P. Rico-DDEC no ha realizado ninguna auditoría sobre la Ley 22 desde que entró en vigor

San Juan, 15 jul (INS).- El director de la Oficina de Incentivos para Negocios de Puerto Rico del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Carlos Fontán Meléndez, reveló hoy en una audiencia pública de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, que preside el representante Luis Raúl Torres Cruz, que la agencia no ha realizado ninguna auditoría sobre las Ley 22 desde que el estatuto entró en vigor.

”Ya nosotros comenzamos con el proceso de auditoría y esperamos que para finales de este año en diciembre tengamos completado parte del proceso. Luego comenzaremos con la ley 20”, expresó Fontán Meléndez.

Sin embargo, el licenciado indicó que de los 3,311 decretos aprobados bajo la ley 22, la entidad gubernamental comenzó el proceso de investigación con un 20% de los decretos. 

Según surgió de la vista, de 2,500 personas beneficiados, serán 454 los individuos que serán examinados por el momento.

”Actualmente, la agencia ya no está aceptando ninguna nueva solicitud sobre la ley. La última fue recibida el 31 diciembre de 2019. Ya no se están dando decretos, esta ley cumplió su vida y ahora se está trabajando con lo que había ya establecido. Quien maneja los nuevos casos es la ley 60 del Código de Incentivos”, sostuvo.

Fontán Meléndez informó que el proceso de auditoría estaría siendo realizado por una firma de consultoría legal llamada Escobar. 

”Me preocupa eso de que una vez auditado el 20% se vaya a brincar a la Ley 20 sin seguir dándole un seguimiento continuo a los otros decretos. Por lo general, cuando se hace un proceso como este, cuando se comprueba un por ciento, se debe evaluar los resultados y determinar cuáles y dónde están las fallas para que cuando se comience con el próximo grupo saber dónde se falló y tratar de detectar un patrón”, ripostó el representante Jesús Santa Rodríguez.

Por su parte, el legislador Luis Raúl Torres Cruz destacó que ”no podemos permitir que Puerto Rico se convierta en un país donde estas personas vengan y hagan lo que quieran. Por eso, investigamos y exigimos que el DDEC haga los trámites correspondientes para que se cumpla adecuadamente con cada proceso”.

En la audiencia pública presidida por el representante Torres Cruz sobre la resolución de la Cámara 296 se examinó los resultados de la implementación sobre la ley 22 para incentivar el traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico, el cumplimiento de sus objetivos, la cantidad de empleos creados en Puerto Rico, la inversión realizada por el Estado, los beneficios producidos al fisco y además de determinar si esta ley debe continuar vigente o debe derogarse.

Además de Fontan Meléndez, fue convocado el director de la Oficina de Asesoramiento Legal del DDEC, Carlos Ríos Pierluisi quien abundó que la ley 22 no debe derogarse.

 ”Según los estudios del 2019 y 2021 coinciden que la ley ha tenido un impacto positivo. Además, de ser derogada crearía una sensación de inestabilidad y un estado de incertidumbre que afectaría la percepción de Puerto Rico a nivel nacional y mundial. Todo esto puede ser contraproducente para la Isla”, dijo.

Por su parte, el secretario del DDEC, Manuel Cidre, a pesar de haber sido citado, no compareció. 

“Luego de una llamada que hicimos a su oficina ayer, nos notificaron que el secretario no asistiría en el día de hoy y por ende no es aceptable ya que la primera persona que debería estar aquí defendiendo algún atributo que tenga esta ley o beneficio que le haya otorgado a Puerto Rico es Cidre. Se les notificó con tiempo y es lamentable que tengamos que estar llamando la atención a las agencias por estas cosas”, aclaró Torres Cruz.

”La ley 22 tiene el propósito de atraer individuos inversionistas para que inyecten capital y se inserten a la economía de Puerto Rico mediante la creación de negocios y adquisición de bienes”, expuso el director de la Oficina de Incentivos.

Fontán Meléndez comentó que el primer decreto se recibió en el 2013 continuando hasta el 2019. 

”Para estas personas según la ley, no hay requisitos mínimos de inversión ni la obligación de hacerlo’, declaró. 

El director de la Oficina de Incentivos confirmó que actualmente no existe un desglose de las propiedades compradas por los inversionistas y sobre los 4,400 empleos generados por los negocios de los inversionistas, la agencia aseguró que no tienen manera de corroborar donde están ubicados cada empleo creado.

Por otro lado, José Sánchez Acosta, asesor legal del DDEC, reclamó garras y cambios para poder fortalecer esta ley y establecer una estructura contributiva para que las personas beneficiadas puedan realizar mayores inversiones. Entre los requisitos para estas personas por el ordenamiento jurídico se estableció que los inversionistas al hacer el traslado a la Isla tendrían que hacer una aportación de $5,000, como donativos a organizaciones sin fines de lucro anualmente.

La mayoría de los individuos acogidos a la pieza legislativa residen en San Juan y Dorado representando un 50 y 10 por ciento respectivamente.

Otros pueblos envueltos son: Humacao, Río Grande, Carolina, Guaynabo, Rincón, Aguadilla, Cabo Rojo y Vega Alta. De igual forma, un 35% de estas personas tienen algún tipo de operaciones de negocios en la Isla.

El 68% de las personas con decreto ha comprado una propiedad en Puerto Rico y han adquirido 1.3 billones en bienes raíces. DDEC espera que para el 2029 existan un total de 6,392 decretos y desde el 2012 hasta el presente han revocado 29.

Un 15% de los individuos establecidos en la Isla tienen un capital declarado de 10 millones y un 4% sobrepasa los 50 millones.

Un estudio preparado para el DDEC por el economista José Caraballo Cueto reconoció que el impacto de la medida para Puerto Rico ha sido moderado y que hay que investigar y fiscalizar el alcance que está teniendo la medida, no obstante recomendó que la Ley 22 no debe derogarse.

 ”Esta ley yo estoy seguro de que no podrá ser eliminada porque dudo que aquí estén los votos y en caso de aprobarse, el Gobernador que está en Fortaleza dudo que vaya a firmarla. Por eso, buscamos corregirlas para que no siga habiendo escapatorias innecesarias y que se cumpla su verdadera intención que es atraer nuevo capital a Puerto Rico, cosa que actualmente no vemos”, declaró el legislador Torres Cruz. INS

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