R. Dominicana-La dolorosa historia de un albañil que pasó 12 años preso siendo inocente y que  ahora exige una indemnización por daños y perjuicios (crónica)

Por Manuel Vólquez

Santo Domingo, 12 ago (INS).- El albañil Luis Peña Valdez, de 56 años de edad, pasó 12 años encarcelado en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, sin que exista evidencia de un proceso penal abierto en su contra y sin pasar por ante un juez, luego de ser llevado al recinto por una patrulla policial.

Su caso, que ha llamado la atención de la prensa nacional, no fue registrado por el sistema penitenciario como suele ocurrir con todas las personas que son ingresadas a esos recintos de forma preventiva hasta que los tribunales conozcan los procesos penales por los crímenes o delitos imputados.

Los asentamientos de los internos corresponde realizarlos a la Dirección General de Prisiones, entidad creada por la ley 224-84. Es uno de los pilares dentro del sistema de administración de justicia, puesto que bajo su poder asume el control de todos los establecimientos penales del país y además, de manera principal, la atención de los reclusos y elementos antisociales que la ley reprime.

Ahora en libertad, sin Cédula de Identidad y Electoral, prácticamente inexistente en términos legales, este hombre reclama del Estado dominicano una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, mientras recuerda los ingratos momentos que vivió en la cárcel en medio de muchas precariedades.

En el año 2009, este trabajador fue a la casa de un ingeniero que solo identifica como Moreno, a cobrarle 35,000 pesos dominicanos (614 dólares) que le debía por los trabajos de albañilería que realizó. La esposa del deudor le dijo que este no se encontraba en la casa, pero una hija de la pareja le reveló lo contrario.

El ingeniero nunca salió de la vivienda, desde donde llamó a la Policía Nacional. Al lugar se presentaron agentes policiales que se lo llevaron esposado al destacamento de Sabana Grande de Boyá, una comunidad de la provincia Monte Plata, ubicada a 66 kilómetros (41 millas) desde Santo Domingo.

Al día siguiente fue conducido a la sobre poblada cárcel de La Victoria, localizada en el distrito municipal homónimo, sin pasar por ante un juez. Los policías solo indicaron que el expediente con la acusación llegaría más adelante. Eso nunca ocurrió.

“Fue una forma de secuestro que ese señor (el ingeniero) hizo conmigo”, manifestó Peña Valdez, quien a pesar de lo que le pasó, sonríe contando su historia y asegura que no le guarda rencor, que no le haría ningún mal si se lo encuentra, pero dejó la justicia en mano de la justicia divina. “Dios se lo cobra, lo puedo ver por ahí y lo saludo como que fuera un hermano mío”, dijo. 

Narró que en los 12 años que se mantuvo en prisión, nunca tuvo problemas con otros internos o con los agentes penitenciarios. Sobrevivió lavando la ropa a los demás compañeros, así como con el aseo de celdas. Los domingos se ganaba 300 pesos (unos 5.27 dólares) por las labores que realizaba y se alimentaba de lo que le brindaban.

Cuenta que ningún familiar gestionó sacarlo de la cárcel, pero él no los culpa y lo justifica en que son personas del campo que no saben cómo proceder. “Hablarle a esa gente que fulano tiene problemas con la policía… esa gente no son de eso. Esa gente campesina vive trabajando en su campo, sin problemas”, indicó.

Su madre sí lo visitó una vez, pero verlo detenido la afectó, y Luis pidió al vecino que la acompañó que no la volviera a llevar. Ella falleció hace siete años acongojada por la tristeza y la impotencia. “Mire ahora, se murió por esta misma situación mía”, agregó.

Antes de ser apresado, tenía una pareja, de quien se reservó el nombre, con quien procreó un niño que, al momento de ser detenido, tenía un año. Esta tenía otro vástago que convivía con ellos, pero desconoce qué habrá sucedido con esa familia.

Luis Peña Valdez salió de la cárcel con apenas una camiseta, un pantalón y un par de calzado justo cuando el mundo es afectado por la pandemia Covid-19, enfermedad de la cual asegura estar vacunado “porque lo que tiene uno es que cuidarse”.

Está deseoso de regresar a su natal Batey Verde, en la provincia Monte Plata, a instalarse en un rancho que cree todavía posee, mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) conduce su caso.

Después de abandonar el penal, Luis Peña Valdez fue auxiliado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual llevará el caso. Por ahora, pasa el tiempo en la sede de ese organismo.

Manuel María Mercedes, presidente de la entidad, indicó que  harán las diligencias para dotarlo con los documentos de identidad y para que el Estado lo indemnice y de no hacerlo, se llevará el caso ante los organismos internacionales.

Dijo que buscan que se recupere un poco por los perjuicios ocasionados en el injusto cautiverio. “Vivió doce años en un centro que (…) sigue siendo un cementerio de hombres muertos, aunque estén vivos”, expresa Mercedes, refiriéndose al penal La Victoria. Mercedes apeló a la ayuda de la población para que le donen los artículos más básicos para este ciudadano.

Según un reporte oficial del 2020, un total de 6,358 internos guardan prisión en las cárceles del viejo y del nuevo modelo penitenciario dominicano, acusados de homicidios y feminicidios, ocupando la Penitenciaria Nacional de La Victoria la mayor cantidad con 2,036 reos por asesinato.

En las indagatorias desarrolladas por las autoridades de la Procuraduría General de la República se determinó que no hay archivos de un expediente contra este obrero y lo mismo planteó la Fiscalía de Monte Plata. El Gabinete Penitenciario espera otras informaciones de la Dirección de la Policía Nacional.

Este hecho motivó opiniones de varios abogados que han calificado como “insólito” el acontecimiento, y que revela la necesidad de constatación de la situación de cada uno de los internos en el sistema carcelario.

El jurista Carlos Salcedo explica que el procurador general de la República es un representante de la sociedad y defensor de los derechos humanos, consagrado en la Constitución y en la Ley 133-11 (Ley Orgánica del Ministerio Público), la cual establece en el artículo 20 el principio de responsabilidad del Ministerio Público.

Igual parecer comentó la abogada constitucionalista Patricia Santana Nina, quien afirmó que la privación de la libertad es de las peores afectaciones a los derechos humanos.

“El sacrificio al derecho a la libertad al que se ha visto expuesta esta persona, no tiene justificación alguna. Es un daño moralmente irreparable, pero constitucionalmente reparable y exigible, porque compromete la responsabilidad del Estado”, puntualizó.

Basada en el artículo 148 de la Constitución, manifestó que el gobierno dominicano “es responsable por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica”.

En tanto que el abogado José Ricardo Taveras, ex director general de Migración, consideró que el Estado, en el presente caso, fue un actor negligente y cómplice por omisión.

“En mi personal opinión, el presente caso no aplica para ser considerado como un error judicial en los términos en que lo conciben los artículos 20 y 255 y siguientes del Código Procesal Penal; tampoco encaja en el ámbito del desacato, toda vez que en ningún momento, conforme lo que se publica, el ciudadano fue puesto a disposición de la justicia, por lo cual, la persecución de una indemnización debe derivarse en virtud del tipo penal denominado detención y encierro ilegal”, señaló. INS 

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