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Caguas, 31 ago (INS).- “El doble asesinato en el Tribunal de Caguas confronta al sistema de justicia en Puerto Rico con una realidad que no se puede ignorar más”, manifestó Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva de Proyecto Matria.
La letrada expuso que la responsabilidad del sistema en el manejo de casos conflictivos va más allá de las puertas de sus oficinas, sus acciones y omisiones tienen consecuencias.
“Los asesinatos de Ángel Calderón Pérez y Rosa Judith Calderón Pérez nos obligan a reflexionar sobre la vulnerabilidad de quienes acuden a buscar remedios legales en un país donde no hay control de armas ni sistemas de seguridad sensibles a las realidades que vivimos”, agregó.
Según Proyecto Matria, es importante resaltar dos datos del incidente:
· Las partes se encontraban en un trámite e investigación por la violación de una orden de acecho que fue violentada por la esposa del asesino.
· El evento ocurrió en la entrada del Tribunal, a pasos de la sala de investigaciones.
“Resaltamos esto porque, aunque el tiroteo no ocurrió dentro del edificio del tribunal, ocurrió en sus predios. Ni la Administración de Tribunales ni el Departamento de Justicia pueden distanciarse de este evento tan doloroso. Las partes involucradas estaban allí porque fueron citadas y los funcionarios de ambas agencias debían estar listos para prevenir incidentes entre ellas”, expresó José Galarza Flores, coordinador de Servicio Directo de Proyecto Matria.
Destacó que “por décadas, las organizaciones que manejan órdenes de protección y de acecho han reiterado la importancia de evaluar el nivel de letalidad de los casos que se ven en los tribunales y también han hecho recomendaciones para garantizar la seguridad de las víctimas”.
“No basta con tener un control de armas en la entrada de los edificios, es necesario tener vigilancia en los estacionamientos y áreas comunes al aire libre”, resumió Galarza Flores.
La coordinadora de Política Pública de Matria, Enid Pérez Rodríguez, dijo que a pesar de que este caso está relacionado en su origen con una controversia sobre una propiedad, los medios han informado de la existencia de un conflicto que fue escalando al punto de que se emitió una orden de acecho que fue violentada.
“En los casos de violencia de género los trámites judiciales también generan situaciones de vulnerabilidad para las víctimas y sus acompañantes. Lo vemos a diario. El personal del Departamento de Justicia y el de los Tribunales debe prepararse para identificar las banderas rojas de letalidad y tener la capacidad de generar planes de seguridad que cubran todo el perímetro del tribunal o la fiscalía. Si no lo hacen, están poniendo a las víctimas en bandeja de plata para que una parte agresora pueda planificar y ejecutar un asesinato”, agregó.
Pérez Rodríguez añadió que es importante evitar subestimar la complejidad de los casos y entender que aunque se manejan en un contexto legal, existen factores sociales que también hay que manejar.
La organización recomienda medidas como las siguientes:
· Evaluar el nivel de riesgo de cada caso teniendo en cuenta eventos previos, la actitud de las partes frente a las órdenes del Tribunal, el posible acceso a armas de fuego, la presencia de amenazas y el tiempo de desarrollo del conflicto, entre otros. Esta evaluación no sólo le corresponde a la Policía, sino al Departamento de Justicia e incluso a jueces que intervengan en el caso. En casos civiles, la representación legal de las partes debería estar alerta a señales como estas para informar a la agencia concernida.
· Desarrollar planes de seguridad que podrían incluir la escolta de testigos o de las partes involucradas hasta sus autos, retener la parte agresora dentro del tribunal mientras la parte que es víctima o es vulnerable se retira de la zona y mantener a las partes en espacios físicos separados.
· Adiestrar al personal de las agencias para que aprendan a evaluar e identificar casos con alto nivel de letalidad, aunque no sean casos de violencia de género.
“La tragedia (del martes) no podrá revertirse. Hay dos familias cuyas vidas cambiaron para siempre. Sin embrago, confiamos en que las agencias a cargo de nuestro sistema de justicia tengan la capacidad de evaluar la situación para generar espacios seguros para todas las personas que acudan a ellas buscando remedios legales”, concluyó Pagán Jiménez.INS
ndc