R. Dominicana-Piden sancionar a los funcionarios del gobierno responsables de contratación irregular de 54 artistas por un monto de casi un millón de dólares

Santo Domingo, 12 abr (INS).- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) sugirió identificar y sancionar a los funcionarios del gobierno responsables de ejecutar la contratación de 54 artistas nacionales por vía del Gabinete de Políticas Sociales para conciertos a futuro durante las fiestas navideñas del 2020.

Contrataciones Públicas presentó este lunes los resultados de la investigación de oficio realizada en torno a los contratos de prestación de servicios de artistas por parte del Gabinete de Coordinación de la Política Social por un monto de 55.6 millones de pesos (994,028 dólares).

Esa medida generó la protesta de miles de personas que quedaron sin empleo debido a crisis sanitaria y que pidieron recibir el mismo trato de parte de las autoridades gubernamentales.

Entre las irregularidades evidenciadas, el órgano rector señala que las contrataciones se hicieron sin utilizar el Portal Transaccional, y por ende no se publicó ninguna información relativa al procedimiento ejecutado, en violación al artículo 138 de la Constitución Dominicana.

Asegura que también se violentaron los principios de economía y flexibilidad, de igualdad y libre competencia y participación, así como el numeral 5 del artículo 3 de la Ley 340-06, que consagra el principio de equidad.

De igual forma, destaca que se violentó el artículo 108 del Reglamento de Aplicación, al efectuar la entrega total de los montos adjudicados en un pago único e inmediato sin haberse prestado los servicios contratados, cuando la norma solo permite entregar como avance máximo el 20% del monto del acordado.

La solicitud de la Dirección General de Contrataciones Públicas se fundamenta en que no se cumplió con el debido proceso administrativo, en violación a varios principios de la Ley 340-06, que regula ese organismo estatal.

Luego de consensuarse el acuerdo, Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas, recomendó a Francisco Antonio Peña Guaba, titular del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, rescindir los contratos y detener la suscripción de otros nuevos, así como la entrega de fondos por dicho concepto, al considerar que las adjudicaciones fueron pagadas, basándose en incumplimientos a las normas de contratación pública.

El Gabinete de Políticas Sociales fue creado bajo los decretos 28-01, 1082-04 y 1251-04, como una instancia de articulación de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas incluidos en el Sistema de Protección Social de República Dominicana, basado en tres ejes principales: programas de transferencias condicionadas, programas de inclusión económica y programas de desarrollo humano y social.

Peña Guaba, quien recibió numerosas críticas por este caso, fue nombrado en esa posición por el presidente Luis Abiader, el 5 de octubre del 2020.

Las pretensiones de la entidad era pagar la suma de 100 millones de pesos (1,756,234 dólares) por el reclutamiento de las orquestas merengueras, salseras, cantantes bachateros y de música urbana, una iniciativa que buscaba compensar en términos económicos a esa clase profesional afectada por la crisis sanitaria causada por la pandemia Covid-19.

En un documento servido a los medios, se resaltan los incumplimientos que han sido comprobados dan lugar a que proceda la aplicación de sanciones administrativas a los funcionarios involucrados en estos incumplimientos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones. 

Este artículo establece: “Todo funcionario público que participe en los procesos de compra o contratación será responsable por los daños que por negligencia o dolo causare al patrimonio público, y será pasible de las sanciones contempladas en la presente ley y su reglamento”.

 “En atención a que el Gabinete (de Políticas Sociales) en su escrito de defensa informó que iniciaría el procedimiento de declaración de lesividad sobre las adjudicaciones realizadas, para su posterior revocación y rescisión de contratos ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), la DGCP solicitó a su titular que informe el estatus de dicho proceso contencioso-administrativo, al tratarse de un trámite realizado en el marco de una contratación pública regulada por la Ley 340-06”, señala el escrito.

Entre las sanciones que pudieran corresponder, conforme al debido proceso y de acuerdo a las disposiciones establecidas en la referida Ley, la Compras y Contrataciones Públicas, cita la amonestación escrita; la suspensión sin goce de salario hasta por 6 meses; despido sin responsabilidad patronal o sometimiento a la justicia. INS 

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