
Luis Maisichell Dicent, destituido director de la Lotería Nacional. / Inter News Service
Santo Domingo, 16 ene (INS).- El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó las medidas de coerción contra el exadministrador de la estatal Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, y los demás vinculados al sorteo fraudulento celebrado 1 de mayo del pasado año, cuyo monto asciende a más de 500 millones de pesos (8,6 millones de dólares).
En la revisión del caso conocido como Operación 13, la jueza Altagracia Ramírez de la Cruz ratificó la prisión preventiva del exfuncionario, así como de William Lizandro Rosario Ortiz y Eladio Batista Valerio.
Mientras que a los coimputados, la presentadora Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio les fue confirmada la prisión domiciliaria, y presentación periódica e impedimento de salida del país a Edison Manuel Perdomo Peralta, Miguel Mejía y Rafael Mesa.
La Operación 13 implicó la realización de 15 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Monseñor Nouel y Santo Domingo.
Surgió de las indagatorias que se originaron a partir de denuncias sobre la maniobra fraudulenta en la extracción del bolo 13 de la tómbola del primer premio en el sorteo de la Lotería Nacional del 1 de mayo de 2021.
Los involucrados en el entramado corrupto buscaban que el tribunal les variara la prisión preventiva por la libertad condicional, tras las nuevas circunstancias del caso, luego de la muerte de uno de los principales querellantes, el empresario Rubén Jiménez, presidente de la Federación Nacional de Loterías (Fenabanca), y uno de los dueños de bancas de lotería que resultaron agraviadas por el sorteo.
La información sobre la ratificación de la medida de coerción la ofreció el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien declaró que la misma se produjo porque los presupuestos (las garantías) que les presentaron los abogados defensores al tribunal se basan en argumentos reiterativos, que ya habían sido rechazados en audiencias anteriores por resultar insuficientes.
“El tribunal ha mantenido las medidas de coerción y las ha mantenido sobre la base de que los presupuestos que se les han presentado, muchos de esos presupuestos son repetidos, son cosas que los abogados presentaron en la medida de coerción, cosas que presentaron en la apelación, algunos que apelaron, y cosas que presentaron en la primera revisión de medida de coerción”, expuso.
Camacho dijo que esta es la segunda revisión obligatoria de medida cautelar y, en consecuencia, el tribunal ha fallado en base a lo que se le ha presentado”.
En el proceso, el órgano de la acusación explicó que ha aportado abundantes elementos probatorios, incluyendo las querellas de varias bancas de lotería que resultaron perjudicadas con el sorteo.
Respecto al caso de corrupción Antipulpo, develado por las autoridades tras varios allanamientos, Camacho resaltó que el Ministerio Público presentó una acusación sumamente voluminosa.
La red de corrupción del caso Antipulpo y liderada según el Ministerio Público por Alexis Medina Sánchez incurrió en sobrevaluaciones en las 20 instituciones que operó durante los dos períodos de gobierno que encabezó su hermano, el expresidente Danilo Medina.
“Recordarán ustedes que estamos hablando de más de 3,400 páginas de acusación y es una acusación que no hay forma humana en el que la parte de las defensas pueda atacar la acusación, porque, como hemos dicho, hemos construido un proceso blindado y así lo hemos depositado en el tribunal”, afirmó.
Por la cantidad de personas acusadas, ese proceso es el más grande que ha presentado la Procuraduría en más de tres décadas, al someter formalmente a 27 personas, incriminadas de formar una red de corrupción que perjudicó al Estado supuestamente por un monto superior a los 4,500 millones de pesos (78 millones de dólares).
El expediente tiene como principal cabecilla al hermano del expresidente Danilo Medina, Juan Alexis Medina Sánchez, y figuras tan relevantes como el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, y el exministro de Salud, Freddy Hidalgo. INS
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