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Sigfrido Steidel Figueroa./Inter News Service, archivo
San Juan, 4 jun (INS).- La Comisión de lo Jurídico, presidida por el representante Orlando Aponte Rosario, celebró una audiencia pública para atender el proyecto de la Cámara 25, que propone crear un panel voluntario de abogados compensados en procedimientos de naturaleza penal celebrados en el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico, adscrito a la Sociedad para Asistencia Legal (SAL).
Según la exposición de motivos, la medida busca proveer a través de un grupo de abogadas y abogados, de manera voluntaria y compensada, los servicios legales necesarios para brindar la defensa de aquellas personas de escasos recursos económicos que sean llamadas a responder en un proceso criminal.
La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), a través de su director Sigfrido Steidel Figueroa, presentó apoyo a la búsqueda de alternativas viables que “propendan a fortalecer el acceso a la justicia de la ciudadanía”.
Sin embargo, Steidel Figueroa enumeró a través de su escrito múltiples observaciones sobre el esquema concebido para la creación y financiamiento del Panel.
“Observamos que el esquema legislativo propuesto le reconoce a la junta de directores de la SAL una amplia discreción para la determinación de asuntos medulares como la creación, implementación y administración de la Oficina del Panel Voluntario sin el correspondiente establecimiento de guías o parámetros mínimos que dirijan la aprobación de la normas o reglamentación necesaria”, rezó el memorial explicativo de la OAT.
Steidel Figueroa también anotó en su ponencia que la legislación propuesta por los representantes Rafael Hernández Montañez y Carlos Méndez Núñez identifica tres fuentes de subvención para sufragar los gastos de funcionamiento de la Oficina del Panel y para subsidiar el Panel Voluntario.
“Sin embargo, dos de estas fuentes (aranceles y sellos de suspensión) se refieren a recursos que ya están comprometidos para el pago de otras obligaciones, por lo que no se encuentran disponibles”, planteó.
El funcionario de tribunales resaltó “la importancia de que cualquier propuesta legislativa dirigida a garantizar el derecho a la representación legal de las personas indigentes debe atender de manera solvente la asignación de fondos para su subvención”.
Por otro lado, el director ejecutivo de la SAL, Félix Vélez Alejandro y la licenciada Yahaira Colón Rodríguez, directora de la División de Asuntos Especiales y Remedios Postsentencia de la SAL, expresaron apoyo a la medida.
“El proyecto de la Cámara 25 es el vehículo que puede hacer viable esta aspiración de la SAL de que los clientes que no pueda representar tengan representación legal competente a la vez que se compense a los abogados de oficio por sus servicios”, mencionó Vélez Alejandro en su ponencia.
Mientras, Colón Rodríguez comentó que “el que la SAL administre este proyecto no debe causar ninguna preocupación en tanto que pueda existir en algún momento algún tipo de conflicto de interés entre los abogados de oficio y las labores que de ordinario se llevan a cabo en las distintas oficinas de la SAL. Las medidas que se tomarán serán, en virtud de los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la doctrina de la “muralla china”, suficientes como para separar las operaciones de la SAL de los trabajos que mantendrán los abogados adscritos al Panel”.INS
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