P. Rico-Torres Nieves adelanta que, de ser confirmado en Contraloría, y hallar ilegalidades o “intención criminal” en posible auditoría a emisión de deuda del gobierno, referirá caso a agencias estatales y federales

Manuel Torres Nieves./Twitter

San Juan, 19 abr (INS).- Manuel Torres Nieves dijo hoy, ante la Comisión de Nombramientos del Senado que, de ser confirmado en para asumir a la cabeza de la Contraloría de Puerto Rico, y hallar ilegalidades o “intención criminal” en la auditoría a la emisión de la deuda del gobierno que podría realizar esa agencia, referirá el caso a las agencias estatales y federales correspondientes.

Torres Nieves indicó que entre sus prioridades de ser confirmado como Contralor de Puerto Rico estará “realizar una evaluación y diagnóstico de la organización, antes de tomar cualquier decisión. Me enfocaré de manera particular en la evaluación de las áreas de tecnología, educación continua y transparencia para la ciudadanía, de la misma manera que lo hice en la Oficina del Contralor Electoral”.

También anticipó que medirá la productividad de la Oficina “no en función de cuántos informes se publican y cuántos señalamientos contienen, sino que esos informes sirvan para procesar el fraude, ejecutar medidas correctivas, promover el buen uso de fondos y ofrecer una administración pública honesta y transparente”.

Igualmente, consideró que “antes de publicar cada informe, me reuniré en la misma mesa con toda la cadena que realizó esa auditoría, los auditores y sus supervisores, los directores de la división que preparó el informe y el subcontralor, de manera que cada uno pueda exponer su versión sobre los hallazgos que están por publicarse y los que puedan haberse quedado en esa cadena que corre desde el auditor que realiza la intervención inicial hasta el Contralor que evalúa, firma y pública el informe. En este sentido, apoyamos la aprobación del Proyecto de la Cámara 290, presentado por el representante Ramón Luis Cruz Burgos, que tiene el propósito de hacer obligatoria la celebración de una conferencia de salida o “exit conference” sobre el borrador de los hallazgos de las auditorías que realiza la oficina”.

Asimismo, el funcionario opinó que “es importante que la Oficina del Contralor emita informes, no de agencias específicas que es algo que tenemos la obligación de hacer en cada unidad auditada, sino de hallazgos recurrentes que se han detectado en diversas agencias. Además, voy a asegurarme que la Oficina publique regularmente en la página web, informes estadísticos sobre las intervenciones que realiza para que, con esa información, podamos ayudar a los jefes de dichas agencias en su toma de decisiones sobre posibles reformas a los procedimientos de sus estructuras administrativas”.

Para el abogado, “será prioridad que los ciudadanos tengan acceso al texto de los contratos que se radican en la oficina de manera inmediata, así como a todos los registros públicos que administra la oficina. También estaré evaluando la educación continua que reciben tanto los auditores como los demás empleados, tal como hice durante mi incumbencia como Contralor Electoral y como secretario del Senado. Pondré especial énfasis en seminarios o cursos sobre esquemas de fraude, controles internos para disuadir el fraude y otros asuntos de auditorías de cumplimiento”.

El profesional señaló que apoya el proyecto presentado por el presidente del Senado, José Luis Dalmau, para prohibir a los jefes de agencias participen en actividades políticas y recauden fondos de campaña, así como las propuestas del gobernador Pedro R. Pierluisi y las delegaciones del PNP para crear el Portal Informativo Ciudadano (PIC) y la reformulación del proceso de contratación pública y transformar la Oficina de Administración y Transformación de Recursos humanos (OARTH) en la Oficina de Administración Personal (OAP) utilizando el modelo federal del Office of Personnel Management para centralizar el reclutamiento de todo el personal del gobierno a base del principio del mérito.

Sobre la auditoría de la deuda del gobierno, objetivo enunciado a través del proyecto del Senado 159, presentado por las senadoras María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Ana Irma Rivera Lassen, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), y el senador Rafael Bernabe (MVC), así como el senador independiente José Vargas Vidot, dijo que “aunque la medida dispone la creación de una comisión especial, entendemos que esa función es una inherente a las funciones establecidas por disposición constitucional a la Oficina del Contralor, por lo que expresamos nuestra disposición de dialogar con los autores para lograr un entendimiento que integre diversos sectores que puedan ayudar y cumplir con los objetivos de dicha medida”.

“De aprobarse la resolución conjunta radicada en ambas Cámaras por el gobernador para que la Oficina del Contralor sea la encargada de realizar la auditoría de la deuda o se logre un lenguaje de consenso sobre el proyecto del Senado 159, la oficina cumplirá con la política pública que establezca esta Asamblea Legislativa y el Ejecutivo”, sostuvo.

Expuso que, “de aprobarse, el primer paso será crear el grupo de trabajo especializado; luego, revisaremos los informes que ha emitido la Oficina del Contralor sobre las operaciones de las agencias y corporaciones públicas con autoridad de emitir deuda y los proyectos que se llevaron a cabo con esos recursos. Además, procederemos a discutir junto a todos los sectores y los expertos en este tipo de evaluación las alternativas para encaminar exitosamente la misma. Asimismo, revisaremos los hallazgos de la auditoría de la deuda encomendada por la Junta de Supervisión Fiscal a la firma Kobre & Kim LLC en septiembre de 2017. Dicha firma presentó un informe de más de 600 páginas con sus hallazgos los cuales serán revisados con detenimiento”.

Detalló que “el informe revisa la deuda del Estado Libre Asociado, los servicios públicos de Puerto Rico, el Banco Gubernamental de Fomento, COFINA y el Sistema de Retiro. También profundiza con detenimiento las prácticas de emisión y venta de deuda, y cómo la deuda está vinculada a los pasados déficits presupuestarios recurrentes de Puerto Rico”.

“Según se ha informado, para este documento, la firma Kobre & Kim contactó a 90 entidades, revisó aproximadamente 260 mil documentos que consisten en casi tres millones de páginas, y entrevistó a 120 testigos, incluyendo exfuncionarios del gobierno, aseguradoras, agencias de calificación, así como profesionales y asesores externos”, consignó.

A su vez, aseguró que, “de encontrar alguna irregularidad con relación a las emisiones de bonos o transacciones, estaremos presentando mediante un informe los hallazgos pertinentes con sus recomendaciones. Además, de encontrar que los procesos de emisión de deuda se llevaron en contra de la ley y con intención criminal, estaremos refiriendo el informe a las agencias estatales y federales correspondientes”.INS

lp

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