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La entidad invitó a la población a mantenerse atenta y apoyar los esfuerzos de recaudación de fondos de la Alianza Pro Transparencia. /Inter News Service
San Juan, 20 oct (INS).- El equipo de asesores legales de la Alianza Pro Transparencia (APT) informó que está haciendo un “análisis profundo” sobre las implicaciones de la determinación de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) de archivar las investigaciones contra las juezas de Caguas, Ingrid Alvarado y Sonya Nieves, quienes atendieron los procesos en los que Andrea Ruiz Costas, asesinada por su expareja, figuró como peticionaria y testigo.
Próximamente, el equipo de asesores legales dará a conocer “cuál será el rumbo legal que tomaremos respecto al caso que estaremos radicando ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el que exigimos la divulgación de las grabaciones. Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad. Continuamos en nuestra lucha por la transparencia y el derecho a saber que tienen todos y todas los puertorriqueños”.
Agrega que “si bien es cierto que la letra de la ley debe cumplirse, también su espíritu tiene que defenderse. La aplicación del derecho es una tarea que está intrínsecamente ligada a la conducta que deben presentar nuestros jueces y juezas en el ejercicio de sus funciones. En su momento, el comportamiento de todos los que debieron ser sensibles al clamor de Andrea para que la protegieran será objeto de escrutinio público”.
La entidad invitó a la población a mantenerse atenta y apoyar los esfuerzos de recaudación de fondos de la Alianza Pro Transparencia.
“Seguimos firmes con nuestro compromiso de llevar el reclamo de transparencia y de acceso a la información pública al Supremo federal. Un equipo de abogados y profesores expertos en derecho trabajan en el caso en el que exigimos la divulgación de las grabaciones de los procesos judiciales de Andrea Ruiz Costas”, señaló la entidad.
El director administrativo de los Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, informó hoy que tras la investigación que llevó a cabo la Oficina de Asuntos Legales fueron desestimadas las quejas contra las juezas Sonya Nieves Cordero e Ingrid Alvarado Rodríguez en relación a los procesos judiciales donde la asesinada Andrea Ruiz Costas acudió al Tribunal.
Tras culminar el análisis de la prueba recopilada, así como la normativa legal aplicable en materia de ética judicial, la Oficina de Asuntos Legales concluyó que no se cumple con el estándar de prueba legal que se requiere para instar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Disciplina Judicial contra las juezas Nieves Cordero y Alvarado Rodríguez.
Por lo tanto, el director administrativo ordenó el archivo de las quejas presentadas por la madre de la víctima fatal, Olga Costas Rodríguez, quien alegaba que las referidas juezas violentaron los Cánones de Ética Judicial durante las vistas en las que Andrea Ruiz Costas figuró como solicitante de una orden de protección y testigo del Ministerio Público, con relación a Miguel Ocasio Santiago.
Ruiz Costas fue reportada desaparecida el 29 de abril y días después fue encontrada sin vida, tras lo cual se arrestó a Ocasio Santiago por su responsabilidad en el asesinato de la joven.
El 4 de mayo de 2021, Steidel encomendó la investigación sobre el proceder y conducta de Nieves Cordero y Alvarado Rodríguez, ambas juezas municipales de la región judicial de Caguas, luego de que se supo que el 25 de marzo Ruiz Costas había solicitado una orden de protección contra Ocasio Santiago y que la jueza Nieves Cordero no la había otorgado.
Sin embargo, Steidel Figueroa aclaró que “el alcance de la investigación disciplinaria que se condujo es limitado, pues la Oficina de Administración de los Tribunales no tiene facultad para pasar juicio sobre la corrección o no de un dictamen judicial, en sustitución de los mecanismos de revisión que provee el ordenamiento jurídico”.
Agregó que “nuestro sistema legal establece mecanismos independientes para revisar la corrección de esos dictámenes, lo cual ocurre ante los correspondientes foros judiciales y no en el ámbito disciplinario. Así pues, una decisión errónea de un juez o jueza no es base adecuada para un proceso disciplinario. Tales decisiones solo pueden ser cuestionadas mediante los trámites procesales apelativos que establece la ley”.
En carta a Costas Rodríguez, Steidel explica que “desde el punto de vista disciplinario, la evidencia apunta a que ambas juezas atendieron los reclamos de Andrea Ruiz Costas y tomaron sus determinaciones, sin que exista evidencia de que hayan actuado movidas por factores ajenos al proceso o a su interpretación de la prueba y del derecho aplicable a los hechos”. INS
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