
José Alameda./Facebook
Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 21 oct (INS).- La reducción que se hace a la deuda pública de Puerto Rico y sus términos de pago no son suficientes para evitar que la isla caiga en un nuevo impago dentro de algunos años por no estar acompañado de un plan de desarrollo económico estructurado y sostenible.
El Plan de Ajuste de la Deuda aprobado por la Cámara de Representantes y avalado por la Junta de Control Fiscal no dista mucho de la situación en que se encontraba Puerto Rico antes de la quiebra fiscal.
Con este ajuste de las acreencias públicas de Puerto Rico será necesario seguir implantando medidas de austeridad para garantizar el pago a los bonistas.
Este es el consenso de opinión entre algunos economistas, entre ellos Daniel Santamaría, economista de Espacios Abiertos. Santamaría dejó saber su punto de vista en un foro realizado semanas atrás, titulado: «Cómo el Plan de Ajuste de la Deuda nos afecta: «Mitos y Realidades». La actividad fue organizada por la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público, Espacios Abiertos y el Colegio de Abogados y Abogadas.
Por su parte, el economista José Alameda, integrante de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público, y profesor de economía en la UPR, pone el énfasis en el efecto que las medidas de austeridad y planes fiscales ya han tenido en los servicios esenciales, principalmente en las áreas de salud, educación, rehabilitación, salud mental, energía y el suministro de agua.
Pone como ejemplo que entre los años fiscales 2008 y 2020, las estadísticas locales de la Oficina de Administración y Presupuesto mostraron que la cantidad de empleados públicos centrales cayó de 231,502 a 128,968, para una disminución de 102,534 (-44.3%), dejando a nuestras agencias sin los recursos humanos necesarios para hacer su trabajo.
A este análisis se suma el que hace la planificadora y directora de la Liga de Ciudades, Cristina Miranda Palacios, quien alera ensus observaciones que el riesgo inminente de cierre al que se enfrentan alrededor de 40 municipios.
Según ella, con los ajuste de las acreencias que se hace los municipios no podrán cumplir con la variedad de servicios esenciales que ofrecen a la ciudadanía.
El peligro estriba en que el compromiso con el pago de la deuda podrá realizarse quizás sin dificultades extremas en los primeros cinco años, pero a mediano y largo plazo constituirá un impedimento al desarrollo económico que necesitamos y limitará todavía más el funcionamiento del gobierno. INS
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