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Algunos rostros de los implicados en los casos Coral y Coral 5G./Inter News Service
Santo Domingo, 6 may (INS).- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) fusionó los procesos judiciales correspondientes a cuatro generales activos, algunos coroneles y otros oficiales, acusados de estructurar un presunto entramado societario de corrupción administrativa para estafar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos (72,6 millones de dólares).
Los uniformados fueron apresados en varios allanamientos practicados en la capital y otras provincias mediante las denominadas operaciones “Coral y Coral 5G”, una acción que incriminan a militares, policiales, así como a civiles y una predicadora evangélica.
El Ministerio Público depositó el miércoles, ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional la acusación formal, que incluye 48 imputados, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, para que un juez conozca el juicio de fondo.
La acusación incluye, además, a 12 nuevos imputados y 13 compañías contra quienes pesan más de 3,500 pruebas por defraudar al fisco.
“Estamos solicitando al tribunal la fusión de estos dos procesos (Coral y Coral 5G) por tratarse de una misma operación. Hemos depositado una acusación que tiene más de 3,000 páginas, 3,268 páginas en la acusación, más de 3,500 pruebas, pruebas testimoniales más de 400 y se han incluido también nuevos imputados, tanto personas físicas como jurídicas”, dijo la fiscal adjunta Mirna Ortiz, responsable del área de Litigio de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.
La funcionaria respondió preguntas de los periodistas que la abordaron mientras salía del tribunal, a donde acudió encabezando el equipo de fiscales que trabajó el caso, para depositar el expediente de ambos procesos, con los que el órgano de persecución desmanteló una supuesta red de corrupción administrativa.
Sobre nuevos arrestos, la fiscal explicó que “vamos a esperar que el tribunal fije audiencia y ya vamos a ver qué pasará. Hay nuevos imputados, son 48 imputados en total”.
Recordó que ya han ocupado bienes muebles e inmuebles por más de 2,000 millones de pesos (unos 36,330,608 dólares) “invertidos por los integrantes del entramado criminal con dinero fruto de la corrupción, producto de lo que desfalcaron al Estado, tanto en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) como en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani)”.
“Tenemos pruebas periciales, documentales, materiales, incautaciones de cientos de bienes inmuebles, y ya veremos cuando el tribunal fije la audiencia”, resaltó Ortiz.
Entre los imputados de la Operación Coral figuran el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, quien ejerció como jefe de seguridad del presidente Danilo Medina Sánchez durante el período 2012-201 y a quien se señala como el principal cerebro del entramado.
Las investigaciones establecen que Adán Cáceres Silvestre se aprovechó de sus funciones, su cercanía y apoyo del poder político para crear una presunta red de corrupción administrativa para distraer fondos millonarios del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), este último a cargo del general generales Juan Carlos Torres Robiou.
Por igual, la incriminación recae sobre la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Dominicana, Alejandro José Montero Cruz, así como el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, a quien se ordenó un arresto domiciliario por colaborar y revelar a los fiscales investigadores cómo se sustraían de manera fraudulenta los fondos del erario.
El Ministerio Público establece que estos militares y policías eran colocados en diferentes posiciones con altos salarios, así como las cuotas que debían entregar distintas unidades y organismos de seguridad del Estado.
Señala que esas personas cobraban entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales (equivalentes a 362 y 1270 dólares, respectivamente), de los cuales solo recibían pequeñas dádivas, mientras la gran parte del dinero era depositado a las cuentas de los jefes de sociedad delictiva.
El 21 de noviembre de 2021, todos implicados en el caso Coral fueron enviados a prisión preventiva por 18 meses mediante una medida de coerción dictada por la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, para cumplirla en la cárcel Najayo Hombres, de la provincia San Cristóbal (región sur).
En la Operación Coral 5G, derivada de la Coral, fueron arrestados los generales Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola, ambos de la Fuerza Aérea Dominicana) y Boanerges Reyes Batista, del Ejército, así como el capitán de navío (coronel) de la Armada Dominicana, Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.
En lo que respecta al general Julio Camilo de los Santos Viola, quien fue subjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, un grupo de parientes suyos ha sido incluido en la acusación que depositó el Ministerio Público.
En la implicación figura como acusada la esposa del oficial, la señora María del Alba Trinidad y los padres de esta, identificados como Elida María Trinidad Santiago, y Manuel de Jesús Alba Solano.
Supuestamente, María del Alba Trinidad sirvió de testaferro a su esposo para colocar a su nombre bienes adquiridos con fondos sustraídos del Cuerpo de Seguridad Presidencial.
Los suegros del militar tenían asignados más de diez parcelas, solares, apartamento de seis niveles, y figuran como accionistas del 60 % y 40 % de empresas. También tienen un penthouse en la Torre Elsa, sector Gazcue, Distrito Nacional, todo esto siendo la señora una conserje y el señor un criador de animales.
En el hecho Coral 5G, además, están involucrados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán, César Ramos Ovalles y Esmeralda Ortega Polanco.
Contra estos, el 14 de diciembre de 2021, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó prisión preventiva y domiciliaria a 10 de los 12 implicados, en tanto que a otros dos les fue impuesto impedimento de salida del país y presentación periódica ante los fiscales investigadores.
La detención de esas personas se ejecutó con 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca. INS
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