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Los militares dominicanos están impedidos de ejercer el sufragio./Inter News Service
Santo Domingo, 26 oct (INS).- Un estudio realizado por el Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (OPD-Funglode) reveló que en los últimos 50 años varias naciones de la región, como Venezuela, Argentina y Chile, han presentado situaciones controversiales al permitir la participación de militares y policías en las jornadas electorales.
La investigación afirma que en los lugares donde se ha habilitado ese sistema, “al mismo tiempo se ha puesto de manifiesto la politización de las Fuerzas Armadas, se han generado fallas democráticas significativas y se han producido acciones políticas suspicaces”.
El tema surgió en el marco de una propuesta de levantamiento de la prohibición del voto a ese segmento de la sociedad dominicana hecha por tres organizaciones políticas nacionales.
Refiere que en América Latina, a través de los años, el veto o impedimento de ese tipo de acción ha ido desapareciendo, “al punto de que, mientras hace tan solo unas décadas la mayoría de los países de la región contemplaban el referido veto en sus constituciones y legislaciones electorales, en la actualidad sólo cinco países mantienen esta prohibición: Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y República Dominicana”.
Vladimir Rozón García, coordinador de la Unidad de Partidos Políticos y Sistemas Electorales del Observatorio Político Dominicano, destaca que conforme a la doctrina el hecho de impedir la concurrencia a las urnas de soldados y policías “es una violación de sus derechos per se, puesto que la iniciativa solamente permanece durante el tiempo en que se encuentren en servicio activo”.
“Los militares y policías retirados pueden ejercer libremente sus derechos políticos, divulgar sus criterios partidistas, promover su ideología y hasta aspirar a cargos electivos”, precisa Rozón.
El estudio titulado “Voto militar y policial en República Dominicana” plantea que en las últimas décadas, en el terreno local ha habido varias opiniones al respecto, siendo una de estas la presentada en 2013 durante la vista pública realizada por la Comisión Bicameral del Congreso Nacional que estudiaba el proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional.
Recordó que en ese escenario se propuso la inclusión de la siguiente disposición: “Los policías deben tener el derecho a votar en las elecciones generales e inscribirse en los partidos políticos, que puedan elegir al presidente de la República, senadores, diputados, alcaldes y regidores, y se le conceda el derecho asociarse dentro de la institución”.
El trabajo de campo indica, además, que la propuesta más reciente fue la de los partidos Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Cívico Renovador (PCR) y Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), que mantienen la teoría de que los uniformados también tienen derecho a participar en los procesos comiciales.
Señala que idea contempla que para el sufragio se habilite en cada recinto electoral un colegio, a los fines de que los soldados puedan ejercer el sufragio y, una vez lo hagan, se reporten a los lugares donde estén prestando servicio.
El estudio apunta que, en el caso de República Dominicana, “desde la primera Constitución proclamada el 6 de noviembre de 1844, se consagró el derecho del ciudadano a participar en la escogencia de los cargos públicos; no obstante, para entonces fue establecido de forma limitada, no universal, pero aun así contemplado”.
“Por tanto, desde el origen de la República se ha reconocido el derecho que poseen los ciudadanos de participar en los procesos electivos de la nación. De esta manera, la Constitución de 1854, en su artículo 31, otorgaba el derecho al sufragio a los oficiales del Ejército de tierra o mar”, apunta.
Explica la publicación que esa facultad se mantuvo vigente durante 70 años, puesto que fue hasta la reforma constitucional del año 1924 cuando se volvió a establecer la prohibición del derecho al voto para los policías y militares.
El estudio resalta que entre los países analizados de América Latina, 11 de 16 permiten ese tipo de sufragio, y hace la salvedad de que “sin embargo, en la mitad de estos si bien se permite el voto, se prohíbe su afiliación partidaria y su posibilidad de aspirar a algún cargo electivo o bien a ejercer algún cargo público”.
“Únicamente, El Salvador, Nicaragua y Venezuela permiten tanto el sufragio como la afiliación partidaria y su posibilidad de aspirar a un cargo de elección popular”, agrega.
La investigación concluye que no se trata de coartar o eximir de sus derechos a los hombres y mujeres de los cuarteles, sino de salvaguardar sus funciones, toda vez que “el veto los blinda contra la polarización política latente y asegura el desarrollo de sus obligaciones y la estabilidad democrática”. INS
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