
Laura Taylor Swain./Inter News Service
San Juan, 19 ene (INS).- La jueza federal Laura Taylor Swain, quien atiende el caso de la quiebra de Puerto Rico y supervisa la reestructuración de la deuda, se expresó hoy en torno a la aprobación ayer del plan de ajuste de la deuda de Puerto Rico.
Taylor Swain, previo a una audiencia ómnibus en la que evaluó reclamos de ciudadanos y exfuncionarios sometidos contra el gobierno de Puerto Rico por el plan de ajuste de la deuda, dijo que «el camino hasta este punto no ha sido fácil y ha sido particularmente difícil para el pueblo de Puerto Rico, quien ha perseverado a años de desastres naturales y económicos».
«La esperanza y expectativa de esta corte es que la confirmación del plan marque el principio del capítulo más brillante de Puerto Rico, que se tomen las medidas apropiadas por la Junta en el tiempo que permanezca”, expuso.
También se mostró esperanzada en que “el gobierno local pueda salvaguardar y preservar el futuro financiero de la Isla».
Como parte del plan de ajuste de la deuda aprobado por la jueza, un documento de más de 400 páginas, se mantuvieron las pensiones del sector público.
Además, fue aprobado el plan de ajuste de la deuda para el gobierno central, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y el Sistema de Retiro de los empleados públicos.
Tras la decisión de la jueza, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) emitió una declaración en la que expresa que el plan de ajuste reduce la deuda en un 80% y ahorra a Puerto Rico más de 50,000 millones en pagos del servicio de la deuda”.
El pasado 23 de noviembre, Taylor Swain había puesto fin al proceso de vistas de argumentación sobre el plan de ajuste de la deuda.
Se trató de la fase concluyente de un proceso que buscaba la reestructuración de 33 mil millones de dólares de deuda constitucional.
El proceso concluye a más de cuatro años de que la JSF comenzará con el proceso de reestructuración de deuda.
Taylor Swain confirmó el plan de ajuste de la deuda tras un acuerdo entre la JSF y la Legislatura, que debía cumplir con la Ley Promesa, lo que permitía, de paso, reducir la deuda constitucional a siete mil millones.
Organizaciones políticas y sociales, como el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública, el Frente en Defensa de las Pensiones y el Partido Independentista Puertorriqueño, entre otras, han reclamado en reiteradas ocasiones que la deuda es ilegal y, por tanto, no se debe pagar.
Además, han alertado que con la medida Puerto Rico podría volver a la quiebra tan pronto como en diez años.INS
lp
Inter News Service Agencia de Noticias