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Leidy Blanco ofreciendo declaraciones sobre la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. (Fuente externa). Inter News Service
Santo Domingo, 10 ago (INS).-El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana expresó preocupación por la decisión de algunos de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de no someterse al proceso de evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para escoger a los nuevos magistrados de los tribunales superiores.
La inquietud la manifestó Leidy Blanco, representante de Participación Ciudadana en la Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) de Altas Cortes), quien llamó a las instituciones responsables a reflexionar sobre las condiciones que están rodeando el actual proceso de selección.
Cuatro de los actuales jueces de la de la Suprema Corte de Justicia decidieron no someterse al proceso de evaluación constitucional, lo que para la organización “plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema para retener experiencia, liderazgo y talento en los niveles más altos del Poder Judicial”.
Blanco sostuvo que la valoración de los jueces y juezas de la Alta corte “constituye un mecanismo constitucional diseñado para fortalecer la legitimidad del sistema de justicia, siempre que se desarrolle mediante procedimientos transparentes, objetivos y respetuosos del debido proceso y del mandato constitucional de paridad”.
“Su éxito no depende únicamente de las decisiones finales que adopte el Consejo Nacional de la Magistratura, sino también de la confianza que genere el propio procedimiento”, afirmó durante una rueda de prensa.
La representante de la ROI dijo que tres de los cuatro jueces que decidieron no continuar pertenecen a la carrera judicial son profesionales relativamente jóvenes, formados y capacitados durante años por el Estado dominicano.
Destacó que su salida anticipada “representa una pérdida importante de capital humano institucional, especialmente en un momento en que el país necesita fortalecer su judicatura”.
La organización aclaró que respeta plenamente el derecho de cada juez y jueza a decidir sobre la continuidad de su carrera judicial.
Sin embargo, considera legítimo preguntarse por qué magistrados que ocupan algunas de las posiciones más importantes del Poder Judicial están optando por concluir anticipadamente su trayectoria.
“Corresponde preguntarse si el sistema está ofreciendo las condiciones necesarias para fortalecer la confianza en el mecanismo constitucional de evaluación y para incentivar la permanencia del talento, la experiencia y el liderazgo judicial”, expresó Blanco.
Llamó la atención sobre el retiro de las magistradas Nancy Salcedo Fernández y María Garabito Ramírez, debido a sus reconocidas trayectorias dentro del Poder Judicial.
La organización recordó que la designación realizada en diciembre de 2025 elevó a cinco el número de mujeres integrantes de la Suprema Corte de Justicia, un avance que valoró positivamente, aunque advirtió que la participación femenina continúa lejos del equilibrio establecido por el artículo 39.5 de la Constitución.
En el caso de Nancy Salcedo Fernández, señaló que ella reunía las condiciones para convertirse en la primera jueza de carrera en presidir la Suprema Corte de Justicia.
Para la ROI, esa posibilidad representaba una oportunidad histórica para el liderazgo femenino en el máximo tribunal del país que ahora se pierde.
La entidad recordó que la Constitución dominicana establece el deber del Estado de promover una participación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones.
Señaló que ese mandato debe ser observado por el Consejo Nacional de la Magistratura, tanto en las decisiones de ratificación como en las nuevas designaciones.
“La paridad constituye un principio constitucional que debe orientar tanto las decisiones de ratificación como las nuevas designaciones”, indicó.
La preocupación de la organización, explicó Blanco, no surge únicamente a raíz del retiro de los cuatro magistrados.
Durante el proceso anterior, ya había advertido sobre prácticas que, según su valoración, podían terminar desincentivando la participación de jueces y juezas en futuras evaluaciones.
Entre estas mencionó la modificación de las reglas de evaluación cuando el período de designación de los magistrados se encontraba prácticamente concluido, la ausencia de criterios suficientemente objetivos y verificables, la publicación tardía de las actas y la insuficiente motivación de algunas decisiones de no ratificación.
Por igual, citó el riesgo de que la evaluación del desempeño terminara apartándose de su finalidad constitucional y generara incertidumbre dentro de la carrera judicial.
En ese contexto, la organización recordó las situaciones relacionadas con las magistradas Miriam Germán Brito y Pilar Jiménez Ortiz.
En el caso de Jiménez Ortiz, recordó Blanco, la propia magistrada cuestionó públicamente la utilización de criterios subjetivos, la insuficiente motivación de la decisión de no ratificación y la existencia de posibles patrones de discriminación hacia mujeres en estos procesos.
La ROI sostiene que toda evaluación judicial debe desarrollarse con absoluto respeto a la independencia judicial, la igualdad de trato y la dignidad de quienes ejercen la función jurisdiccional.
Otro de los puntos señalados por Participación Ciudadana es la transparencia de las actuaciones del Consejo Nacional de la Magistratura.
indicó que recientemente fueron publicadas las actas correspondientes a las sesiones de elección de jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral celebradas en diciembre de 2025, luego de reiteradas solicitudes realizadas desde distintos sectores de la sociedad.
Sin embargo, consideró que la divulgación de esos documentos todavía no satisface plenamente los estándares de transparencia y rendición de cuentas que requiere el proceso.
Según explicó, las actas permiten conocer el desarrollo formal de las sesiones y las decisiones adoptadas, pero no explican suficientemente cómo fueron ponderados los méritos de cada persona evaluada, cómo se aplicaron los criterios establecidos ni cuáles fueron las razones concretas que llevaron a unas decisiones y descartaron otras.
“Transparencia significa permitir que la ciudadanía comprenda por qué se toman las decisiones públicas y pueda verificar que estas responden exclusivamente a criterios constitucionales, legales y objetivos; no consiste únicamente en publicar documentos”, sostuvo.
El Consejo Nacional de la Magistratura es el órgano constitucional encargado de designar y evaluar a los jueces de las altas cortes y al Procurador General de la República. Además, debe designar a los árbitros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral, así como de sus respectivos suplentes.
Conforman ese organismo el presidente de la República, quien funge como titular del CNM; los presidentes de las cámaras legislativas; un senador y un diputado que representen la segunda mayoría en las cámaras legislativas; el presidente del Tribunal Constitucional; el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez de esa entidad, quien actúa como secretario del Consejo. INS
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Leidy Blanco ofreciendo declaraciones sobre la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. (Fuente externa). Inter News Service