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Resumen de noticias para el miércoles 14 de septiembre de 2022
P. Rico-Gobernador Pierluisi autoriza transferencia de fondos para adquirir Cartera de Capital del Sistema de Retiro de Empleados
San Juan, 14 sep (INS).- Con el objetivo de adquirir la Cartera de Capital Privado del Sistema de Retiro de los Empleados (SRE) del Gobierno, según lo establece el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, anunció ayer que firmó la Resolución Conjunta de la Cámara 368 que autoriza la transferencia a la custodia del Departamento de Hacienda, utilizando fondos sobrantes de años fiscales previos.
Esta medida, favorecida por la Autoridad de Asesoría Financiera y Fiscal (AAFAF) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), dispone la creación de un fideicomiso, para conservar el interés del SRE en la Cartera de Capital Privado y el derecho del Gobierno de adquirirla, cuya ventana de compra es desde el 15 de marzo de este año hasta el 10 de abril de 2023.
Luego, este derecho pasaría a los acreedores y de estos no ejercerlo, se convierte en una obligación del Gobierno adquirirla.
La Aafaf explicó que la Orden de Confirmación del PAD contempla la creación de este Fideicomiso, a la fecha de la efectividad del Plan, para conservar los intereses del SRE y el derecho del Gobierno central de adquirir la Cartera al precio de $70,750,000.00.
Por su parte, la OGP detalló que el Gobierno se encuentra en posición de ejercer este derecho y destacó que la compra de esta Cartera resultará en ahorros para el Gobierno. Así las cosas, y al enmendarse el presupuesto vigente, no se afectarán las operaciones del Gobierno.
Pierluisi dio paso también a un Proyecto Sustitutivo de la Cámara que contempla los objetivos principales del Proyecto de la Cámara 988 y del Proyecto del Senado 183 para que el dinero devengado por los policías municipales por horas extras sea eximido del pago de contribuciones sobre ingresos, efectivo este año fiscal.
El gobernante firmó el Proyecto de la Cámara 207 que enmienda la Carta de Derechos de las Personas que tienen el Síndrome Down para que los Departamentos de Educación, Recreación y Deportes, Salud, Trabajo y Recursos Humanos y la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) le entreguen, al igual que a la Asamblea Legislativa, cada año fiscal, un informe anual detallado del cumplimiento de la ley.
El informe también deberá contener información relativa a la implementación, resultados y efectividad de todos los programas, beneficios, servicios y actividades disponibles en sus respectivas agencias para la población con Síndrome Down.
Otra medida que Pierluisi firmó es la Resolución Conjunta de la Cámara 250 que reasigna a la Autoridad de Tierras $54,667.30 para los municipios de Ponce, Juana Díaz y Jayuya con el fin de llevar a cabo obras y mejoras permanentes, estudio, diseños, permisos, mejoras a viviendas y materiales de vivienda.
Asimismo, mejoras a instalaciones recreativas y deportivas y para atender situaciones relacionadas con los servicios directos y esenciales a la ciudadanía.
Por último, el gobernador dio paso a la Resolución Conjunta de la Cámara 300 que designa las instalaciones que conforman el parque de béisbol ubicado en la comunidad Limones en el km. 12, hm. 2, en el municipio de Yabucoa con el nombre de Julio Rubén “Jerry” Morales Torres.
Mientras, después de hacer varios intentos para que la Legislatura solicitara la devolución del Proyecto de la Cámara 299, el mismo fue vetado. Esta pieza legislativa pretendía, entre otras cosas, otorgar al Departamento de la Vivienda (DV), en coordinación con el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), la responsabilidad de establecer seis refugios regionales a través de todo Puerto Rico.
En una carta a los presidentes legislativos, el gobernador explicó que “resulta más ágil y eficiente que el DV, el Nmead y la Compañía de Fomento Industrial (Pridco), identifiquen de antemano las posibles facilidades industriales que pudieran servir como refugios regionales, sin necesidad de enmendar la Ley Habilitadora del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles.
De otra parte, el mandatario explicó que las enmiendas a la Ley 26-2017 pudieran resultar en un “atraso significativo” en la evaluación y aprobación de las transacciones ante el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI), toda vez que se requeriría que se pase primero por la evaluación del Nmead y luego por la evaluación y certificación del DV, antes de poder seguir con el proceso que establece dicha Ley sobre la disposición de bienes inmuebles en desuso.
“Es necesario considerar cuidadosamente la manera en la que la medida incide en los refugios establecidos o por establecer por los municipios. Este análisis es imperioso, para poder prevenir la duplicidad de esfuerzos y recursos. Es sabido que estos han solicitado planteles escolares en desuso para fines de habilitar refugios para casos de emergencias y desastres naturales. Hemos intentado lograr la posibilidad de que esta pieza legislativa sea devuelta para consideración de algunas de estas objeciones, sin embargo, esto no ha sido posible”, manifestó Pierluisi en la misiva. INS
P. Rico-Propone Cámara investigar planes del gobierno para atender emergencias en las islas municipio
San Juan, 14 sep (INS).- La Cámara de Representantes avaló ayer, martes, a viva voz una medida que persigue investigar los planes del gobierno respecto a la transportación, alimentos, equipo y gasolina, entre otros suministros, para los municipios de Vieques y Culebra, en caso de un desastre natural.
Se trata de la Resolución de la Cámara 388, presentada por el representante José Aníbal Collazo y el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez.
La medida propone investigar “cuáles han sido los planes desarrollados por el gobierno central para que, de ocurrir nuevamente algún desastre natural, las islas municipio de Vieques y Culebra no sufran las consecuencias adicionales de no contar con suministros ni planes de emergencia adecuados para una emergencia nacional”.
“Luego del paso de los huracanes Irma y María, el gobierno de Puerto Rico no contó con la capacidad y logística adecuada de acceder a toda la Isla de forma inmediata… Los municipios de Vieques y Culebra fueron de los más afectados por esta situación, ya que por su condición geográfica no contaban con acceso a suministros que no fuesen traídos por mar. Como parte de esta realidad, las islas de Vieques y Culebra deben tener planes de emergencia separados al del resto de la isla, ya que los suministros no pueden ser llevados por cualquier voluntario como ocurrió alrededor de toda la Isla”, indica la legislación.
La medida aprobada será atendida por la Comisión para la Preparación, Reconstrucción y Reorganización ante una Emergencia de la Cámara, presidida por el representante Luis R. Ortiz Lugo. INS
P. Rico-CoPE: “Las declaraciones del gobernador son espeluznantes y patentemente falsas”
San Juan, 14 sep (INS).- En respuesta a las declaraciones del gobernador Pedro R. Pierluisi, quien reafirmó que “el 1 de diciembre, no importa lo que suceda, LUMA estará rindiendo servicios en Puerto Rico”, la Coalición para el Pensamiento Energético (CoPE) señaló que “es espeluznante escuchar estas declaraciones patentemente falsas del gobernador”
Agrega que Pierluisi, “con un tono de cinismo, declaró que la única manera de que este escenario cambie es si LUMA decide cancelar el contrato por el incumplimiento de la Autoridad de Energía Eléctrica con salir del proceso de quiebra”.
“Es espeluznante escuchar estas declaraciones patentemente falsas del gobernador. Decir que LUMA tiene el control de si continúa o no, es falso. No es lo que el contrato dice”, dijo Rolando Emmanuelli Jiménez, presidente del Bufete Emmanuelli CSP y portavoz de CoPE.
LUMA está operando bajo un contrato suplementario. Esto, pues el contrato base con término de 15 años no puede iniciar hasta tanto la AEE termine su proceso de quiebra.
Según explicó Zoé C. Negrón Comas, también portavoz de CoPE, “este contrato suplementario establece que, si transcurren 18 meses -que vencen el próximo 30 de noviembre- y la AEE no ha ‘salido de la quiebra’, queda sin efecto automáticamente el negocio. Esto, salvo que la Autoridad de Alianzas Público-Privadas solicite una extensión y las partes lo acepten”.
Añadió que “el contrato de LUMA es claro. Y cuando hablamos de ‘sacar a la AEE de la quiebra’, no estamos hablando de que se llegue a un acuerdo con los bonistas. Estamos hablando de que haya un Plan de Ajuste de Deuda confirmado, efectivo y consumado. En la etapa que estamos, la Junta de Control Fiscal ni siquiera ha anunciado un acuerdo con los bonistas, mucho menos un proyecto de Plan de Ajuste de Deuda”.
Además, el gobernador incorrectamente declara que, aun si la AEE no sale de la quiebra, el 1 de diciembre de 2022, comenzará a operar el contrato base de 15 años y solo LUMA tiene derecho a solicitar la cancelación del contrato base por el hecho que la AEE no haya salido de la quiebra.
“Primero, el propósito del contrato suplementario era que LUMA pudiera operar en lo que se resolvía la quiebra, porque no se ha cumplido esa condición previa para que entre en vigor el contrato base. Segundo, en ninguna parte del contrato base establece que no salir de la quiebra es un incumplimiento de la AEE… Y no estamos ni cerca de sacar a la AEE de la quiebra”, aclaró la portavoz Jessica E. Méndez Colberg. INS
P. Rico-Propone Ayuda Legal Puerto Rico a instituciones a adoptar protocolo para atender la violencia doméstica en el manejo de procesos hipotecarios
San Juan, 14 sep (INS).- La entidad Ayuda Legal Puerto Rico exhortó a las instituciones a adoptar su protocolo para la atención de la violencia doméstica en el manejo de procesos hipotecarios, como parte de su compromiso con el acceso a la justicia y el acompañamiento legal a sobrevivientes de violencia de género en temas de vivienda.
Se trata de una herramienta que promueve que la banca y las cooperativas conozcan cómo actuar ante situaciones de violencia doméstica entre codeudores hipotecarios, integrando herramientas y estrategias para proteger los derechos de la víctima/sobreviviente.
“Existe un vínculo muy directo entre la violencia doméstica y el riesgo a perder una vivienda, (por lo que) excluir a una víctima de la toma de decisiones sobre el préstamo hipotecario, privarle de notificaciones adecuadas sobre el préstamo o condicionar el cumplimiento con los pagos o condiciones de la hipoteca como parte de un patrón de agresión constituye violencia doméstica”, afirmó la licenciada Ariadna M. Godreau-Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico.
La fundadora de la organización legal expuso que “atender la violencia económica, como una forma de este tipo de violencia de género, es una responsabilidad compartida”, por lo que invitó a las instituciones hipotecarias a proteger a las sobrevivientes.
Godreau Aubert añadió que el Protocolo fue circulado a las instituciones financieras esta misma semana y que se trata de un documento trabajado a partir de investigaciones y el estudio meticuloso de la legislación local y federal aplicable a los préstamos hipotecarios.
Recientemente, a nivel federal se aprobaron dos normas relevantes a este trabajo. Por un lado, la Federal Housing Administration aprobó unas guías para atender la mitigación de pérdidas cuando hay violencia doméstica y, por otro, la nueva aprobación de la Violence Against Women Act reconoce la violencia económica como una forma de violencia de género.
Además, el Protocolo se nutre de experiencias internacionales. De esas fuentes se desprende que la erradicación de la violencia económica como una modalidad de la violencia doméstica contribuye al cumplimiento con la responsabilidad social corporativa y la necesidad existente de flexibilizar procesos y protocolos para asegurar que la parte sobreviviente siempre tenga participación y la oportunidad de actuar para proteger su techo.
El objetivo es que las instituciones financieras lo revisen, adopten e implementen, declarando así su compromiso con la erradicación de la violencia de género.
La licenciada Gloria Meléndez Mulero, abogada del programa Derecho a tu Casa, recordó que Puerto Rico se encuentra bajo un Estado de Emergencia por Violencia de Género.
“Entre 2013 y 2021 murieron 130 mujeres por feminicidios íntimos; cerca de otros 60 casos están bajo investigación. A la vez sabemos que el apoyo integral a las sobrevivientes es medular y trasciende a la familia, policía y tribunales”, acotó Meléndez Mulero.
La letrada apuntó que “las instituciones financieras son custodias de préstamos y productos que posibilitan que una persona tenga vivienda segura, (por lo cual) cuando la violencia doméstica está presente, proteger la vivienda es proteger la vida”.
Ayuda Legal Puerto Rico hizo extensivas invitaciones para orientar y facilitar reuniones con los equipos de las distintas instituciones hipotecarias, con ánimo de que comiencen a implementar estas herramientas cuanto antes.
Junto al protocolo, se reiteró la invitación a que las instituciones den a conocer a su clientela los directorios de servicios legales gratuitos y de apoyo integral a sobrevivientes de violencia doméstica. INS
P. Rico-Pierluisi reitera que LUMA seguirá prestando servicios el 1 de diciembre
San Juan, 14 sep (INS).- Luego de que el gobernador Pedro R. Pierluisi advirtiera el lunes que solo LUMA Energy, de manera unilateral, tiene la facultad para rescindir el contrato con el gobierno a partir del 30 de noviembre, ayer reafirmó que “el 1 de diciembre, no importa lo que suceda, LUMA estará rindiendo servicios en Puerto Rico”.
Remarcó que “hay un contrato suplementario que establece unas reglas de juego o de operación, mientras se dilucida el proceso de título III de la Autoridad de Energía Eléctrica”, dijo Pierluisi.
Y agregó que “el proceso de reestructuración de deuda en la AEE al amparo del título III está sumergido en un proceso de mediación confidencial entre las partes con interés, que incluye a los grupos de bonistas, las aseguradoras de bonos, los empleados unionados, el Sistema de Retiro de empleados de la corporación pública, los prestamistas de líneas de combustible, la Junta de Control Fiscal, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y el grupo de acreedores no asegurados”.
La mediación, recordó, debía culminar en mayo, pero ha sido extendido en cuatro ocasiones, con la próxima fecha de terminación de la mediación pendiente para el 30 de septiembre.
“Lo cierto es que impera la incertidumbre respecto a este proceso, por lo que se desconoce si la mediación prosperará y resultará en un Plan de Ajuste de Deuda viable para la AEE, o si las negociaciones fracasarán, por lo que podrían comenzar a atenderse distintos litigios relacionados con la deuda de la AEE o incluso desestimar el caso si las partes no logran convencer a la jueza Laura Taylor Swain de mantener la corporación pública bajo título III”, reflexionó.
Y si LUMA decide rescindir el contrato, advirtió que “se tendría que seguir pagando a LUMA para proveer servicios, a un costo mayor que si hubiese permanecido en efecto el contrato, mientras se inicia, procesa y concluye otro proponente mediante el proceso de Alianza Público Privada (APP)”.
Para el gobernador, “eso sería más costoso de lo que se paga ahora mismo. Para que tengan los números claros: ahora son alrededor de 115 millones los que recibe LUMA. Mínimo por un año pudiera estar recibiendo, y esto es un estimado, pero por decir la cantidad, podría llegar a 180 o 200 millones. Costaría más y eso sucedería en lo que se sustituye a LUMA mediante un proceso de APP”.
Además, si LUMA cancela el contrato unilateralmente, “con el proceso de transición para buscar a una empresa sustituta se dilataría aún más el proceso de transformación y reconstrucción de la red eléctrica”.
“Estoy preparado para los dos escenarios. Si LUMA, el 1 de diciembre, decide seguir rindiendo servicios bajo el contrato base, la vamos a seguir fiscalizando para que cumpla con el contrato. Si LUMA decide rescindir del contrato, pues entonces en transición la vamos a estar fiscalizando, mientras le pagamos por sus servicios”, declaró el gobernador. INS
ndc