P. Rico-Organizaciones sin fines de lucro se quedarían sin donativos para seguir prestando servicios en las comunidades si la gobernadora González no veta el Proyecto de la Cámara 1133

Robb Rill, fundador de The 20/22 Act Society, pidió a la gobernadora vetar la medida. Inter News Service

Dorado, 16 nov (INS).- Las entidades The 20/22 Act Society y The 20/22 Act Foundation solicitaron formalmente a la gobernadora Jenniffer González que vete el Proyecto de la Cámara 1133, destinado a enmendar la Sección 2023.01 de la Ley 60-2019.

En una carta, con fecha del 10 de noviembre de 2026, también dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez Núñez, las entidades advierten que la medida dejaría a la mayoría de las entidades benéficas locales sin acceso a los donativos requeridos por la Ley 60, sin generar recaudos ni añadir fiscalización, y que es además de naturaleza discriminatoria.

Asimismo, dijeron, reducirá drásticamente las organizaciones que son actualmente elegibles.

“La Sección 501(c)(3) es una herramienta de fiscalización útil, pero no debe ser el precio de entrada para las entidades benéficas locales que la ley de Puerto Rico ya reconoce”, expresó Robb Rill, fundador de The 20/22 Act Society.

Las principales preocupaciones sobre el P.de la C. 1133 son:

Una barrera federal para las entidades benéficas locales pequeñas. El proyecto les daría a las organizaciones sin fines de lucro 90 días para presentar un plan de cumplimiento ante el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y 24 meses para completar una solicitud federal bajo la Sección 501(c)(3).

Las que no puedan hacerlo quedarían automáticamente inhabilitadas para recibir donativos. Esa carga afecta sobre todo a grupos con poco personal y presupuestos limitados que ya cumplen con la ley de Puerto Rico.

Exclusión según quién sirve en la junta de directores. El proyecto prohíbe los donativos a cualquier entidad sin fines de lucro que sea controlada o administrada, directa o indirectamente, por un tenedor de decreto, o en la que un tenedor de decreto ocupe una posición de “influencia sustancial”.

Una entidad benéfica debidamente registrada bajo la Sección 1101.01 y la Sección 501(c)(3) podría perder su elegibilidad simplemente porque inversionistas que viven en Puerto Rico sirven como voluntarios en su junta de directores.

Ningún beneficio fiscal: En el Informe 2026-535, la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) concluyó que el P. de la C. 1133 no tiene impacto fiscal y que su efecto principal sería concentrar los mismos donativos en menos organizaciones.

Las organizaciones también rechazan la premisa del proyecto de que las entidades benéficas creadas por inversionistas residentes son un mecanismo para evadir los requisitos de la ley. Ya que las mismas deben cumplir con todos los requisitos legales que aplican a cualquier otra entidad receptora, y la mayoría ya cuenta con el estatus 501(c)(3).

“Fundé esta organización antes de que existiera requisito benéfico alguno, porque consideraba importante integrarme y aportar a la comunidad local, con el P.de la C.1133 se podría eliminar ese apoyo simplemente porque el fundador de alguna organización es tenedor de un decreto contributivo o los voluntarios que trabajan en ella, comunicó Rill.INS

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