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La conferencia de prensa en la que se dieron a conocer los detalles de la acusación./Inter News Service
San Juan, 29 jun (INS).- El Departamento de Justicia informó hoy de la primera presentación de cargos contra empleados públicos por fraude al Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, siglas en inglés: se trata de cuatro funcionarios municipales de Mayagüez, quienes obtuvieron ilegalmente más de 45 mil dólares
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, dijo en una conferencia de prensa que los acusados fueron identificados como Steven Martell Olivencia, Omar Marrero Santiago, Jordán Matías Rivera e Isabel González Rodríguez.
Entre los cuatro lograron obtener ilegalmente 45,524 dólares de los fondos federales para ayudar a la población ante la pandemia del coronavirus.
El 14 de septiembre de 2020, ee secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, había anunciado que más de diez mil empleados públicos estaban siendo investigados por posible fraude al PUA.
“Por lo menos, en el caso de empleados públicos, podemos hablar sobre diez mil. Es una cantidad bien grande”, comentó entonces Rivera Santiago.
En aquella oportunidad recordó que los empleados públicos no perdieron empleos, por lo que no cualifican para recibir el beneficio.
En cuanto a los cuatro empleados del mujnicipio de Mayagüez, una investigación realizada por la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia (DJ) y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) en apoyo al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) concluyó con la presentación de 16 cargos por apropiación ilegal y cometer fraude contra el PUA.
La investigación se extendió por alrededor de un año.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, explicó que los cuatro empleados planificaron el esquema de forma deliberada y a sabiendas de que estaban cometiendo fraude contra el programa federal.
Para ello, informaron en sus respectivas solicitudes de asistencia por desempleo que perdieron ingresos como producto de sus labores en ocupaciones falsas, alegando que estas eran sus únicas fuentes de ingresos.
No obstante, todos laboraban a tiempo completo como empleados de diferentes programas y divisiones del Municipio de Mayagüez.
En ningún momento su salario en el municipio mermó ni su empleo fue interrumpido.
Según Rodney Ríos, director de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, los imputados se exponen a 15 años de cárcel o multas por 12 cargos al Artículo 182 por apropiación Ilegal agravada y cuatro cargos por el Artículo 202 (b) de fraude del Código Penal.
Este agregó que funcionarios del municipio de Mayagüez colaboraron en el proceso, que permitió la radicación de cargos ante el Tribunal de Primera Instancia de esta ciudad.
De la investigación se desprende que Martell Olivencia alegó en su solicitud que realizaba trabajos demantenimiento y poda de árboles, cuando en realidad laboraba como Trabajador General en la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias.
Su jornada diaria era de seis horas para un total de 30 horas semanales.
En un periodo de cinco meses, Martell Olivencia recibió 14,307 dólares de manera fraudulenta.
Mientras, Marrero Santiago y Matías Rivera solicitaron el beneficio del PUA asegurando laborar en lo que denominaron como «potato farming».
Sin embargo, ambos se desempeñaban, respectivamente, como Trabajador de Construcción y Mantenimiento y como Auxiliar de Mantenimiento y Construcción en el Head Start adscrito al municipio con una jornada a tiempo completo. Como resultado del esquema, Marrero Santiago devengó 12,564 dólares en un término de cinco meses y Matías Rivera obtuvo 12,790 en cuatro meses.
González Rodríguez aseguró en la solicitud haber perdido ingresos como instructora de clases de Zumba, a pesar de trabajar como Oficial de Gerencia Pública en la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias con una jornada de 30 horas semanales. Esta se apropió ilegalmente de 12,147 en un periodo de cuatro meses.INS
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