P. Rico-Proponen eliminar delitos por violar órdenes ejecutivas ante caso de pareja que no cumplió con declaración de viajero y porque se emiten sin discusión pública, escrutinio ni proceso legislativo

San Juan, 12 ene (INS).- La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales Molinelli, propuso hoy enmiendas para que las violaciones a órdenes ejecutivas emitidas por el gobernador sean consideradas faltas administrativas, en vez de constituir delitos que deben ser atendidos por los tribunales y que exponen a las personas a multas de hasta 5,000 dólares e incluso a penas de cárcel.

El proyecto de la Cámara 1130 enmienda el artículo 6.14 de la Ley 20-2017, el cual fue modificado por una medida aprobada mediante descargue en abril de 2020, al principio de la pandemia de Covid-19, con el propósito de darle validez legal al toque de queda impuesto por la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced.

La disposición fue enmendada nuevamente en julio de 2020 para ampliar aún más los poderes de crear delitos otorgados al Ejecutivo, permitiendo que cualquier violación a órdenes ejecutivas se pueda castigar con cárcel y altas multas. 

El cambio propuesto por Nogales Molinelli establecería que las violaciones a órdenes ejecutivas así como otras conductas prohibidas en el artículo 6.14 constituirán faltas administrativas que acarrearán multas de hasta 500 dólares.

“Desde que Wanda Vázquez emitió la primera orden ejecutiva y decretó un toque de queda, muchos sectores levantamos bandera y señalamos que esa forma de gobernar es peligrosa y que las órdenes no se sostienen ante el escrutinio estricto al que se deben someter las medidas que interfieren con derechos constitucionales. Eso dio paso a muchas detenciones y arrestos bien cuestionables porque ni siquiera se tomó en cuenta que podían existir razones muy válidas para estar transitando de noche o incluso que salir en carro de noche no representaba en sí un riesgo de contagio”, sostuvo la legisladora. Expuso que “en vez de ir moviéndose a medidas menos restrictivas, tuvimos un toque de queda que duró más de un año, y se siguieron añadiendo prohibiciones a las órdenes ejecutivas que, por virtud de la enmienda a la Ley 20-2017, se convertían automáticamente en delitos que siguen siendo procesados de forma arbitraria, desigual y caprichosa. Así llevamos 34 meses en los que el gobierno se ha dado mediante órdenes ejecutivas, sin discusión pública, sin escrutinio o proceso legislativo”.

Señaló como ejemplo la desproporcionada respuesta de seguridad que se activó ante el incumplimiento de una pareja de viajeros con el deber de completar un formulario al llegar a Puerto Rico. 

“Activar unidades especiales de la policía y hacer todo un espectáculo de fuerza para arrestar a estas personas es totalmente descabellado, más aún en un contexto en que hay mucho personal fuera de sus labores. Es obvio que, como ocurre en otras instancias, la administración de Pedro Pierluisi está tratando de convertir a estas personas en ejemplo de lo que pasa cuando alguien disiente de las decisiones de su gobierno. Ahí es que surge el problema con una disposición tan amplia y vaga como la que se creó en la Ley 20 de 2020, porque permite el abuso de poder y la aplicación arbitraria y caprichosa de las órdenes ejecutivas con fines políticos. Por eso es que cuando la legislatura le delega al Ejecutivo la creación de delitos tiene que ser bien específica y limitada en lo que va a permitir”, explicó.INS

lp