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San Juan, 5 oct (INS).- Los abogados de la Clínica de Acceso a la Información de la Universidad Interamericana de Puerto Rico otorgaron dos días al ayuntamiento de Guaynabo para divulgar la información sobre un sargento municipal que el pasado 9 de agosto mató al joven Gabriel Febres Benítez en una intervención de tránsito.
El municipio se había negado a proveer la información que le solicitó Kilómetro 0 el pasado 19 de agosto aduciendo que “este asunto está bajo investigación del Departamento de Justicia por lo que no podemos brindar información relacionada”.
La Clínica de Acceso a la Información representa legalmente a la organización de derechos humanos.
Kilómetro 0 exigió que se revelen los nombres y números de placa del sargento municipal de Guaynabo que mató a Gabriel Febres Benítez, de 23 años, cuando un policía le disparó en la cara por no obedecer el “alto de los oficiales” durante una persecución vehicular.
Febres Benítez, quien residía en Toa Alta y estaba desarmado, falleció en la noche del viernes, 9 de agosto de 2024.
“Exigimos los nombres, números de placa y el historial administrativo de los agentes municipales de Guaynabo que mataron a Gabriel Febres Benítez”, dijo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de la organización de derechos humanos.
Explicó que “eso es información mínima para los procesos de rendición de cuentas que debían entrar en vigor cada vez que un agente del Estado mata a una persona. Matar a alguien y ni siquiera divulgar la identidad de quien lo mata a nombre del Estado es un acto opresivo, autoritario y una seria amenaza a la aspiración democrática de nuestro país”.
Además del nombre y número de placa, la organización también solicitó una lista de las querellas administrativas presentadas contra el sargento y el saldo de cada una de esas investigaciones administrativas y qué sanciones o medidas disciplinarias se impusieron.
“Los cuestionamientos sobre la proporcionalidad, legalidad y razonabilidad de estas intervenciones siguen siendo los mismos”, añadió Mari Narváez al considerar que “pasarse un alto de la policía no puede ser razón para que nos maten”.
La portavoz de Kilómetro 0 indicó que el historial administrativo de ese oficial es vital para que tanto la ciudadanía como el municipio puedan evaluar sus acciones.
Los abogados Luis José Torres Asencio y Steven Lausell enviaron una carta al municipio de Guaynabo exigiendo se produzca el nombre, número de placa, y una lista de todas las querellas administrativas presentadas contra el sargento, incluyendo fecha de presentación, la categoría o tipo de querella, la fecha de adjudicación o disposición final, el resultado, y la sanción o medida disciplinaria impuesta contra el policía.INS
ndc