
El presidente de la CPT, Emilio Nieves Torres, convocó a una lucha integral por los derechos del pueblo ante la JSF y la ley Promesa. Inter News Service
San Juan, 6 jul (INS).- Diecisiete organizaciones sindicales afiliadas a la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) impulsarán un plan de lucha contra la presencia de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la imposición de la Ley Promesa.
“Luego de cinco años de una Junta de Supervisión Fiscal que impone medidas de austeridad, de amenaza de recortes a las pensiones, aumentos en tarifas de los servicios esenciales, congelación de salarios, eliminación de derechos de los trabajadores del sector público y privado, cierres de escuelas y privatización de servicios esenciales, entre otras medidas nocivas y perversas, no podemos limitarnos a quejas y denuncias ante la dictadura colonial de la JSF”, manifestó el presidente de la CPT, Emilio Nieves Torres, en rueda de prensa.
El dirigente sindical sostuvo que “tenemos que unirnos como pueblo y elevar nuestra resistencia para combatir y unirnos a una sola voz para reclamar ante el Congreso de los Estados Unidos que nos libere de la Ley Promesa y de la imposición de la Junta, para dar paso a un proceso justo que conduzca a ejercer como pueblo nuestro derecho a la quiebra, a proteger servicios esenciales e impulsar un plan criollo de desarrollo económico sostenible”.
Nieves Torres reconoció que esto no lo lograrán solos, por lo que a su juicio se “requiere de una amplia unidad de pueblo, pues ya no es suficiente continuar con protestas contra la Junta de forma aislada”.
“Todas las víctimas de la Junta y de la Ley Promesa tenemos que lanzarnos a la calle y elevar nuestro reclamo al Congreso de Estados Unidos”, dijo al reclamar que “todas las personas que sufrimos la congelación de salarios y los aumentos en tarifas de agua, luz, peajes”.
En tal sentido enumeró desde el gobernador Pedro R. Pierluisi hasta a los legisladores, los alcaldes, los trabajadores del servicio público y privado, las madres con hijos en el programa de Educación Especial, los policías, los maestros, los oficiales de corrección, la comunidad universitaria, los empleados de la salud, los pensionados y los periodistas.
Nieves Torres afirmó que como establece el reciente informe del Centro para una Nueva Economía: Promesa, luego de cinco años, es un experimento fracasado que además ha costado más de $1,500 millones al pueblo puertorriqueño.
“No podemos esperar 5 o 10 años más porque la ruta de los puertorriqueños bajo Promesa y la JSF va a ser más pobreza y más emigración. Tenemos que sacar a la Junta Fiscal de Puerto Rico y crear una estructura o Cumbre Social en la cual, con participación de todos los sectores sociales, políticos, económicos y sindicales, diseñar un Plan de Desarrollo Económico sustentable que propenda al desarrollo socio-económico y pueda prevenir cualquier crisis fiscal”, proclamó.
El presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA) de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis De Jesús, manifestó que no pueden dar paso al intento del gobernador Pierluisi y la JSF para privatizar el agua, pues “es un servicio esencial que no puede estar sujeto a fuerzas del mercado que (lo) encarecen ese servicio”.
“No podemos permitir que privaticen el agua, la energía eléctrica, la educación y la seguridad de nuestro país porque significa que vas a tener el servicio que puedas comprar, no el que el gobierno ofrezca por los principios de justicia social que está obligado a garantizar”, ratificó De Jesús.
El sindicalista indicó que, por otro lado, “la Legislatura tiene que actuar para dar paso a las enmiendas a la Ley de las APP que le hemos sometido para que no se negocie la privatización a puertas cerradas y en colaboración con la junta de control fiscal”.
La presidenta de la Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos (HIETEL) —sindicato que representa a empleados profesionales y técnicos de Claro—, Telizia Dolz, expresó que “más de 600,000 trabajadores del sector privado luchan contra la legislación que quiere imponer la JSF para quitar o reducir derechos como las licencias de enfermedad y vacaciones, bonos, tiempo probatorio entre otras medidas abusivas que se dirigen a una mayor explotación (laboral)”.
“Repudiamos el intento de la JSF para impedir que se apruebe el Proyecto de la Cámara núm. 3 para restablecer los derechos que teníamos antes de la Ley 4 de 2017. Además, hay que impulsar que el salario mínimo de un trabajador alcance, de forma escalonada, los 15 dólares por hora. Basta ya de migajas para los trabajadores”, estableció la dirigente sindical.
Mientras, Andrés Miranda, de la Federación de Pensionados y Jubilados, argumentó que “el juego que tienen la Junta y el Gobernador con los pensionados, luego de la aprobación de la Ley 7 Para un Retiro Digno, tiene que detenerse”.
“Los datos evidencian que los pensionados son pobres que no aguantan más recortes en una etapa de vida en la cual aumentan los gastos médicos, de medicamentos, de cuido y transportación, entre otros; los pensionados tenemos que tirarnos a la calle porque en la casa se le facilita a la Junta matarnos”, expresó Miranda.
Nieves Torres afirmó que, como víctimas de esta política, es necesario impulsar la agenda de Puerto Rico y eliminar la agenda de Promesa y la JSF.
“Juntos podemos detener la Junta y emprender la ruta de la recuperación y desarrollo de Puerto Rico. Para eso necesitamos la voluntad de un pueblo unido en la resistencia y la esperanza. Esa es la ruta que desde hoy impulsa la Central Puertorriqueña de Trabajadores”, remató el dirigente sindical. INS
ndc
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