Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 29 abr (INS).- La Constitución de Puerto Rico y Estados Unidos garantiza la libertad de movimiento de todos los ciudadanos.
A todas las personas en Puerto Rico, excepto aquellas cuya libertad dew movimiento no está expresamente restringida como consecuencia de la comisión de algún delito grave, se les garantiza constitucionalmente la libertad de viajar dentro de su propio país y escoger dónde vivir.
El plan fiscal de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pone económicamente ̶ en términos prácticos ̶ limitaciones a los ciudadanos de limitados recursos económicos al ejercicio de ese derecho constitucional.
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) proyecta certificar el 28 de mayo, dispone incrementos anuales a los peajes automovilísticos principales por los próximos 28 años.
La propuesta del alza en la tarifa de los peajes entraría en vigor en enero de 2022.
Aunque el impacto proyectado al bolsillo de los conductores para el primer año será leve, el costo de los peajes continuará aumentando paulatinamente durante un periodo de 28 años, según lo establecido en el plan fiscal vigente.
Este aumento contemplado en el plan fiscal constituirá a largo plazo, no únicamente un golpetazo a las finanzas personales de muchos ciudadanos, sino que pone económicamente una cortapisa a la movilidad de las personas con menos recursos pecuniarios que se les haría mucho más difícil financiar el tránsito por importantes vías de rodaje vehicular.
El plan de aumentos implicará que en un periodo de 28 años un viaje de ida y vuelta a Ponce por la PR-52 puede incrementar de $6.60 a $24.60, para un vehículo de dos ejes y cuatro gomas.
Así, por ejemplo, el peaje de Caguas Norte, que actualmente cuesta $1.50, aumentará paulatinamente a $2.70 en diez años y a $5.15 en 28 años.
La JSF, el ente que controla las finanzas del país, acordó preliminarmente un plan de reorganización de deuda con las aseguradoras de bonos, y es por eso el plan del alza en los peajes considerado por la ACT. Este acuerdo considera el ingreso de los peajes como gravamen para los acreedores.
El gobierno de Pedro Pierluisi envió un borrador de plan fiscal que contiene aumentos a los peajes a partir de enero de 2022.
Aunque el contenido del borrador no ha sido revelado, el plan fiscal vigente ̶ que será reemplazado por el que se certifique en mayo ̶ contempla un aumento de 8.5% anual desde julio del año en curso hasta junio de 2024.
Posteriormente al 2024, el incremento sería de 3.1% anual hasta el 2049. La JSF se ha mantenido firme en que se debe incrementar el derecho de tránsito a partir de julio de este año, lo que constituye una discrepancia con el primer ejecutivo en torno a la fecha de inicio. INS
rsm/
Inter News Service Agencia de Noticias