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Según la oceanógrafa geológica que participó de la vista la definición deber ser simple y puntual, y debe incluir la métrica del alcance de inundación de un evento extremo./Inter News Service
San Juan, 25 feb (INS).- La Comisión de Agricultura y Recursos Naturales, que dirige la senadora Ada García Montes, retomó la evaluación de los proyectos del Senado 32 y 557 que buscan crear la Ley de la Zona Costanera de Puerto Rico y la Ley de Playas Públicas de Puerto Rico, respectivamente.
En esta ocasión la Comisión citó a deponer ayer al Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico, para atender las definiciones relacionadas con la playa y la zona marítimo terrestre.
Maritza Barreto, oceanógrafa geológica y directora del Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico, expresó estar de acuerdo con «la visión y propósito presentados en ambos proyectos, sin embargo, entiendo que ambos proyectos necesitan aclarar e insertar varios componentes que a mi entender permitirá no solamente un entendimiento y análisis más claro de sus componentes propuestas, sino también permitirá un proceso de implementación más efectivo».
Barreto alertó la importancia de ser más puntual en definir si se «usarán como guías, modelos definidos por la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Cuerpo de Ingenieros (USACE) o Academia (CariCOOS, Sea Grant, etc) e incluir de manera clara y puntual el parámetro o métrica a usarse en el modelo (alcance de inundación por marejada ciclónica de huracán sobre categoría 3, etc). El dejar abierto este componente podría generar problemas de interpretación y definición en el deslinde».
Con relación a la definición de lo que es una zona marítimo terrestre, Barreto manifestó que «debe ser una definición simple y puntual… Recomiendo que se asesoren con académicos y generen conversatorios para llegar a una definición alineada. Lo que sí dentro de esa definición debe estar la métrica del alcance de inundación de un evento extremo».
Además, opinó que «el marco legal que incide en las costas está muy fragmentado. Se necesita una ley que integre todos los reglamentos y que tenga una visión de integrado de costa, que permita ver la costa desde una perspectiva interdisciplinaria y de diferentes enfoques».
Igualmente, aseguró que “crear legislación para proteger las costas del país no causa conflicto alguno con el desarrollo económico de Puerto Rico. Con la ley se debe salvaguardar un desarrollo económico que debe de ser enfocado en una nueva costa».INS
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