa que los imputados lograron que el Ministerio de Defensa, en junio del 2020, le firmara un contrato ilegal, para la organización criminal tener acceso a informaciones sensitivas del Estado, ingresar al país equipos propios de las agencias de inteligencia, seguridad y defensa del Estado. Utilizaron el contrato para traer al país tecnología que son autorizadas para uso exclusivo de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa. Además, adulteraron un arma de fuego, de la que tenía licencia, convirtiéndola en un arma de guerra.
Destaca que las autoridades ejecutivas imputadas ocultaron las informaciones e incidencias que indicaban que debía de detener la licitación, lo hicieron por absoluto compromiso con la maniobra fraudulenta para favorecer a sus asociados criminales. Explica que los funcionarios públicos, al momento de los hechos, recibieron soborno para favorecer a los imputados que eran parte del entramado societario.
Por igual, usurparon la identidad de agencias de defensa y seguridad del Estado colocando cientos de cámaras, en sectores del gran Santo Domingo, sin tener autorización.
La estructura societaria tenía absoluto control del sistema de monitoreo de la red semafórica y del sistema de cámara de la agencia de seguridad del Estado, a la que la estructura colocó en múltiples sectores del Gran Santo Domingo.
En el mes de agosto, agrega el documento acusatorio, los imputados causaron un sabotaje a la red semafórica de la provincia Santo Domingo que causó tapones en las vías del tráfico urbano.. Excedieron el pacto firmado con relación al pliego de condiciones y la ejecución excedió el contrato.
Asimismo, “crearon una compleja red de espionaje satelital. Hacían extracciones ilegales de informaciones telefónicas, colocaron drones en lugares estratégicos de la ciudad para hacer vídeo vigilancia para uso ilícito; realizaron acciones administrativas y penales para atacar la suspensión del contrato que había hecho el órgano regulador; atacaron infraestructuras críticas del Estado causando un caos en el tránsito, adquirieron bienes costosos, incluyendo inmuebles y vehículos blindados; lavaron activos productos de las acciones criminales cometidas, infiltraron las distintas investigaciones que se iniciaron, con el objetivo de obstruirla”.
La Procuraduría afirma que esas personas buscaban conformar una estructura de espionaje, dirigida por José Ángel Gómez Canaán, que obtendría acceso a datos personales o información corporativa confidencial, como conversaciones telefónicas, mensajes y el historial de búsqueda de los observados.
Precisa que el pasado titular del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre habría concertado con Gómez Canaán para obtener una red de radiocomunicación privada que utilizaría frecuencias atribuidas al servicio fijo en la banda de 2.300 MHz.
“Al espiar otras redes cercanas obtendría el acceso a llamadas telefónicas, transmisiones de video, datos de navegación por internet o incluso mensajes de texto sin la autorización del propietario de la red legítima”, establece texto. INS
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