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Imagen de archivo del mayor general Adán Cáceres Silvestre cuando le conocieron medidas de coerción./Inter News Service
Santo Domingo, 20 may (INS).- Investigadores de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) realizaron la mañana de este jueves 18 allanamientos en diferentes lugares del país, en la continuación de la jornada conocida como Operación Coral, realizada el 27 de abril, en la que fueron detenidas varias personas, entre estas el mayor general Adán Cáceres, jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina.
De acuerdo con información oficial, las revisiones domiciliarias se produjeron en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, La Vega, Monte Plata y San Francisco de Macorís.
Los fiscales intervinieron varias villas, fincas, apartamentos, locales comerciales, entre otros bienes muebles e inmuebles que forman parte de la estructura que supuestamente lidera el mayor general Adán Cáceres.
La medida tiene el propósito de seguir recolectando evidencias e incautar los bienes que alegadamente fueron utilizados para el lavado de dinero defraudado al Estado Dominicano.
Por este caso, el 10 de mayo, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero Severino, dictó 18 meses de prisión preventiva contra Cáceres Silvestre, la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz y el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Solo Girón Jiménez guarda arresto domiciliario, por su delaciones y colaboraciones ofrecidas al Ministerio Público para desarticular la red.
Según la acusación, el general Adán Cáceres Silvestre dirigió durante varios años el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), en el que se instaló el mecanismo de corrupción que sustraía fondos a través de las nóminas oficiales y que extendió sus garras a entidades como el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
El Ministerio Público afirma que la pastora Rossy Guzmán Sánchez se valió de sus actividades religiosas para desarrollar actividades ilícitas que afectaron al Estado y a los fondos de los contribuyentes.
Al grupo se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
De acuerdo a las investigaciones que realizó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, cuando el expresidente Danilo Medina llegó al poder, en el 2012, Cáceres Silvestre comenzó a crear un entramado militar-policial, social y religioso para distraer fondos para su provecho de las instituciones castrenses. INS
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