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María de Lourdes Santiago voto en contra porque medida «asigna a distintos acreedores más de 10,000 millones de los 14,000 millones que tiene ahora mismo en caja Hacienda en unas transacciones que no son las más favorables al país»./Inter News Service, archivo
Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 17 feb (INS).- La Resolución Conjunta 278 que no consiguió los votos en el Senado para su aprobación pretendía enmendar el presupuesto para autorizar el pago a los bonistas conforme a lo dispuesto en el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) elaborado por la Junta de Supervisión Fiscal. Pero lo hacía bajo el subyacente ardid de crear un «barril de tocino» presupuestario para que los legisladores repartieran $50 millones a sus distritos representativos.
Desde antes que comenzara la sesión ordinaria, fuentes extraoficiales ya advertían que no había los votos suficientes en el Senado para aprobar la Resolución Conjunta 278 que tuvo los votos suficientes para el visto bueno en la Cámara de Representantes, por lo que el proceso quedaría en manos de la Junta de Control Fiscal, como confirma a la prensa el presidente senatorial José Luis Dalmau.
Y, efectivamente, no se consiguieron los 14 votos mínimos en el Senado para avalarla. Tras esa derrota, Dalmau despotricó contra el gobernador Pedro Pierluisi y la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) y los catalogó de «hipócritas» por no respaldar la pieza legislativa por el hecho de que se incluía un barril de $50 millones para ser repartido entre los legisladores.
Un caucus senatorial del PPD evaluó ayer la alternativa de eliminar el «barril de tocino» de la Resolución y distribuir ese dinero a otras áreas presupuestarias para coadyuvar a satisfacer las demandas de aumentos salariales de los empleados públicos, pero Dalmau rechazó la propuesta estudiada que hubiera finiquitado la controversia.
Se supone que el PAD entre en vigor el 15 de marzo, por lo que ahora Puerto Rico se enfrenta a una nueva encrucijada.
El presidente senatorial adelantó que ayer mismo le notificaría por escrito a la junta fiscal sobre lo acontecido con la medida. Anticipó que le hará una petición formal al ente regulador para que incluya en la distribución presupuestaria los fondos que necesita la Legislatura para el pago de nómina y el establecimiento de una nueva oficina especial para presupuesto, pese a la existencia de la Comisión de Hacienda.
La senadora independentista María de Lourdes Santiago afirmó que votó desfavoreciendo la medida, porque «asigna a distintos acreedores más de $10,000 millones de los $14,000 millones que tiene ahora mismo en caja el Departamento de Hacienda en unas transacciones que no son las más favorables al país».
En tanto, el senador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe, dijo que estaba en contra de la medida porque lo que hace «es poner en vigor el PAD, que nos parece que es injusto, que es ilegítimo y que es insostenible».
Todavía no está claro qué procede en ley si no se aprueban las enmiendas al presupuesto, al amparo de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés). Sin embargo, una carta que envió el ente fiscal el pasado 8 de febrero al gobernador y a los presidentes legislativos arroja luz sobre esta posibilidad.
La misiva, firmada por la directora ejecutiva de la junta, Natalie Jaresko, notificó al gobierno que los presupuestos enmendados que elaboró el gobernador no eran compatibles con el plan fiscal, y, por tanto, el ente fiscal envió su propia versión a la Legislatura para que fuera aprobado. Sin embargo, se hace en la carta una anotación en letras pequeñas en la segunda página, que plantea lo siguiente: «Para evitar dudas, la presentación de la junta de este presupuesto conforme a la Sección 202 (c)(2) no limita o restringe el ejercicio de la autoridad de la junta en virtud de las Secciones 202 (d)(2) o 202 (e)(3)».
La sección 202 (d)(2) dispone que si la Legislatura no entrega un presupuesto en el plazo establecido por la junta, el ente fiscal «deberá desarrollar un presupuesto territorial revisado que sea un presupuesto compatible». La sección 202 (e)(3), en cambio, establece que si el gobernador y la Legislatura no aprueban un presupuesto, lo hará la junta y lo decretará aprobado, lo certificará, y entrará en vigor en el primer día del año fiscal aplicable.
Hay en medio de una crisis fiscal que no ha logrado superarse todavía con plan alguno de ajuste de la deuda la urgencia de deshacer los rejuegos políticos proclives a favorecer intereses partidistas con «barriles de tocino» u otros ardides que desvían el enfoque a los esencial de lo que debe ser una voluntad resolutiva del problema fiscal y económico del país. INS
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