San Juan, 26 jul (INS).- El Frente Amplio de Camioneros de Puerto Rico reclamó hoy al gobernador Pedro R. Pierluisi que haga valer sus prerrogativas ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que pretende revocar el acuerdo alcanzado con el designado secretario de Estado, Omar Marrero, que permitió poner fin a la Asamblea Permanente de los transportistas y reanudar el acarreo de mercancía.
Durante este pasado fin de semana, Antonio Medina, actuando como vocero de la JSF, reiteró la intención del “ente colonial de intervenir con la vigencia del Reglamento aprobado con las nuevas tarifas, que no se revisaban desde 2005.
El Frente Amplio aseguró que recibe con mucha preocupación las expresiones de Medina, pues constituyen un llamado a la confrontación y representan otra interferencia ilegal con las funciones de formulación de política pública del gobierno.
“La interferencia de la Junta es evidentemente reflejo de que esta entidad colonial defiende solamente los grandes intereses de Puerto Rico”, expresó Edwin Marrero, miembro de la junta de directiva del Frente Amplio.
Afirmó que las expresiones de Medina son letra por letra la postura de MIDA (Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución Alimentos), y en nada representan los intereses del pueblo puertorriqueño.
El Frente Amplio recordó al gobernador Pierluisi que las tarifas son indispensables para sostener la economía, por lo que si no las defiende, “será culpable de otra traición al pueblo trabajador puertorriqueño”.
“Los miembros del Frente Amplio y su directiva se reservan el derecho de volver a convocar una Asamblea Permanente en el caso de que el gobierno no cumpla con el acuerdo o que la Junta de Control Fiscal acuda al tribunal para tratar de evitar que se implante el Reglamento y las tarifas”, establecieron en declaraciones escritas.
El coordinador del Frente Amplio, Carlos Rodríguez, puntualizó que ”es falso que el aumento en la transportación se refleje en el precio de alimentos”.
“Si MIDA decide aumentar los costos de los productos alimenticios estaría incurriendo en un acto ilegal al adjudicarle costos a los alimentos que no corresponden. Además, el aumento de tarifas contribuye al erario, pues los concesionarios pagan contribuciones y el IVU», subrayó Rodríguez.
Los transportistas levantaron su asamblea permanente, que inició el miércoles 21 de julio, después de tres días al alcanzar un acuerdo con los representantes del gobierno en La Fortaleza, que acordaron poner en vigor el Reglamento con las tarifas según establecidas debidamente por el Negociado de Transporte.
En cumplimiento de dicho acuerdo, el pasado viernes 23 de julio, se presentó ante el Departamento de Estado el Reglamento, por lo que las tarifas entraron en vigor inmediatamente para los distintos concesionarios de permisos del Negociado de Transporte. INS
ndc
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