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Rafael “Tatito” Hernández. / Inter News Service
San Juan, 30 ene (INS).- Luego de estudiar el caso de supuesta corrupción de la representante de Proyecto Dignidad Lisie Burgos Muñiz, el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, determinó remitir los antecedentes a la Comisión de Ética para que ese cuerpo determine las posibles sanciones en su contra.
“Reconozco que este evento ha lacerado la confianza del pueblo en el ente más representativo del esquema constitucional puertorriqueño. Por esta razón, le informo que tan pronto arribe a la isla y cumpliendo con la reglamentación pertinente, le estaré remitiendo una comunicación a la Comisión de Ética, acompañado del informe preparado por la Oficina de Capital Humano, para que se configure una queja”, afirma el presidente cameral.
Añade que “este cuerpo colegiado deberá determinar si sus acciones u omisiones constituyen una violación a los incisos (a), (d), (j) e (y) de la sección 4 de esta normativa y las sanciones que correspondan en derecho”.
Explica que “el pasado 25 de enero, advine en conocimiento de que una empleada adscrita a su oficina, identificada como Janise Santiago Ramos, alegadamente estaba realizando funciones duales como empleada de la Cámara de Representantes y como directora del colegio educativo Kid’s Kingdom & James Christian Academy”, señala el presidente cameral.
Agrega que “ante esta situación, actué inmediatamente conforme (…) al Reglamento de la Cámara de Representantes para que, en protección del interés público, se realizara una evaluación de su expediente de personal para analizar los méritos de la controversia y determinar el curso de acción que procediera en derecho”.
Dice que el 28 de enero recibió un informe de Milka J. Cartagena Ortiz, directora de la Oficina de Capital Humano (dependencia administrativa de la Cámara que atiende los asuntos relacionados con el personal), donde se establece que Santiago Ramos ocupaba el puesto de directora ejecutiva de su oficina legislativa y, simultáneamente, era dueña y directora del colegio en cuestión.
“Por lo tanto, la petición realizada el 27 de abril de 2021 por Santiago Ramos, utilizando el papel timbrado de su oficina, para solicitar recursos públicos y realizar la graduación de los alumnos de este colegio en las inmediaciones del Capitolio, pudo haber constituido una violación crasa al inciso (r) del artículo 4 de la Resolución de la Cámara 326 de 7 de abril de 2021”.
Esa normativa establece que ningún director de dependencia incurrirá en conducta que represente un conflicto de interés, cuando su agenda personal, o la mera apariencia, esté reñida con el interés público.
Para Hernández, “en este caso, la prueba examinada refleja que el proceder de Santiago Ramos rebasó el clásico umbral del conflicto potencial, para dar paso a la constitución de una circunstancia en la que, en efecto, se sirvieron conflictos reñidos entre sí”.
Sin embargo, Manuel Díaz Espino, administrador de la Cámara, confirmó que no hubo pérdida de fondos públicos, pues los servicios a estudiantes y sus padres ya se encuentran presupuestados dentro de los gastos ordinarios de ese Cuerpo Legislativo.
Por lo tanto, Hernández concluye que “al constituir prueba incontrovertida, le confirmo que en esta etapa de los procedimientos no existe prueba suficiente que establezca que Santiago Ramos haya incurrido en la comisión de un delito”.
Concluye que la determinación no adjudica si hubo deficiencias en el desempeño de Burgos como supervisora inmediata de Santiago Ramos. “Le corresponderá a la Comisión de Ética adjudicar si, conforme a la totalidad de las circunstancias, la supervisión liderada por usted fue deficiente, inadecuada o contraria al interés público”.
“Además, deberá determinar si usted debió advertir que la petición realizada el 27 de abril de 2021 por su oficina representaba un conflicto de interés sancionable por la reglamentación interna, y si su señoría debió haberle informado a este presidente de dicha situación en la referida petición”. INS
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