P. Rico-Clínica legal de Yale pide acción a la legislatura puertorriqueña por decisión “obviamente incorrecta” sobre audios de caso Ruiz Costas

San Juan, 10 ene (INS).- La Clínica de Medios y Acceso a la Información de la Universidad de Yale (MFIA, sigla en inglés) lamentó que el Tribunal Supremo de Estados Unidos no considerara revisar la determinación de la mayoría de jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico de denegar acceso al pueblo y a su prensa a conocer qué ocurrió en los casos en los que Andrea Ruiz Costas solicitó auxilio a los tribunales.

“Es decepcionante que la Corte Suprema de los Estados Unidos se haya negado a revisar una decisión de Primera Enmienda obviamente incorrecta en un caso profundamente importante para el pueblo de Puerto Rico. La decisión de la Corte de hoy no es un respaldo a la determinación de la Corte Suprema de Puerto Rico”, enfatizó el licenciado Stephen Stich, abogado de récord de MFIA junto al experimentado director de la Clínica en la prestigiosa Universidad de Yale, el licenciado David Schulz.

El abogado agregó que, “irónicamente, la ausencia de un expediente bien desarrollado, que fue causado por la negativa de la Corte Suprema de Puerto Rico en permitir que la Asppro presentara argumentos en cualquier etapa del procedimiento, bien pudo haber contribuido a la decisión de la Corte de no tomar el caso. Aunque este no es el resultado deseado, nos alienta que la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz

Rodríguez, respondió a las preocupaciones de Asppro al anunciar el nuevo programa Court Watch”.

A su vez, se mostró esperanzado que el Poder Judicial puertorriqueño “continúe ampliando el acceso a los tribunales y que la Legislatura puertorriqueña enmiende la Ley de la Judicatura de 2003 para aclarar que los procedimientos por violencia doméstica están abiertos al público”.

Por su parte, el licenciado Rafelli González Cotto, abogado y miembro de la Asppro, sostuvo que la decisión del Supremo federal “sobre no intervenir en la errónea interpretación que dio el Supremo local a la ley y a los casos normativos que regulan el acceso a las salas de los tribunales en que se ventilan casos de violencia de género es un paso en retroceso al desarrollo histórico del derecho a saber del país en una sociedad democrática”.

“Desde que la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Overseas Press Club (OPC) solicitaron por vía judicial acceso a esa información pública que aún no ha sido entregada a pesar de que nadie se  opone a ello, el país ha experimentado cambios sobre cómo el gobierno comunica los remedios que las víctimas tienen a su disposición para enfrentar a su agresor, por lo que estamos convencidos que esta larga batalla que hoy termina no se ha perdido aún. Ahora le toca a los miembros de la Asamblea Legislativa, quienes han expresado su descontento sobre la determinación de mantener las grabaciones en un cuarto secreto, tomen acción y aclaren el lenguaje de la ley, la cual claramente no dice lo que concluyeron la mayoría de los jueces. La transparencia a destiempo no es transparencia, llegó la hora de demostrar que esa palabra no solo la usan para ganar votos”, expresó González Cotto.

La Clínica de Medios y Acceso a la Información de la Universidad de Yale junto a los abogados Edgar Villanueva y González Cotto presentaron a nombre de la Asppro el 29 de octubre ante la Corte Suprema de los Estados Unidos el recurso legal solicitando la revocación del fallo del Supremo de Puerto Rico con la intención de que los audios de los procesos judiciales en los que participó Andrea Ruiz Costas sean divulgados al país.INS

lp