P. Rico-Discuten proyecto en la Cámara que permitiría que cualquier persona pueda acudir a tribunales o foros administrativos a cuestionar actuaciones que afecten recursos naturales

San Juan, 27 ago (INS).- Las Comisiones de lo Jurídico y Recursos Naturales de la Cámara iniciaron este jueves las vistas públicas para atender un proyecto que persigue otorgar legitimación activa estatutaria de forma general para que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales o foros administrativos a cuestionar las actuaciones que afectan, directa e indirectamente, los recursos naturales de Puerto Rico.

Mediante la creación de la “Ley de Legitimación Activa Ambiental”, el proyecto de la Cámara 474, sometido por la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), dejaría sin efecto la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en Fund. Surfrider v. A.R.Pe., supra, con el fin de reconocer una causa de acción a cualquier persona o grupo que tenga el deseo legítimo de poner en vigor la política pública ambiental.

La medida recibió el respaldo de organizaciones ambientales y miembros de la academia expertos en derecho ambiental. 

“En medio de la emergencia climática, promover y buscar la aprobación de esta medida es un acto de justicia ante los incontables crímenes ambientales que se han cometido en el país en la última década, los cuales han sido cubiertos por un velo de impunidad avalado por el sistema judicial y las pasadas ramas legislativas y ejecutivas”, expresó la educadora ambiental Elga Vanessa Uriarte, presidenta de la entidad ecologista Amigxs del MAR.

La también investigadora social señaló que el derecho de organizaciones como la suya, así como comunidades e individuos a poder acudir a los foros judiciales para hacer valer el precepto constitucional de proteger la naturaleza, es imposibilitado por “interpretaciones erradas y desconectadas de la realidad climática mundial”.

“El requisito de legitimación activa ha cerrado las puertas de los foros de justicia, creando un estado de impunidad absoluta a quienes atentan contra la naturaleza y, por consecuencia directa, contra la vida y seguridad de todas las personas en Puerto Rico”, manifestó la líder ambiental.

Una postura semejante presentó el profesor en derecho constitucional Jorge Farinacci Fernós, catedrático asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana (Inter) y quien aseguró que la Asamblea Legislativa tiene jurisdicción plenaria para conceder legitimación activa a cualquier persona.

“El proyecto 474 simplemente amplía lo que ya se hizo hace 20 años, de forma que aplique a toda la normativa existente sobre la protección del medio ambiente en Puerto Rico, en vez de tener que ir una a una”, destacó el académico. 

Agregó que “el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha estado interpretando, entiendo yo, equivocadamente, leyes sobre el tema ambiental. ¿Qué pasa cuando el Supremo interpreta una ley mal? La Asamblea Legislativa lo aclara y lo corrige”.

Aunque reconoció la buena intención de la medida, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) rechazó su aprobación por considerar que la jurisprudencia reciente ha atendido el asunto que se pretende legislar. 

Además, la agencia argumentó que la legitimación estatutaria de forma general impondría un peso indebido en el sistema judicial.

“El problema que pudiera tener el proyecto, en mi punto de vista, es ese tipo de implementación. Si tres millones de personas (residentes de Puerto Rico) tenemos legitimación activa para ir en cualquier cosa ambiental, podríamos tener hasta un problema de debido proceso de ley”, señaló el licenciado Samuel Acosta, quien acudió a la vista en representación del secretario del DRNA, Rafael Machargo.

Para el funcionario, “ahí tendríamos que ver qué tan práctico y funcional (sería la ley), y cómo se afectarían los derechos de todo el mundo”.

Mientras, Uriarte trajo a la atención de la comisión cameral un evento ocurrido el pasado 6 de abril cuando su organización paralizó una tala masiva de árboles en un solar en Piñones, Loíza, que supuestamente no cuenta con los permisos requeridos.

 El caso aún se encuentra bajo evaluación administrativa del DRNA, según la activista.

“Si decidimos acoger las recomendaciones del Departamento de Recursos Naturales y no aprobar esta medida, ¿qué remedio o qué soluciones brinda el Departamento en ejemplos como los que ella trae? ¿Qué remedio provee para los casos en los cuales los violadores de la política pública de protección al medio ambiente ni siquiera van al DRNA o cualquier otra agencia análoga a llevar un proceso de solicitud de permisos?”, cuestionó Aponte Rosario.

El portavoz de Recursos Naturales defendió la respuesta rápida de la agencia en este tipo de casos, pues afirmó que en ocasiones las órdenes de paralización se ejecutan en 24 horas de recibir una querella. No obstante, reconoció que enfrentan una escasez de personal para emitir esta directriz.

De acuerdo con Acosta, la División Legal del DRNA cuenta con alrededor de 12 abogados que están encargados de ordenar acciones de paralización en toda la isla. En casos extremos, los vigilantes de la agencia pueden ordenar una paralización sumariamente.INS

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