Santo Domingo, 28 jul (INS).- Un informe publicado por las instituciones Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, revela que República Dominicana fue el país que más aumentó su puntuación contra la corrupción administrativa en la región.
La información se basa en un diagnóstico del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), luego de examinar 14 variables clave relacionadas con las instituciones democráticas responsables de enfrentar ese flagelo y la actitud de los medios de comunicación y la sociedad civil.
De acuerdo al documento dado a conocer por las autoridades estatales, en el país “se realizaron investigaciones sobre antiguos funcionarios del gobierno acusados de corrupción” y explica que por segunda vez “incluye 15 países, en el que el primer lugar fue para Uruguay, con puntuación de 7.80%, y nuestro país obtuvo un 4.38%, un avance importante (34.3%) sobre los 3.26 puntos que logró en el reporte del año 2020”.
Añade que “lo más significativo es que mejoró su nota en un período en que cinco países experimentaron un descenso significativo”.
Precisa que mientras el índice dominicano se incrementó, la lucha contra ese fenómeno en América Latina sufrió una nueva oleada de tropiezos durante el último año.
El estudio destaca que la pandemia de la Covid-19 llevó a los gobiernos y a los ciudadanos a desviar su atención hacia otras prioridades, dando espacio a los políticos para disminuir la autonomía y los recursos de los órganos judiciales sin que se desencadenara la indignación popular, como ocurrió en años anteriores.
“El Índice CCC tomó en cuenta la cantidad de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco, y se basa en datos extensos y en una encuesta patentada realizada entre los principales expertos anti corrupción de Control Risks, el mundo académico, la sociedad civil, los medios y el sector privado”, indica el documento oficial.
Destaca que con calificación máxima de 10, el indicador de la capacidad legal fue 4.21, de la democracia e instituciones políticas, 4.11, y la sociedad civil y medios de comunicación, 5.27.
Esa valoración se obtiene al evaluar la independencia y eficiencia judicial, independencia y eficacia de los organismos anti corrupción, acceso a la información pública y transparencia del gobierno, independencia y recursos de la fiscalía general y los agentes de investigación, calidad de los instrumentos de delación premiada y nivel de cooperación internacional en materia de orden público.
Además, la publicación valora la calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de campañas, procesos legislativos y de gobierno, calidad general de la democracia, movilización de la sociedad civil contra la corrupción, mejoras en la educación, calidad de la prensa y del periodismo de investigación y comunicaciones digitales y redes sociales.
El reporte señala que los esfuerzos para combatir la corrupción son más necesarios en 2021 que nunca, porque América Latina ha sido una de las regiones más afectadas por la pandemia, tanto en lo económico como en el número de muertes.
“Con gobiernos sometidos a una presión financiera cada vez mayor, y con los sistemas sanitarios de muchos países gravemente deteriorados, los efectos perniciosos que tiene la corrupción en la sociedad se han amplificado”, dice.
Publicado por primera vez en 2019, el CCC evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción. Pero, en lugar de medir los niveles percibidos de corrupción, evalúa y clasifica a los países en función de la eficacia con la que la combaten.
Esos detalles se dieron a conocer luego que el Departamento de Estado de los Estados Unidos recoge en un informe sobre República Dominicana las quejas de inversionistas que señalan al país como un destino que tiene acusaciones de corrupción generalizada con solicitudes de sobornos, que además registra retrasos en los pagos del gobierno y aplicación deficiente de los derechos de propiedad intelectual.
También denuncia obstáculos burocráticos, procesos judiciales y administrativos lentos, a veces sesgados, procedimientos atípicos en la valoración en aduanas y en la clasificación de las importaciones.
Por igual, cita la falta de reglas claras y estandarizadas para competir y la falta de aplicación de las reglas existentes, mientras la corrupción y la implementación deficiente de las leyes existentes se discuten ampliamente como reclamos clave de los inversores.
En ese contexto, el presidente dominicano, Luis Abinader, declaró el pasado domingo que está combatiendo esa anomalía y destacó que no hay un grupo empresarial importante que no tenga un proyecto.
También aprovechó de enviar un mensaje de confianza “para que concomitantemente con ese deseo de expansión de negocios de las empresas del país, sepan que tienen un gobierno que los va a apoyar de manera sincera, eficiente y transparente”. INS
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Inter News Service Agencia de Noticias