P. Rico-Junta coarta el derecho al voto de pensionados, mientras que plan fiscal presenta problemas de sostenibilidad y confiabilidad de la información, advierte Espacios Abiertos

San Juan, 30 sep (INS).- Con la séptima enmienda al plan de ajuste de la deuda del gobierno, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) coartó los derechos democráticos de los pensionados puertorriqueños al limitar la votación de esa medida fiscal solamente al grupo de pensionados que recibe un recorte del 8.5 por ciento, pese a reconocer que el congelamiento de los ajustes por inflación afectará al 100% de los retirados.

Así lo afirmó el economista Daniel Santamaría Ots, analista sénior de política pública de Espacios Abiertos, quien insistió en que la totalidad de los pensionados afectados por los recortes de la Junta, que según los últimos datos públicos asciende a 318,483, entre 166,510 retirados y 151,973 que todavía trabajan o cotizan, deberían participar en la consulta y tener derecho al voto. 

“Sin embargo, la Junta únicamente permitirá que voten unos 24,074 retirados, aquellos con pensiones mayores a 2,000 dólares”, dijo el experto.

Santamaría Ots explicó que el propio plan establece que el impacto mayor a los pensionados será por el congelamiento de los ajustes por inflación. 

“La mayoría de los retirados de Puerto Rico no reciben ajustes por inflación desde 2007. En concreto, entre 2007 y 2019 éstos sufrieron un 19% de reducción de su poder adquisitivo y recibirán otro ajuste en su poder de compra del 39% durante los próximos 30 años”, detalló. 

Agregó que “la Junta entiende que, para aprobar o rechazar el Plan de Ajuste, debe votar el pensionado que esté afectado y, aunque reconoce que la congelación de los ajustes por inflación afecta al 100% de los retirados, con el diseño y ejecución del proceso imposibilita el ejercicio democrático al voto del universo de los afectados y lo limita a un pequeño grupo”.

Opinó, además, que “a los pensionados les están vendiendo el plan de ajuste bajo la premisa de que será el fin de la quiebra, pero la realidad es otra, toda vez que la carga de obligaciones que resultará del plan será similar a la carga de obligaciones que tenía Puerto Rico al declarar que no podía continuar funcionando y pagando deuda. La situación se agrava cuando se considera que también se les está limitando su derecho de participación y violentando el acceso a la justicia”.

El especialista en deuda manifestó además que el plan ofrece un trato desigual de los pagos no contingentes a los residentes de Puerto Rico frente a los bonistas. 

Ello porque se condiciona ofrecer ciertos beneficios a los habitantes solo si hay un superávit fiscal. 

Sin embargo, indicó que los pagos de deuda contingentes (CVIs) a los bonistas se harán considerando los excesos de los recaudos certificados en los planes fiscales, ya sea del IVU (Plan Fiscal 2020) o del ron (plan fiscal 2021), sin importar si Puerto Rico entra en déficit.

“El actual plan de ajuste suscribe que la actual propuesta beneficia a los residentes de Puerto Rico. Lo que observamos desde Espacios Abiertos es algo distinto. Aconsejamos que cualquier propuesta legislativa sobre el plan, tome como índice de referencia el que haya superávit para compensar a los bonistas en lugar de vincular los CVI’s (instrumentos de valoración contingente) al sobredesempeño de los recaudos del IVU y el ron”, sostuvo Santamaría. 

Añadió que “la Junta sabe, y comunica en sus proyecciones, que para 2036 Puerto Rico volverá a entrar en déficit fiscal, poniendo fin a cualquier beneficio adicional para los residentes de la isla. Sin embargo, contempla pagar a los bonistas hasta 405 millones a través de los CVIs por quince años más, entre los años 2036 y 2051, y aunque Puerto Rico esté en números rojos”.

Afirmó que después de más de cinco años de la puesta en marcha de la Ley Promesa y habiendo gastado aproximadamente 939 millones del pueblo de Puerto Rico entre consultores, abogados, y demás expertos financieros, la Junta presentó un plan cuyos datos no han podido ser verificados por ninguna entidad independiente. 

“Ello sucede porque no existen estados financieros auditados para los años 2019, 2020 y 2021. Además del sobrecosto que paga hoy el contribuyente en primas de riesgo por no tener los estados financieros al día, para la nueva emisión de bonos inherente al proceso de reestructuración, el pueblo también será el responsable pecuniario de cualquier nueva obligación que pudiera aparecer tras los procesos de auditoría que restan pendiente”, puntualizó.INS

lp