Inter News Service Agencia de Noticias
Abogados de los implicados y los fiscales conversando con las juezas durante el juicio Odebrecht./Inter News Service
Por Manuel Vólquez
Santo Domingo, 1 oct (INS).-Tras cuatro años de intensos debates donde prevalecieron las declaraciones de inocencia de parte de los imputados, diversos incidentes procesales, recusaciones de jueces y las reiteradas acusaciones de los fiscales intervinientes, llegó a la fase final el juicio de fondo que se les sigue a seis personas llevadas ante la justicia bajo cargo de haber recibido en sobornos 92 millones de dólares repartidos en el país por la constructora brasileña Odebrecht a cambio de obtener contratos privilegiados de obras estatales.
A partir de ahora, la sociedad tiene los ojos puestos sobre las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que deben decidir el destino de los enjuiciados en el controversial expediente, considerado como uno de los más importantes casos de corrupción en la historia dominicana.
Luego de prolongadas jornadas judiciales y numerosos aplazamientos, los jueces finalmente cerraron los debates y se retiraron a deliberar hasta el 14 de octubre, fecha en la que harán pública su decisión, tras ponderar los medios de defensa de los acusados contra quienes el Ministerio Público pidió condenas de entre 5 y 10 años de cárcel, así como el decomiso de sus bienes mal adquiridos.
En manos de la corte está la suerte de los imputados, el empresario Ángel Rondón Rijo, considerado como el distribuidor de las coimas; el exministro Víctor Díaz Rúa; el abogado Conrado Pittaluga; el exsenador Tommy Galán Grullón; el expresidente del Senado de la República y dirigente del oficialista Partido Revolucionario Moderno, Porfirio Andrés Bautista García; y el exdiputado Juan Roberto Rodríguez.
Todos tienen en común haber invocado su inocencia frente a las incriminaciones hechas por el Ministerio Público y de sentirse afectado por el expediente elaborado en su perjuicio por el entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien desde el 13 de julio está cumpliendo 18 meses de prisión preventiva por decisión de la jueza Kenya Romero Severino del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, implicado junto a otras personas en una presunta red criminal que habría estafado al Estado con más de seis mil millones de pesos dominicanos (106,288,746 dólares).
Los fiscales Mirna Ortiz y Wilson Camacho, este último titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), han insistido en que cumplieron la promesa que hicieron a la población y que presentaron pruebas suficientes para obtener la condena.
El órgano acusador ha pedido a las juezas sentencias de diez años contra Rondón y Díaz Rúa; siete años contra Pittaluga y cinco para Roberto Rodríguez, Tommy Galán y Andrés Bautista.
Los acusados pidieron ser absueltos por presunta falta de pruebas y también que se rechace la solicitud de incautación de los bienes y de sus cuentas bancarias como es la pretensión de los representantes de la Pepca.
En 2016, Odebrecht admitió que pagó US$788 millones en sobornos en 12 países, incluyendo a la República Dominicana. Desde entonces se removieron los cimientos políticos de los estados de América Latina involucrados, al punto de ser el detonante del suicidio del expresidente peruano Alan García en 2019.
El 26 de diciembre de 2016, el procurador general Jean Alain Rodríguez anunció el inicio de la investigación formal del caso y dos días después, comenzó una serie de interrogatorios.
El 10 de enero de 2017, Marcelo Hofke, representante de Odebrecht en el país, fue interpelado en la sede de la Procuraduría General de la República y allí ofreció informaciones del hecho, dando riendas a la tanda de investigaciones que duraron varios meses.
Para la ocasión, fueron entrevistados Angel Rondón, Radhamés Segura, Freddy Pérez, Roberto Rodríguez, Mariano Germán, Alberto Holguín, Víctor Díaz Rúa, César Sánchez, y Andrés Bautista.
También, Jesús Vásquez Martínez, Alfredo Pacheco, Frank Rodríguez, Rafael Suero, Leonardo Guzmán, Conrado Pittaluga, Reinaldo Pared Pérez, Tommy Galán y Cristina Lizardo. Además, Julio César Valentín, Larry Shell y Henry Marquard (de la empresa Stanley Consultants), Abel Martínez, Ramón Alburquerque, Ruddy González y Vicente Bengoa.
El 29 de mayo de 2017 se produjeron arrestos de empresarios, políticos y funcionarios que, en principio fueron vinculados al entramado societario de corrupción.
Aunque al juicio de fondo solo llegaron las seis personas citadas el cuarto párrafo, en principio, el Ministerio Público imputó a 14 individuos. La lista completa la integraban Alfredo Pacheco, Bernardo Castellanos, César Sánchez, Juan Temístocles Montás, Julio César Valentín, Máximo D’ Óleo, Radhamés Segura, Ruddy González, que de manera sorpresiva, el anterior procurador general Jean Alain Rodríguez favoreció con el cierre del archivo definitivo de la investigación, decisión que originó varias críticas y repulsas en la población. INS
mv/lp
