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La votación estuvo marcada por la alta abstención y por el hecho de que, debido a la pandemia de Covid-19, se realizó en dos jornadas. ./Inter News Service
Por Andrés Alburquerque F.
Santiago de Chile, 17 may (INS).- En lo que se considera una bofetada a los partidos políticos tradicionales y en especial a los de la derecha conservadora, candidatos independientes o reunidos bajo el alero de las fuerzas de izquierda fueron los grandes ganadores en los comicios de este fin de semana en Chile, en los que se eligió a la convención encargada de redactar la nueva Constitución del país.
La elección fue la más grande efectuada en Chile, pues también se eligieron por primera vez a los gobernadores regionales, y a todos los alcaldes y concejales municipales.
Según datos del Servicio Electoral (Servel), para todos esos cargos se presentaron 15,400 candidatos, el mayor número en la historia.
En el país se habilitaron 2,700 centros de votación con unas 46 mil mesas y 184 mil urnas, y estaban convocados cerca de 14,9 millones de ciudadanos para elegir a los 155 miembros que conformarán un órgano paritario entre hombres y mujeres, que reservó 17 escaños para los pueblos indígenas y que desde el mes próximo redactarán la nueva Constitución.
La votación estuvo marcada, además, por la alta abstención y por el hecho de que, debido a la pandemia de Covid-19, se realizó en dos jornadas.
Del universo elector, solamente votaron 6,184,594 personas, lo que representa alrededor de un 41 por ciento (en el referéndum constitucional de octubre pasado, donde el 80% de la gente optó por cambiar la Constitución, la participación llegó al 50,91%), lo que los especialistas explican por varias razones, entre ellas el coronavirus, con cerca de un centenar de muertos y cinco mil contagiados diarios, y la postergación de los comicios, previstos en principio para abril.
Otros factores que habrían incidido son la dificultad propia de un proceso de cuatro votaciones simultáneas en el que la población no fue suficientemente informada, la crisis económica que la pandemia ha conllevado y que dificultó el traslado en el transporte público (que, contrario a ocasiones anteriores, no fue gratuito), y la escasa adherencia a los partidos políticos, apaleados luego del estallido social de octubre de 2019.
Los resultados arrojaron cifras sorprendentes. Los independientes lograron casi un tercio de los puestos (48 escaños), mientras las dos grandes listas de la oposición (Apruebo Dignidad, con 28 cupos, y Lista del Apruebo, con 25) supera los dos tercios de los 155 escaños de la Convención.
La candidatura de la derecha oficialista, respaldada por el presidente Sebastián Piñera, obtuvo solamente 37 escaños, lejos de los 52 necesarios para influir en el contenido de la Constitución y tener la posibilidad de vetar artículos.
En cuanto a los municipios, la derecha perdió municipios importantes, como Maipú, Estación Central y Viña del Mar. Y el golpe de nocaut se produjo en la comuna de Santiago (centro urbano de la capital), donde por primera vez en la historia se impuso una candidata del Partido Comunista: Irací Hassler derrotó al actual alcalde, Felipe Alessandri, del conservador partido Renovación Nacional.
Anoche, Piñera reconoció la derrota en todos sus resultados y dijo que estos son “un claro y fuerte mensaje al gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales: no estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y los anhelos de la ciudadanía, y estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y nuevos liderazgos. Es nuestro deber escuchar con humildad y atención el mensaje de la gente”.
En ese contexto, será importante que la nueva Constitución incluya las demandas más exigidas desde octubre de 2019: acabar con el sistema neoliberal a ultranza, que ha producido una profunda desigualdad, lo mismo que el fracasado sistema de pensiones, que reparte jubilaciones que en algunos casos apenas superan los 220 dólares mensuales.
También el destino de instituciones como el Tribunal Constitucional, la autonomía del Banco Central y el estado de privatización de bienes esenciales, como el agua y la electricidad.
Todas demandas que deberán plasmarse en la nueva Carta Magna, el último vestigio de la dictadura militar del general Augusto Pinochet, y que tras este verdadero terremoto político, sin el control de los partidos, dominada por la oposición y con una derecha con nula injerencia en la discusión, tendrá vía libre para implantar un modelo que todos esperan sea más justo y equitativo. INS
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