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Vista de la audiencia donde se varió la medida de coerción. / Inter News Service
Santo Domingo, 7 dic (INS).- La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, varió la medida de coerción de prisión preventiva por domiciliaria al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y a tres personas más implicadas en el entramado de corrupción administrativa desmantelado con las operaciones Coral Coral y Coral 5G.
Se trata de una presunta red militar y civil acusada de mover al menos RD$4,500 millones (unos 83 millones de dólares) en propiedades y productos financieros, según la investigación que tiene en desarrollo el Ministerio Público.
La prisión domiciliaria también les fue variada al coronel Rafael Núñez de Aza, la pastora evangélica Rossy Guzmán y a su hijo, Tanner Flete Guzmán. El general Adán Cáceres Silvestre fue el jefe de seguridad del anterior presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.
A los dos militares, la jueza les impuso una garantía económica de 100 millones de pesos (1.8 millones de dólares) que debe pagarse a través de una compañía aseguradora, mientras que a la madre y su hijo, 50 millones de pesos (925,925 dólares), bajo la misma modalidad.
A los cuatro se les ordenó nuevas medidas coercitivas, consistentes en arresto domiciliario, impedimento de salida del país y colocación de grilletes electrónicos.
Al finalizar la audiencia, tanto el Ministerio Público como los abogados de la defensa se mostraron inconformes con la ordenanza de la magistrada Rivas.
Para los abogados defensores, será imposible que sus clientes puedan pagar la garantía económica por el alto monto que deberán buscar, ya que, dicen, no están recibiendo ingresos y los pocos ahorros que pudieran tener están frisados por el propio órgano de persecución de los delitos.
En el caso de Adán Cáceres y Núñez de Aza, en que el monto fue de 100 millones, deberán pagar 10 millones de pesos (185 mil dólares) para poder salir de prisión, en tanto que la pastora Rossy y su hijo tendrán que depositar cinco millones de pesos cada uno (92,592 dólares). Esto, sin sumar los grilletes electrónicos, cuyo costo inicial es de 1,500 dólares.
En opinión del procurador adjunto Wilson Camacho, director de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con la decisión, “el tribunal lo que quiere es que el Ministerio Público no haga grandes investigaciones”.
Dijo que la medida no estaba conectada con la complejidad del caso que la jueza estableció en el dispositivo de la sentencia y se quejó de que la magistrada les haya culpado por los aplazamientos que se han hecho y que no han permitido el avance del proceso.
Igualmente, José Alberto Ortiz, abogado del Estado, dijo que Adán Cáceres y Núñez de Aza, por ser altos oficiales activos podrían “poner en peligro la integridad” y el testimonio de 300 testigos del proceso.
Camacho y Ortiz argumentan que los plazos deben ser razonables para cada caso como, según afirman, ya lo han establecido algunos fallos y no una cuestión matemática.
Al grupo se le imputa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Los demás implicados en la Operación Coral son el mayor policial Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada Dominicana Alejandro José Montero Cruz. El grupo fue detenido el 24 de abril de 2021.
De acuerdo con el Ministerio Público, el alegado entramado criminal desarticulado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep y Cestur (Cuerpo Especializado de Seguridad Turística), principalmente, con el abultamiento de la nómina.
Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Núñez de Aza también fungió como director financiero del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
El órgano acusador explicó que ha establecido, en el transcurso del proceso judicial, que esas personas “realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares de República Dominicana”.
Con las operaciones Coral y Coral 5G los fiscales investigadores presentaron cargos por corrupción administrativa contra 48 personas, 30 físicas y 18 jurídicas.
Al entramado criminal, integrado por oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales y coroneles, le ocuparon hasta el momento unas 125 propiedades.
Entre los apresados en la Operación Coral 5G se encuentra el general de la Fuerza Aérea Dominicana, Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
También están bajo arresto los generales Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista, de la Fuerza Aérea y el Ejército de República Dominicana, respectivamente.
Asimismo, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón; los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; el cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez, así como Erasmo Roger Pérez Núñez y César Félix Ramos Ovalle.
Ese hecho fue reportado luego de 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). INS
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