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Resumen de noticias para el jueves 15 de julio de 2021
P. Rico-JSF presenta acuerdo enmendado con los tenedores de bonos de obligación general
San Juan, 15 jul (INS).- La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció que alcanzó un acuerdo enmendado con los tenedores de bonos de obligación general (GO, siglas en inglés) emitidos por el gobierno de Puerto Rico y por la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).
Según la JSF, el acuerdo enmendado permite que todas las partes correspondientes que se unan al acuerdo reciban la tarifa del acuerdo al plan enmendado, que será de 1.321% de las reclamaciones.
Para recibir la tarifa, el organismo indicó que los inversores no minoritarios deberán presentar sus participaciones en un intercambio y recibir un bono con un número alternativo de CUSIP (número de identificación único asignado a las acciones y bonos registrados en los Estados Unidos y Canadá, y que se utiliza para crear una distinción concreta entre los valores que se negocian en los mercados públicos), que designe su consentimiento con el acuerdo.
La Junta señaló que “no es necesario que se liciten ni intercambien los bonos de OG o AEP que están en manos de o asegurados por las aseguradoras monolíneas. Los tenedores minoritarios que posean menos de un millón en bonos pueden elegir ser parte de una clase minorista separada y recibir una tarifa idéntica”.
“Como fue el caso bajo el acuerdo anterior, este trato enmendado incluye un Instrumento de Valor Contingente (IVC) que comparte el valor incremental entre el gobierno y las reclamaciones de GO y la AEP si la economía de Puerto Rico crece a un ritmo más acelerado de lo proyectado en el plan fiscal certificado de 2020 para Puerto Rico”, manifestó la JSF.
Expuso además que “aquellos bonistas que no son residentes de Puerto Rico generalmente están sujetos a un impuesto de retención sobre ciertos pagos recibidos de Puerto Rico. El acuerdo enmendado establece que la orden que confirma el plan de ajuste del gobierno de Puerto Rico contendrá una disposición de que los pagos o la amortización del IVC estén exentos de dicha retención de impuestos”.
Aclaró también que “el fondo de reserva para el pago del servicio de la deuda creado en virtud de la emisión de nuevos bonos de GO como parte del acuerdo anterior se ha eliminado en el acuerdo enmendado.INS
P. Rico-Gobernador Pierluisi afirma que está disponible para un diálogo de buena fe con la JSF
San Juan, 15 jul (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi afirmó que está en la disposición de establecer un diálogo “de buena fe” con la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF), luego que la jueza Laura Taylor Swain aprobara ayer preliminarmente la declaración informativa del Plan de Ajuste del Gobierno.
“Mi gobierno está disponible para dialogar de buena fe con la Junta para eliminar el recorte a las pensiones y buscar la manera de obtener la legislación necesaria”, expresó el mandatario en declaraciones escritas.
Refirió que la jueza Taylor Swain falló a favor de Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) al ordenar a la JSF a divulgar concretamente el riesgo que el Plan de Ajuste no pueda ser confirmado sin contar con el aval del gobierno de Puerto Rico.
“Como he dicho desde un principio, le he advertido a la Junta de Supervisión y Administración Financiera que insistir en un recorte a las pensiones pone en riesgo la legislación necesaria para dar paso al Plan de Ajuste”, recalcó Pierluisi. INS
P. Rico-Presidente de la Utier advierte que derechos adquiridos de empleados de la AEE que fueron trasladados a otras agencias están protegidos por ley, ante declaraciones de director de la OGP que anticipó reducciones a beneficios marginales de trabajadores
San Juan, 15 jul (INS).- El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, recordó ayer al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, que todos los derechos adquiridos de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que fueron trasladados a otras agencias de gobierno están protegidos por la sección 15 de la Ley 120.
“Aquí como que les da amnesia a los representantes del gobierno. La Ley 120 es clara. En su sección 15 establece que ningún empleado de la AEE que sea transferido perderá sus derechos adquiridos. Ningún derecho podrá ser eliminado. No vengan ahora en su desespero de tapar el desastre de Luma a decirle a los empleados transferidos que perderán beneficios cuando hacerlo es una clara violación a la ley. Si este gobierno es uno de ley y orden, como repite a cada rato el gobernador Pierlusi, pues cumplan con la propia ley que ellos crearon, firmaron y defendieron para dar paso a la entrada de Luma”, reiteró.
Las expresiones de Figueroa Jaramillo se dan luego de que el director de la OGP dijera que harán reducciones a los beneficios marginales de estos empleados transferidos con excepción del salario, pues están sujetos a los mismos términos y condiciones de sus compañeros en la nueva entidad a la que llegaron.
“Las expresiones de Blanco se dan desde la desesperación, pues saben que Luma es y sigue siendo un desastre. Llevan un año y dos meses y no acaban de dar pie con bola. Esta estrategia de decir que eliminarán beneficios a los empleados es para intentar, sin éxito, que los empleados salgan corriendo a tirarse al precipicio con Luma. Pero nosotros estamos claros, los muchachos están claros y saben que la ley los protege y que nadie les podrá quitar sus beneficios. Y si alguien intentara hacerlo, llevaremos el reclamo a los foros pertinentes, pero sobre todo estaremos en la calle no solamente luchando contra Luma sino también haciendo valer todos nuestros derechos”, puntualizó.INS
P. Rico-Unen esfuerzos para brindar servicios legales gratuitos a víctimas de violencia de género
San Juan, 15 jul (INS).- La corporación Servicios Legales Comunitarios (SLC) y el Hogar Ruth para Mujeres Maltratadas se unieron para proveer asistencia legal gratuita a víctimas de violencia de género, gracias a una subvención de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia (FFAJ).
Las instituciones firmaron un acuerdo de colaboración, mediante el cual, el albergue Hogar Ruth referirá casos de violencia de género a Servicios Legales Comunitarios con el propósito de ofrecerles a las víticmas acompañamiento legal en las vistas judiciales de órdenes de protección, bajo la Ley 54.
El servicio es sufragado por la FFAJ.
“La Fundación Fondo de Acceso a la Justicia reconoce los retos que enfrentan las sobrevivientes de violencia de género, y sentimos un gran compromiso en apoyar a organizaciones que les ofrecen servicios legales gratuitos, más aún, ante la grave situación de feminicidios y agresiones a mujeres que a diario se registran en el País”, expresó Amaris Torres Rivera, directora ejecutiva de la FFAJ.
Mientras, Manuel Rivera Rodríguez, presidente de SLC, que también tiene acuerdos similares con entidades como el Centro de la Mujer Dominicana y Centros Sor Isolina Ferré, dijo que “este acuerdo ayudará a reforzar a las entidades en brindar protección a las víctimas de violencia de género en un esfuerzo conjunto. De esta manera, se logra la integración de los abogados, trabajadores sociales, intercesores legales, psicólogos, agentes del orden público, hogares de víctimas, entre otros profesionales y programas del tercer sector para que las víctimas sientan respaldo y no abandonen el proceso”.
Gracias a esta colaboración, también, se coordinarán actividades y ofrecimientos de otros servicios dirigidos a las víctimas de violencia de género, y se brindarán charlas grupales de orientación legal y prevención, entre otros.
Mientras, Lisdel Flores Barger, directora ejecutiva de Hogar Ruth, comentó que “este tipo de iniciativas consolidan la colaboración como uno de los eslabones más importantes en la prestación de servicios. Desde Hogar Ruth, reconocemos lo difícil que resulta para una víctima, enfrentar estos procesos sola y lo oneroso que resulta para una organización poder brindar este tipo de alcance. Nos unimos con la certeza de generar, mediante este esfuerzo, la garantía de que cada mujer atendida sienta, además de un trato sensible, la seguridad, protección y compromiso que caracteriza a todos los que nos comprometemos mediante este acuerdo”.
Para más información sobre este servicio, puede comunicarse Hogar Ruth, en los siguientes teléfonos: 787 883-1884, 787 549-0742, 787 792-6596, 787 883-1805, 787 360-3319 y 787 270-7733.
También se puede llamar a Servicios Legales Comunitarios al 787 720-5454.
En este momento, la FFAJ sufraga 29 proyectos de acceso a la justicia a través de los 78 municipios, y cuenta con cuatro programas principales que ofrecen servicios legales civiles gratuitos, tales como: prevención de ejecuciones de hipoteca y desahucios, desarrollo económico comunitario, asesoría en derecho civil, de familia y administrativo y la Beca Charles Hey Maestre.
Del mismo modo, la entidad apoya económicamente a cuatro organizaciones en proyectos que atienden a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica.
Como parte del compromiso de la fundación con esta causa, su directora ejecutiva, fue una de las ponentes durante la primera vista pública del Comité PARE, creado mediante la orden ejecutiva OE-2021-013, en la que se declaró un estado de emergencia ante el aumento de casos de violencia contra las mujeres en Puerto Rico.INS
P. Rico-Piden que se prohíban construcciones en Valle de Lajas y se revisen todos los permisos en esta zona de valor agrícola, debido a que “monstruo de la burocracia” se está “comiendo” ley que protege área
Lajas, 14 jul (INS).- La representante Lydia Méndez Silva respaldó la iniciativa de un grupo de residentes de Lajas que solicitaron al gobernador Pedro R. Pierluisi que, como parte de su programa de desarrollo del país, mantenga en vigor la Ley de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas y que incentive el desarrollo de la agricultura en esa zona al sur oeste del país.
La petición va encaminada a que se prohíba y se revisen todos los permisos de construcción en esta zona de alto valor agrícola.
“Estoy en contra de todo desarrollo que no esté dentro del marco de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas, que comprende terrenos de alto valor agrícola desde Guayanilla hasta Cabo Rojo. Siempre hemos defendido el desarrollo de la industria agrícola del Valle de Lajas. Siempre hemos estado de frente apoyando a los agricultores y en contra de lo que trastoque el desarrollo de nuestra agricultura, muy en especial en los pueblos que represento: Lajas, Guánica, Sabana Grande y Maricao”, dijo la legisladora. Recordó, además, que fue parte del grupo de apoyo a la legislación que dio paso a la Ley de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas (Ley 277 de 20 de agosto de 1999).
La política hizo un llamado “a cualquier ciudadano que tenga información de alguna violación u otorgación de permiso indebido, a que se comuniquen con nuestras oficinas en Sabana Grande (787 873-5085) o en el Capitolio (787 722-0801), de manera que podamos iniciar una investigación inmediata sobre el asunto”.
Por su parte, el Comité para proteger la reserva agrícola del Valle de Lajas agradeció el apoyo de la vicepresidenta de la Cámara de Representantes y exhortó a los senadores del distrito de Ponce y que representan a los municipios envueltos a que fijen su posición con relación a los permisos de uso y segregaciones de los terrenos bajo la Reserva Agrícola del Valle de Lajas.
“A pocas horas de haber denunciado la necesidad de que el gobierno debe coordinar el desarrollo de nuevos cultivos en esta Reserva Agrícola, aparece nueva evidencia de mal manejo de permisos que otorga la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), la mayoría de ellos vía Internet”, alertó el grupo.
Sobre el punto, indicó que “tal y como hemos expresado en el pasado, el gobierno debe ofrecer un mejor uso de las tierras protegidas por la Ley de Reserva Agrícola del Valle de Lajas para que los jóvenes puedan seleccionar la agricultura como opción verdadera que permita el sustento de nuestros residentes y mejore la economía del país. Insistimos que en la forma y manera en que el propio gobierno quiere acelerar la otorgación de permisos (vía internet), también permite que cualquier persona solicite uno para construir en terrenos que son parte de la zona protegida en Lajas y vecindades”.
Mientras, Wilson Nazario Torres, portavoz de un grupo de residentes de la comunidad La Plata en Lajas, advirtió que “el monstruo de la burocracia se está comiendo la aplicación de la protección que nos confiere la Ley de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas. Nuevamente solicitamos al gobierno que revise las aplicaciones y los requisitos que debe tener un terreno dentro de la Reserva Agrícola de Lajas. Las agencias de gobierno y sus funcionarios se están haciendo de la vista larga y en muchos casos no quieren reconocer que hay una Ley de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas, con la cual hay que cumplir al momento de otorgar un permiso de construcción en esta zona agrícola”.INS
P. Rico-El BDE reporta aumento interanual en Índice de Actividad Económica para mayo
San Juan, 15 jul (INS).- El presidente del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (BDE), Luis Alemañy González, informó un aumento interanual de 7.9%. en el Índice de Actividad Económica (IAE) para mayo de 2021, que alcanzó un nivel máximo de 119.4 puntos.
“El IAE se contrajo 5.0% en el 2020, alcanzando 116.6 puntos. En el 2019 promedió 122.8 y creció 1.6%. No obstante, el promedio del índice para el período de enero a mayo de 2021 fue de 119.2 puntos o un aumento de 1.2%”, agregó Alemañy.
Para el funcionario, “en la medida que el gobernador Pedro R. Pierluisi continúe ejecutando su plan de desarrollo económico, el informe reflejará el impacto positivo de esas medidas, como puede apreciarse en el crecimiento interanual que el indicador presenta desde marzo hasta el momento”.
Alemañy subrayó que durante mayo de 2021, dos de los cuatro componentes del IAE (las ventas de cemento y la generación de energía eléctrica) aumentaron en 8.4% y 1.8%, respectivamente, mientras que el empleo asalariado no agrícola se redujo en 0.3% y el consumo de gasolina bajó 0.2%. Estos resultados fueron comparados con las cifras de abril de 2021.
Cuando se comparan contra el mismo mes del año anterior (mayo de 2020), los cuatro componentes del índice aumentaron: el empleo asalariado no-agrícola, en 10.0%, las ventas de cemento, en 12.1%, el consumo de gasolina, en 3.7% y la generación de energía eléctrica, en 2.6%. Los resultados interanuales reflejan los efectos del cierre provocado por la pandemia.
El período de análisis del IAE incluye los meses a partir de los cuales la isla experimentó las consecuencias de un terremoto de magnitud 6.4, seguido de réplicas fuertes, unido esto a las repercusiones sociales y económicas que la pandemia de Covid-19 ha provocado tanto a nivel local como internacional.
El Índice se revisa anualmente, durante el primer trimestre de cada año natural, y todos los resultados del informe se obtienen utilizando datos ajustados por estacionalidad. INS
ndc