P. Rico-Escenario en el ICF no ha cambiado: sigue dependiendo del DSP, carece de materiales y equipo de laboratorios, tienen una necesidad desmedida de peritos y empleados llevan 13 años sin un aumento

San Juan, 13 may (INS).- La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes lleva a cabo un proceso de audiencias públicas sobre el proyecto de ley que derogaría la Ley 20 de 2017 (“Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico’’), con el fin de devolver la autonomía a los restantes seis negociados bajo la agencia sombrilla.

En una audiencia pública presidida por el representante Ramón Luis Cruz Burgos, para discutir el proyecto de la Cámara 295, el legislador indicó que confirmó que la creación del Departamento de Seguridad Pública (DSP), bajo la Ley 20 de 2017, “provocó un nivel más alto de burocracia y una pérdida en los recursos económicos necesarios para el funcionamiento de los negociados”.

“El problema aquí no es el secretario Alexis Torres, es el DSP, en donde las cosas buenas que se hacían se dañaron y las cosas malas que ya existían, empeoraron. Se aumentó la burocracia provocando que todos los servicios se trastocaran de manera dramática. Yo no creo en esta sombrilla y sí creo en que estas agencias pudieran tener un mejor funcionamiento fuera de ella, y bajo su propia autonomía’’, expresó Cruz Brugos. 

La Ley 20 de 2017 fue aprobada con el propósito de reducir los gastos administrativos y lograr una respuesta operacional ágil al unir bajo una sola agencia la Policía de Puerto Rico (NPPR), el Cuerpo de Bomberos, el Cuerpo de Emergencias Médicas; la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; el Sistema de Emergencias 9-1-1, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). 

No obstante, a finales de año, el Instituto de Ciencias Forenses salió de la sombrilla.

Sobre la situación del ICF, Carlos Vélez Miranda, exdirector del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), aseguró que la agencia debe ser separada del DSP con “carácter de urgencia” para que pueda retomar su sistema con autonomía fiscal y administrativa, de forma que no se desmantelen los servicios. 

Vélez Miranda solicitó la separación de esta dependencia para que el Instituto sea un ente independiente que pueda brindar servicios de forma “ágil y certera’’. 

El también investigador forense por 18 años aclaró que a pesar de que el ICF salió de la sombrilla del DSP, la agencia aún tiene aguantado el presupuesto del Instituto para el año 2021, los empleados del ICF cobran por la nómina del DSP en colecturía virtual “y para realizar sus servicios necesitan la autorización del Departamento, siendo escasos los permisos otorgados, lo que limita las operaciones autónomas fiscales”. 

Además, el exfuncionario del ICF peticionó que se cree un mecanismo que allegue fondos a la agencia para revisar la escala salarial periódicamente y así evitar el éxodo de peritos por los sueldos no competentes, y otorgar a la agencia la autoridad para revertir los cambios en los requerimientos de las plazas para poder realizar los análisis científicos. 

Del mismo modo, afirmó que actualmente el ICF carece de materiales y equipo de laboratorios, ya que los compradores del Instituto se encuentran en la Agencia de Servicios Generales (ASG), tienen una necesidad desmedida de peritos, no se realizan evaluaciones al personal de ICF y los empleados llevan un periodo de 13 años sin recibir un aumento.INS

lp