R. Dominicana-Procuraduría asegura que general del Ejército arrestado por corrupción acumuló más de 52.7 millones de dólares durante el gobierno de Medina

Santo Domingo, 27 abr (INS).- Al mayor general del Ejército Adams Cáceres Silvestre, arrestado el sábado junto a una pastora evangélica y otras personas acusados de promover un entramado de actos de corrupción, se le atribuye acumular bienes, mediante métodos fraudulentos, por valor de 3,000 millones de pesos dominicanos (equivalentes 52.7 millones de dólares) durante los ocho años que fungió como jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares del gobierno del presidente Danilo Medina.

Según las investigaciones de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el oficial ocultaba los bienes producto del enriquecimiento injustificado o ilícito, además de que falseó sus declaraciones juradas de bienes.

Las operaciones ilícitas de Adams Cáceres Silvestre fueron iniciadas por los fiscales tras un reportaje realizado por la periodista Nuria Piera, que dejó al descubierto la fortuna que había acumulado el oficial militar, quien es uno de los hombres de confianza del ex presidente de la República.

De acuerdo al material periodístico, Cáceres Silvestre se convirtió en un próspero empresario al tiempo que se desempeñaba como jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia de la República. Se le atribuye ser el dueño de nueve solares en el municipio Santo Domingo Oeste, valorados en más de RD$40 millones (706,148 dólares).

Las pesquisas arrojaron que la pastora Rossy Guzmán Sánchez, también implicada en este caso, utilizaba empresas y personas de su círculo cercano, como su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza y el teniente coronel Raúl Alejandro Girón Jiménez para ocultar los bienes e inmuebles que el oficial no podía justificar, fungiendo, entonces, como testaferros.

Al grupo apresado en la “Operación Coral” se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

Ayer, la Pepca dijo que ocupó bienes millonarios a Cáceres Silvestre y la pastora Guzmán Sánchez, así como a los demás apresados.

Al menos 10 empresas propiedad del uniformado, pero administradas por la pastora Rossy Guzmán Sánchez, fueron intervenidas por el Ministerio Público.

Las empresas son Único Real State Inversiones SRL, Asociación Campesina Madre Tierra, Hacienda Kelman SRL, Inverosa SA, CSNA Universo Empresarial SRL, Raffis Drink Club SRL, RMG Rapifarma SRL, Rummy Restaurant & Lounge SA, Aldom Glass Alumimiun Srl y Randa Internacional Company EIRL.

Los acusados están detenidos en el Centro de Atención y Privación de Libertad Ciudad Nueva, Distrito Nacional, que está bajo custodia del Modelo de Gestión Penitenciaria.

Como parte de la “Operación Coral”, el Ministerio Público realizó el sábado un total de 27 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Samaná.

La Pepca dijo que la predicadora Rossy Guzmán reflejó un aumento exorbitante e injustificado en su patrimonio a través de la administración de bienes muebles e inmuebles que realmente pertenecen al anteriormente nombrado Adán Cáceres, 

En ese sentido, argumentó que todas las compañías eran administradas por la religiosa a través de Unico Real State e Inversiones SRL, donde también aparece el nombre de su hijo, Tanner Antonio Flete Guzmán, quien es accionista de esta entidad privada.

En el caso de los otros imputados, el documento señala que “la Pastora utiliza empresas y personas de su círculo cercano como Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón y Eric Daniel Pereyra Núñez para ocultar los bienes muebles e inmuebles que el mayor general del Ejército, Adán Benoni Cáceres Silvestre, no puede justificar, fungiendo como testaferros y prestanombres de este”.

Además de las compañías previamente mencionadas, también se hace mención del Shalom Tierra de Paz, una ONG perteneciente a la pastora, donde se hacían actividades de índole social y caritativas, más allá de no reportar ingresos.

La fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, entregó ayer en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional el documento pidiendo que se le imponga al grupo un año de prisión preventiva, además, solicita que el caso se declare complejo.

«No dudamos que, en el transcurso de las investigaciones, que ahora es que comienza, pues estén más personas implicadas y se irán sometiendo según vayamos encontrando elementos», precisó. INS

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